Introducción
| Autor | Pablo Emilio Angarita Cañas |
| Cargo del Autor | Doctor en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (España), magíster en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos y abogado de la Universidad de Antioquia |
| Páginas | 33-54 |
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INTRODUCCIÓN
investiGaCión, hipótesis y resultados
El presente texto expone los resultados de la investigación acerca de la política
de Seguridad democrática aplicada en Colombia durante las dos administraciones
del presidente Álvaro Uribe Vélez, enmarcada en el contexto internacional. Las
preguntas que guiaron la investigación inicialmente estaban referidas a auscultar
el impacto directo de esta política en la protección de los derechos humanos
de los colombianos y las colombianas,1 para evaluar hasta qué punto con ella
se garantizó u obstaculizó el ejercicio de los derechos.
La respuesta a este interrogante central hizo necesario formular las siguien-
tes preguntas de apoyo: ¿Por qué se afirma que la inseguridad es el problema
prioritario en Colombia y cómo logró imponerse esta idea? ¿Es la seguridad
un derecho humano fundamental, como lo afirma el Gobierno colombiano?
¿La Seguridad democrática está dirigida a garantizar la protección de todos los
colombianos o solo de un sector de estos, y si fuese así, de cuál sector se trata?
¿Qué ha permitido que la Seguridad democrática encuentre respaldo en amplias
capas de la población, incluso entre sectores más oprimidos? Ligado a estas
preguntas iniciales surgió el interrogante: ¿Esta política de seguridad implica
continuidad o ruptura respecto de las estrategias de control empleadas por las
clases dominantes en Colombia? El corolario de la indagación nos condujo del
análisis crítico a formulaciones propositivas, que implicó responder la siguiente
1 Por razones de fluidez en el texto, en adelante no usamos expresiones diferenciadoras de
género y, en su lugar, hasta donde fuere posible, tratamos de emplear vocablos inclusivos de
ambos sexos.
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Pablo Emilio Angarita Cañas
pregunta: en el marco de la actual formación socioeconómica y política colom-
biana ¿es posible aplicar una política de seguridad, protectora de los derechos
humanos y que realice la democracia radical?
El estudio de los diferentes paradigmas políticos nos dio mayor solidez
teórica para comprender que la seguridad, más que un valor per sé, responde a
relaciones de poder, a intereses políticos y a contextos socioeconómicos espe-
cíficos. Al indagar sobre el impacto de la política de Seguridad democrática en
los derechos humanos, encontramos abundante literatura donde se registran
múltiples hechos que evidencian graves violaciones de estos como resultado
de la aplicación de esta política, lo que a su vez ha generado la crítica de orga-
nismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Las innumerables
denuncias ante las reiteradas violaciones de los derechos humanos se fueron
acumulando en procesos judiciales, en investigaciones de organismos interes-
tatales de protección de los derechos humanos, y en revelaciones publicadas
en medios masivos de comunicación.2
Al analizar los hechos se develaron conexiones entre agentes del Estado
(fuerzas militares, poder judicial, parlamentarios y líderes políticos), organiza-
ciones criminales y grupos económicos privados, en las que sobresalen rasgos
comunes en cuanto a los propósitos de la acción, el modus operandi y el perfil de
las víctimas, lo que fue consolidando la hipótesis de que no se trataba de casos
aislados, de simples “efectos colaterales” de la política o errores de unidades
desarticuladas, sino de fenómenos constitutivos de la esencia de prácticas del
régimen político imperante.
La acumulación de denuncias por violaciones de los derechos humanos se-
ñalaba el carácter autoritario del régimen que impulsó la política de Seguridad
democrática. De este modo, las prácticas gubernamentales conmocionaron la
opinión pública nacional en un acelerado proceso de polarización en dos ban-
dos que parecían irreconciliables —uribistas y antiuribistas—, cuyo debate
se centraba en señalar las virtudes o los defectos de las políticas de seguridad
implementadas por el Gobierno. Sectores más optimistas, con las supuestas
bondades producidas por la Seguridad democrática, señalaban la importancia
de incorporarla como política de Estado, más allá de los gobiernos de turno;
mientras que la mayoría de los críticos resaltaban los graves daños producidos
por su aplicación, sin dejar de reconocerle éxitos en el combate a la insurgencia.3
2 La Revista Semana publica periódicamente hechos de violaciones de los derechos humanos
y tiene una página web llamada verdadabierta.com. Asimismo, casi todas las organizaciones
colombianas de derechos humanos en sus respectivos informes y páginas web publican de-
nuncias sobre estos hechos.
3 La Seguridad Democrática ha contado con muy pocos críticos, incluso entre los opositores al
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