La Ley 1592 y la protección de los derechos de las víctimas
| Fecha | 01 Junio 2013 |
| Autor |
MILTON ARMANDO
GÓMEZ CARDOZO
Abogado, Universidad Libre
de Colombia. Especialista
en Derecho Administrativo,
Universidad Libre. Magíster
en Derechos Humanos y
Democratización, Universidad
Externado de Colombia y
Carlos III de Madrid, España.
Catedrático de Derecho
Constitucional y Criminología
de la Universidad de la
Costa y del Área de Derecho
Internacional Humanitario
de la Maestría de Derecho
Administrativo de la
Universidad Simón Bolívar.
Profesional Administrativo y
de Gestión de la Defensoría
del Pueblo de Colombia.
mgomezc@unilibrebaq.edu.co
La Ley 1592
Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS
RESUMEN
El proceso judicial transicional en Colombia,
regulado por la Ley 975, al no dar los resulta-
dos esperados ha aplazado las expectativas de
justicia de las víctimas del conicto armado.
La Ley 1592 que fue sancionada con el ánimo
de agilizar el trámite ante los tribunales de Jus-
ticia y Paz y así cumplir con las obligaciones
estatales, a pesar de la reforma, consagra en
su artículo 23 la prohibición al Magistrado de
Justicia y Paz de tasar los daños de las víctimas,
lo que, a nuestro juicio, vulnera agrantemen-
te la Constitución y los tratados internacio-
nales suscritos por el estado colombiano. Al
respecto, el presente análisis plantea una dis-
cusión acerca de la inconstitucionalidad de la
norma anotada.
Palabras clave: Justicia transicional, División
de poderes, Autonomía del juez, Derechos a la
reparación de las víctimas.
1592 law
AND THE PROTECTION OF RIGHTS OF VICTIMS
Recibido:
11 de febrero de 2013
Aceptado:
22 de abril de 2013
ADVOCATUS | EDICIÓN ESPECIAL No. 20: 79 - 101, 2013 | UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL | BARRANQUILLA
ABSTRACT
Transitional justice process in Colombia, regu-
lated by law 975, by not giving the expected
results postponed expectations of justice for
xkevkou"qh" ctogf"eqpÞkev0" Vjg"37;4" ncy"ycu"
enacted with the aim of expediting the pro-
ceedings before the courts of justice and peace
and to comply with state obligations, despite
vjg"tghqto."gpujtkpgf" kp"ctvkeng"45"rtqjkdkvkpi"
the chief justice and peace of tax the victim’s
kplwtkgu" yjkej." kp" qwt" xkgy." Þcitcpvn{" xkq-
lates the constitution and international treaties
signed by the colombian state. in this regard,
this analysis raises a discussion about the con-
stitutionality of the rule noted.
Keywords: Transitional justice, Division of
powers, Judge autonomy, Rights to repair vic-
tims.
El proceso de Justicia y Paz ha venido desa-
rrollándose en Colombia de manera lenta y
poco efectiva, según las armaciones de múl-
tiples sectores de la sociedad, especialmente
de las víctimas que recibieron esta iniciativa
gubernamental como un escenario propicio
para lograr una reivindicación de sus dere-
chos vulnerados. A qué se puede atribuir esta
realidad, tiene una respuesta compleja, por
cuanto son muchos los procesos y procedi-
mientos, servidores e instituciones que se en-
trelazan para dinamizar el proceso.
Los derechos a la verdad, la justicia y la repa-
ración como elementos del mínimo esencial
de la justicia a las víctimas son, o deberían ser,
el norte para que las acciones del Estado se
movilizaran en pro de responder a los deberes
de respeto y garantía de los derechos de las
víctimas. En tal sentido, es menester identi-
car ese contenido mínimo esencial para cons-
truir indicadores que, de manera objetiva,
acrediten la eciencia de las políticas públi-
cas1 desarrolladas en los ámbitos administra-
tivos y judiciales.
En la propuesta inicial de la Ley 975 de 2005,
las víctimas eran unas convidadas de piedra y
solo con el examen de constitucionalidad de
la Sentencia C-370 de 2006, por vía de inter-
pretación, la Corte Constitucional, de alguna
forma, reconoce derechos a las víctimas den-
tro del proceso. Ese hecho, por si solo, generó
una gran cantidad de inconvenientes admi-
1. Dewey (1927) las define como “lo público y sus proble-
mas”. CUERVO, Iván. Notas Conferencia Maestría en
Derechos Humanos y Democratización. Bogotá: Uni-
versidad Externado de Colombia - Carlos III de Madrid,
2007-2008.
nistrativos, tales como la ausencia de defensa
pública para las víctimas y falta de presupues-
to para la Defensoría del Pueblo, entidad que
debió asumir la representación de las víctimas
sin que la ley le asignara la estructura admi-
nistrativa y los recursos necesarios.
Desde el comienzo del proceso se ha podi-
do percibir un desbalance permanente entre
lo económico y scal, frente a la garantía de
los derechos de las víctimas y prueba de ello
es la reciente reforma a la Ley 1592 de 2012,
que en su artículo 23A remite la reparación
judicial a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Es-
pecial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, ente que debe adoptar las medi-
das articuladas de rehabilitación, restitución,
indemnización, satisfacción y garantías de no
repetición, en el marco de la Ley 1448 de 2011
y sus normas complementarias.
En la misma ley, el artículo 23 dice que se iden-
ticarán las afectaciones causadas a la vícti-
ma, “las cuales en ningún caso serán tasadas”,
normas que remiten todas las aspiraciones de
reparación judicial a la administrativa. La re-
forma viola los derechos de las víctimas, des-
conoce la autonomía del juez, su jurisdicción
y su capacidad de decir el Derecho, hecho que
atenta contra pilares fundamentales como la
división de poderes, la dignidad humana y las
obligaciones internacionales contraídas por el
Estado colombiano en desarrollo del derecho
fundamental de acceso a la justicia.
El Estado Social y Democrático de Derecho
ADVOCATUS | EDICIÓN ESPECIAL No. 20: 79 - 101, 2013 | UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL | BARRANQUILLA
LA LEY 1592 Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
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