Investigación de la masacre
| Autor | John Lindsay-Poland |
| Páginas | 257-278 |
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Investigación de la masacre
Han pasado ocho o nueve años de persecución y abusos.
Esto es rabia dirigida a nosotros, incluso por el Estado.
Todo porque no queremos dejar entrar a nadie que lleve
armas, todos solo quieren usarnos.
–Miembro de la Comunidad de Paz de San José, febrero de 2005*
La denuncia pública hecha por la Comunidad de Paz sobre la participación
del ejército en la masacre de febrero de 2005, junto con las acciones de inci-
dencia por parte de las organizaciones colombianas de derechos humanos, de
los grupos internacionales de acompañamiento, así como las comunicaciones
diplomáticas que se realizaron, crearon múltiples puntos de presión enca-
minados a lograr llevar a los responsables ante la justicia. La profundidad y
persistencia de esas presiones, que vinieron tanto de arriba como de abajo,
además de los precarios resultados judiciales en el caso, ofrecen una medida
importante de lo difícil que es lograr justicia cuando la s poderosas institucio-
nes militares perpetúa n la impunidad para sus miembros y líderes. A medida
que se desarrollaba la investigación judicial durante 2005 y 2006, oficiales
del ejército y sus partidarios desviaron la atención, engañaron, culparon a las
víctimas y se protegieron mutuamente. Estados Unidos por su parte, tuvo
respuestas contradictorias a estas evasiones de la justicia.
En abril de 2005, el equipo de la Fiscalía General encargado de la inves-
tigación de la masacre de San José regresó a La Resbalosa para recolectar
evidencia y determinó que Sandra Tuberquia, madre de los dos niños pequeños,
había sido asesinada en su cocina por una detonación poderosa, posiblemente
un mortero. Los investigadores de la Fiscalía también entrevistaron a dos
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* Miembro de la comunidad c itado en Abad Colorado, “Cuatro días e n búsqueda”.
Plan Col ombia. Atrocidades, a liados de Estados Uni dos y activismo comuni tario
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oficiales y obtuvieron copias de las órdenes para realizar operativos en la
sede de la Decimoséptima Brigada.1
En septiembre de 2005, los investigadores examinaron el documental
sobre la masacre, producido en abril por Hollman Morris, para identificar a
los testigos que habían sido entrevistados.2 Casi al mismo tiempo, Guillermo
Mateus, de la Procuraduría General, se unió al equipo que investigaba la
masacre y quien desempeñaría un papel clave en el descubrimiento de la res-
ponsabilidad por los hechos.
El 15 de septiembre, Faustino Martínez Córdoba, alias “Ferney”, murió
en combate en el asentamiento de Mulatos en San José. Según los reportes
existentes, Ferney era el jefe de personal del Frente 58 de las farc, que
operaba en la serranía de Abibe, incluyendo a San José. El ejército recuperó
una computadora portátil con el cuerpo de Ferney, que fue entregada a
investigadores militares y el 21 de septiembre, especialistas forenses civiles
en Bogotá abrieron la cadena de custodia de la computadora. En sus archivos
había perfiles de presuntos combatientes de tiempo completo y milicianos de
tiempo parcial del Frente 58 de las farc. L a lista de milicianos incluía tanto a
Darío Tuberquia (“El Gurre”), que cami naba con la familia de Luis Eduardo
Guerra cuando fueron atacados y fue el principal testigo de la masacre y a
Alejandro Pérez, quien murió en la casa de Bolívar. Aunque los militares
tuvieron la computadora durante varios días antes de que comenzara la cadena
de custodia, invalidándola como evidencia judicial, los investigadores de la
Fiscalía pronto citarían esta información, lo que socavaba la credibilidad de
la Comunidad de Paz y su versión de los hechos.3
A fines de noviembre, los investigadores judiciales interrogaron al
coronel Néstor Iván Duque, comandante de la operación militar cuando
ocurrió la masacre. Les dijo que se enteró de la masacre a través de una
llamada telefónica de Carlos Franco, el director de derechos humanos en
la presidencia, dos días después de la masacre, la noche del 23 de febrero.
1 Depar tamento de Estado de ee. uu., “Determination a nd Certifica tion Related to Co-
lombian Armed Force s under Section 563 of the Foreign Operations A ppropriations Acts 2004
and 2005”. 3 de agosto de 2005, 20.
2 Fisca lía General, Radic ado 2138, Cuaderno 6, 74-85.
3 Gi raldo Moreno, Fusil o toga, 294-95 ; Néstor Iván Duque López, entre vista con el autor.
Bogotá, 16 de septiembre de 2014, Bogotá; C asas Puentes, Nelson Herna ndo. Carta, 1 de agosto
de 2006, en pose sión del autor.
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