IV. Principios y otros aspectos del trámite legislativo

Democracia deliberativa. La democracia puede ser entendida de distintas maneras. Jurídicamente puede ser concebida simultáneamente como un valor, un principio y una regla de acción. Como valor dota de sentido y de fin a las instituciones creadas por la Constitución; como principio, condiciona el margen de acción de las autoridades públicas y como regla, se traduce en comportamientos concretos, derechos y obligaciones exigibles.

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En este orden de ideas, el Congreso de la República encarna el valor de la democracia en tanto que sus integrantes son elegidos por el voto popular. En el ejercicio de sus funciones, los congresistas deben procurar que las decisiones que adopte la mayoría se vean enriquecidas con la discusión honesta y transparente de las propuestas con todos los sectores. La figura del debate realiza y encarna el principio democrático, de tal manera que la fuerza normativa de las leyes no se sustenta exclusivamente en el respeto de las formas, sino en la legitimidad proveniente de la deliberación de la comunidad representada en el Congreso. El presupuesto mínimo de esta legitimidad es el respeto a las reglas del trámite que garantizan la discusión de las iniciativas como fundamento de la autoridad de la ley de la República.

En consonancia con esta idea, la legitimidad del trámite legislativo está dada por el respeto a la democracia en su triple connotación de valor, principio y regla que lo definen y le dan forma.

Democracia reglada. La Corte Constitucional, citando a C. Nino (1996), define que el procedimiento legislativo es producto de reglas diseñadas para maximizar el valor de la democracia como método para alcanzar decisiones colectivas en contextos de desacuerdo. En este sentido, las reglas que rigen el proceso legislativo deben velar por:

1. Garantizar la libertad de expresión en la discusión de los proyectos.

2. Promover la participación y discusión de las propuestas entre los potencialmente afectados.

3. Fomentar propuestas fundadas en principios y no en meros intereses.

4. No favorecer el trámite de iniciativas en las que las mayorías no permitan, efectivamente, un debate.

5. Permitir que la decisión legislativa adoptada pueda ser modificada si se alcanza un nuevo consenso.

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   Definición VALORES, PRINCIPIOS Y REGLAS: La distinción entre valores, principios y reglas ocupa un lugar importante en la teoría del Derecho contemporánea. Aclarando que una caracterización definitiva de los mismos no resulta posible en tan breve espacio y que su diferenciación no es tan simple como a veces quiere hacerse parecer, se presenta a continuación una aproximación a los mismos. Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad del ordenamiento jurídico. Los valores en sí mismos gozan de valor jurídico y deben ser desarrollados por el legislador. No obstante, los jueces suelen acudir a los valores que inspiran el ordenamiento jurídico para interpretarlos, dotarlos de sentido y extraer de ellos principios o reglas de acción que permiten la solución de casos concretos (i.e. el orden justo). Aunque contienen prescripciones jurídicas generales, los principios suelen ser menos abstractos. La labor de concreción de los mismos es un poco más reducida. El contenido de los principios suele ser menos inequívoco que el de los valores, pero no existe una diferencia sustancial entre valores y principios. La distinción, si se quiere, es más de grado que de contenido. Esto hace que los principios se apliquen directamente, con mayor frecuencia y con menor carga argumentativa que los valores. De ellos suelen inferirse directamente deberes de conducta o ámbitos de inmunidad personal o institucional (i.e. bicameralismo). Las reglas, en cambio, son proposiciones jurídicas que definen con un mayor grado de claridad las obligaciones, prohibiciones y facultades de las autoridades y ciudadanos (i.e. entre el primero y segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho (8) días). Así, existe relativo consenso en que detrás de una regla subyace al menos un principio y en que detrás de un principio siempre hay uno o más valores. Hay conceptos que conjugan las tres características, lo cual significa que pueden ser vistos simultáneamente como valor, principio o regla, y la democracia es uno de ellos. Como valor, constituye el fundamento del ordenamiento jurídico colombiano; como principio, supone deberes genéricos de conducta (i.e. respeto a las minorías) y como regla, establece disposiciones concretas (i.e. mayorias). Una presentación general sobre el tema de valores, principios y reglas puede observarse en la Sentencia T-406-92.

   
   

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   La importancia de esta reflexión radica en que ante los vacíos, ambigüedades o contradicciones que tiene el Reglamento del Congreso, en virtud del principio democrático, la interpretación predominante debe ser aquella que lo promueva, sin limitarse única y exclusivamente a la regla de las mayorías.

   Principio mayoritario. La regla mayoritaria significa que la forma adecuada para tomar una decisión es la que tiene en cuenta el mayor número de participantes que estén de acuerdo. Para la Corte Constitucional, el fundamento democrático del principio mayoritario está dado por el principio de igualdad en dos aspectos:

1. El no establecimiento de cláusulas discriminatorias en el proceso de toma de decisiones y

2. La asignación del mismo valor a las decisiones de los integrantes.

   Sin embargo, la Constitución establece cláusulas en las que se busca conciliar el principio mayoritario con la protección a minorías en la toma de decisiones de especial trascendencia: exige mayorías cualificadas.

   
   

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