Justicia y paz en tiempos de impunidad y guerra - La gestión del testimonio y la administración de las víctimas: el escenario transicional en Colombia durante la Ley de Justicia y Paz - Libros y Revistas - VLEX 857239693

Justicia y paz en tiempos de impunidad y guerra

AutorJuan Pablo Aranguren Romero
Cargo del AutorPsicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Antropología Social y Doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO-Argentina. Ha sido becario del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
Páginas13-32
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1. JUSTICIA Y PAZ EN TIEMPOS
DE IMPUNIDAD Y GUERRA
La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, proveyó
un marco jurídico para los procesos de reinserción y desmoviliza-
ción de los grupos paramilitares de Colombia y al mismo tiempo
terminó por enmarcar la creación de escenarios transicionales y
por definir sus reglas de juego. Originalmente esta ley fue pro-
puesta por el Gobierno con el ánimo de otorgar beneficios ju-
rídicos a los paramilitares a cambio de la dejación de armas; sin
embargo, como resultado de los rechazos y las presiones de dife-
rentes sectores sociales que pusieron en evidencia la manera como
los contenidos de la ley favorecían la impunidad y la forma en que
permitía que los paramilitares entraran en un proceso de reinser-
ción sin ningún tipo de investigación por los crímenes cometidos,
o sin aportar nada a la reparación de sus víctimas, sus promotores
se vieron obligados a modificar su contenido y a realizar una serie
de ajustes conducentes a que dicha norma fuera consecuente con
las nociones de transición y paz que supuestamente encarnaba.
Aunque la ley se reformó, las limitaciones a las garantías de los
derechos de las víctimas siguieron estando presentes.
En realidad, la Ley de Justicia y Paz no se formuló con el áni-
mo de favorecer, en sentido estricto, un escenario transicional.
En primer lugar, porque dicha ley buscó llenar los vacíos de los
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Juan Pablo Aranguren Romero
marcos jurídicos precedentes que, de hecho, ya permitían que los
excombatientes de los grupos armados ilegales ingresaran a un
proceso de desmovilización y reinserción sin una investigación
rigurosa de los crímenes que habían cometido y sin requerir nin-
gún tipo de reparación que beneficiara a las víctimas. De tal mo-
do, la Ley 975 de 2005 vino a complementar la implementación
de la Ley 782 de 2002 y la aplicación del Decreto Reglamentario
128 de 2003. La ley 782 y el Decreto 128 fueron los mecanismos
jurídicos mediante los cuales la mayoría de los paramilitares se
desmovilizó sin ningún tipo de proceso penal. En esa medida, la
Ley 975 de 2005, en realidad, termina ocupándose solamente de
un grupo menor de paramilitares, en particular, sus jefes y algunas
de sus cabezas visibles. De los casi 50 000 paramilitares desmo-
vilizados, tan solo 3751 fueron postulados por el Gobierno para
entrar bajo el proceso de la Ley de Justicia y Paz1 (Movice, 2009).
En segundo lugar, porque la Ley 975, al igual que los marcos
jurídicos precedentes (Ley 782 y Decreto 128), se formuló en
concordancia con una política que buscaba incentivar la dejación
de armas de personas y grupos armados al margen de la ley y no
con el fin de establecer garantías para los derechos de las vícti-
mas. Es decir, en realidad estas leyes estaban más en sintonía con
una política destinada al debilitamiento de los grupos armados
ilegales y a la desvinculación de los combatientes2 que con el es-
tablecimiento de la paz mediante la garantía de los derechos a la
verdad, la justicia o la reparación.
1 La Ley 975 señala que “la reinserción a la vida civil de las personas que puedan
ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en
la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley” (cap. 1, art. 2).
2 De hecho, el Decreto 128 formula una serie de incentivos a los desmovilizados
que colaboren con información conducente a desarticular los grupos armados.
Toda vez que el monto económico de estos incentivos supera ampliamente el va-
lor de los beneficios otorgados en el programa de reinserción (salud, educación,
apoyo a proyectos productivos), un número considerable de los excombatientes
vinculados a estos programas en realidad continuaron participando en activida-
des bélicas, de la mano de las fuerzas militares. Esto, además de poner en duda
un proceso efectivo de reinserción a la vida civil, pone también en evidencia el
carácter bélico que trasciende este escenario.

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