El juicio al estatuto de seguridad de 1978 o uno de los 'peores casos' en la historia de la corte suprema de justicia
| Autor | Mario Alberto Cajas Sarria |
| Páginas | 263-301 |
CAPÍTULO X
EL JUICIO AL ESTATUTO DE SEGURIDAD DE 1978
O UNO DE LOS “PEORES CASOS” EN LA HISTORIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA*
MARIO ALBERTO CAJAS SARRIA**
Resumen. El 7 de agosto de 1978 inició su período presidencial Julio
que emprendería una gran cruzada contra la “inmoralidad” y la “inse-
guridad”. La punta de lanza de la política para restablecer el orden y
“salvar” las instituciones sería el Estatuto de Seguridad (Decr. legisl.
1923 de 1978), bajo el cual la autoridad civil cedía un enorme poder
a los cuerpos de seguridad del Estado.
Durante la vigencia del Estatuto ocurrirían graves violaciones a los de-
rechos humanos, que se atribuyeron a la fuerza pública. A menos de dos
meses de haber sido expedido el Decreto 1923, en la sentencia del 30
de octubre de 1978 la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucio-
nalidad de casi la totalidad de sus medidas. El fallo supuso el aval para
que los organismos de seguridad del Estado desplegaran actuaciones
* Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.97
Este texto revisa aspectos que aparecen en el libro: La historia de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia, 1886- 1991, t. II, Bogotá, Universidad de los Andes y Universidad
Icesi, 2015. Forma parte de una agenda de investigación sobre la historia de la justicia
constitucional colombiana en una perspectiva política, que desarrolla el autor dentro
del Grupo de investigación Precedente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Icesi.
** Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Uni-
versidad Nacional de Colombia y abogado de la Universidad del Cauca. Ha sido Visiting
Scholar en Harvard Law School. En la actualidad dirige el Departamento de Estudios
Jurídicos de la Universidad Icesi en Cali, en donde también es Profesor Asociado. Es
autor de los libros: La historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886-1991,
ts. I y II. Colección Historia y Materiales del Derecho, Universidad de los Andes (primera
impresión 2015 y reimpresión 2016), y El control judicial a la reforma constitucional en
Colombia, 1910-2007. Cali, Universidad Icesi, 2008; así como de artículos en revistas
académicas en España, México y Colombia. Sus intereses de investigación giran en torno
al Derecho Constitucional, la Historia del Derecho y el Derecho Comparado.
GACETA JUDICIAL: 130 AÑOS DE HISTORIA JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA
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en nombre de la defensa del orden público, y bajo el argumento de
garantizar la estabilidad de las instituciones, lo que a la postre terminó
en un detrimento de los derechos y garantías de las personas.
Este capítulo se ocupa del juicio de constitucionalidad al Estatuto de
Seguridad de 1978, que podría caracterizarse como uno de los “peores
casos” en la historia de la Corte Suprema de Justicia bajo la Constitu-
ción de 1886. Si bien la responsabilidad de la violación de los derechos
humanos se atribuyó a los excesos de la fuerza pública, años después
la mirada apuntaría hacia el débil control constitucional que ejerció la
Corte al estado de sitio. En buena medida, el fallo se convirtió en el
emblema de una rama judicial arrodillada frente al poder presidencial
y a la fuerza pública.
Este trabajo busca hacer memoria de la sentencia de 30 de octubre de
1978 de la Corte Suprema de Justicia y situarla de manera ampliada en
su contexto político. La primera parte ofrece un panorama general de
los antecedentes y el contexto del Estatuto de Seguridad. La segunda
se ocupa de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró
constitucional el Estatuto de Seguridad. El tercer apartado aborda las
principales reacciones y consecuencias del fallo. Después se presentan
Palabras clave: Estatuto de Seguridad, Corte Suprema de Justicia,
estado de sitio, control constitucional, derechos humanos, historia
constitucional.
1. INTRODUCCIÓN
El 7 de agosto de 1978 inició el período constitucional del presidente
Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien a nombre del Partido
Liberal había triunfado en las elecciones de marzo del mismo año tras
derrotar al candidato conservador Belisario Betancur Cuartas. Desde
cruzada contra la “inmoralidad” y la “inseguridad” que amenazaban
con destruir a Colombia1. La punta de lanza de la política para resta-
blecer el orden y “salvar” las instituciones sería el tristemente célebre
Estatuto de Seguridad; es decir, el Decreto legislativo 1923 de 1978
(“por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y
bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados”),
1 DANIEL PÉCAUT, Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Colección Vitral,
Bogotá, Norma, 2006, pág. 271.
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EL JUICIO AL ESTATUTO DE SEGURID AD DE 1978, ETC.
bajo el cual la autoridad civil cedía un enorme poder a los cuerpos de
seguridad del Estado2.
El Estatuto de Seguridad de Turbay fue expedido en el marco del
estado de sitio declarado por su antecesor, el presidente Alfonso Ló-
pez Michelsen (1974-1978), en el Decreto legislativo 2131 de 1976.
Durante la vigencia del Estatuto ocurrirían graves violaciones a los
-
ciente. Sin duda, las acciones del Estado bajo tal régimen marcarían
un antes y un después, no solo frente al movimiento por la defensa de
los derechos humanos, sino también en la percepción de la academia
y de la opinión pública sobre los límites de la fuerza pública bajo los
estados de excepción.
De igual modo, los excesos que se denunciaron en la aplicación del
-
munidad internacional como un lugar en donde se violaban los derechos
humanos. Y, por último, contribuyeron a que poco a poco importantes
sectores de la izquierda colombiana se apropiaran del lenguaje de los
derechos humanos, por oposición a su reticencia histórica de incluir tal
categoría jurídica y política dado su “raigambre liberal”.
A menos de dos meses de haber entrado en vigencia el Estatuto de
Seguridad, con la sentencia de 30 de octubre de 1978 y la ponencia del
destacado constitucionalista y magistrado de la Sala Constitucional,
LUIS CARLOS SÁCHICA, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitu-
cionalidad de casi la totalidad de las medidas del Decreto 1923 de 1978
para que la fuerza pública actuara en favor de la seguridad y el orden
público, lo que a la postre terminó en un detrimento de los derechos y
garantías de las personas, dados los múltiples excesos en que incurrieron
los organismos de seguridad al amparo del Estatuto.
Este trabajo se ocupa del juicio de constitucionalidad al Estatuto de
Seguridad o Decreto 1923 de 1978, que podría caracterizarse como uno
2
por los ministros de Gobierno, Germán Zea Hernández; de Relaciones Exteriores (e),
Carlos Borda; de Justicia, Hugo Escobar Sierra; de Hacienda y Crédito Público, Jaime
García Parra; de Defensa Nacional, general Luis Carlos Camacho Leyva; de Agricultura,
Germán Bula Hoyos; de Trabajo y Seguridad Social, Rodrigo Marín Bernal; de Salud
Pública, Alfonso Jaramillo Salazar; de Desarrollo Económico, Gilberto Echeverri Mejía;
de Minas y Energía, Alberto Vásquez Restrepo; de Educación Nacional, Rodrigo Llo-
reda Caycedo; de Comunicaciones, José Manuel Arias Carrizosa, y de Obras Públicas y
Transporte, Enrique Vargas Ramírez.
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