Manipulación y disolución de los estándares por medio de leyes y decretos reglamentarios
Autor | Manuel Fernando Quinche Ramírez |
Páginas | 304-328 |
Capítulo VI
Manipulación359 y disolución de los
estándares por medio de leyes
y decretos reglamentarios
359 El uso de la expresión “manipulación” dentro de la investigación es técnico y su contenido
responde al concepto de manipulación constitucional, autorizadamente usado por el constitucio-
nalista argentino Néstor Pedro Sagües, quien identificó distintas maneras en las que la Constitución
puede ser manipulada. En su investigación identifica los casos de manipulación constitucional,
establece sus componentes y hace una clasificación de ella. Para el caso, se refiere a la existen-
cia de un uso doloso, no altruista de la Constitución, en el que se conjugan tres factores: i) un
uso específico que de la Constitución hace el manipulador, de modo tal que en lugar de estar al
servicio de la Constitución (como debería estarlo todo ciudadano y especialmente el gobernante),
el manipulador pone a la Constitución al servicio de él; ii) la existencia de un ardid, maniobra,
treta o engaño (que puede ser burdo o sofisticado), que da lugar a lo que el autor llama una
“interpretación manipulativa”, de modo tal que acontece un montaje que “retuerce” la cláusula
constitucional que es objeto de manipulación; y iii) el provecho de alguien, del propio gobernante,
del intérprete o de un tercero. La manipulación nunca es neutral, siempre hay un ganador y un
perdedor con la maniobra manipulativa. Véase Sagües, Néstor Pedro. “Reflexiones sobre la mani-
pulación constitucional「. En: Perspectivas del derecho Procesal Constitucional. Bogotá, Editorial
Universidad del Rosario, 2007, p. 23.
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Para comienzos del año 2009, es decir, cuatro años después de la puesta en
hechos concurrentes: la inevitable lentitud de los procesos (esperable si se tiene
en cuenta el precario número de jueces y fiscales, intencionalmente propiciado);
la extradición de algunos jefes paramilitares hacia Estados Unidos, con la pérdida
del derecho a la verdad, donde serán juzgados por narcotráfico, pero no por
los crímenes cometidos en Colombia; la reproducción del fenómeno paramilitar
ya denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;360 la
muerte y el asesinato de numerosas víctimas testigos en los procesos contra
los paramilitares; y sobre todo, la profusión de decretos reglamentarios que,
so pretexto de desarrollar o reglamentar cualquiera de las leyes que sirvieron
de fundamento, promueven la desmovilización individual, la adjudicación de
beneficios “ad hoc” y, sobre todo, propician la ineficacia de las reglas fijadas por
el control constitucional y los estándares del sistema de protección internacional,
mediante el retórico mecanismo de repetir los enunciados de protección y acceso,
sin dar los instrumentos procesales y sustantivos necesarios para ello.
El comienzo de este capítulo, que se escribe antes del que pueda ser el
balance total del proceso —que tan solo acontecerá con la expedición de los
fallos finales—, hace una presentación de la profusa expedición de reglamen-
tos, que bajo la excusa de desarrollar las diversas leyes, han pasado a ser la
secuencia de recompensas normativas individuales, que favorecen la posición
de diversos sujetos o de agencias estatales, según preferencias coyunturales o
conveniencias políticas, que no tendrán control alguno en la medida en que su
eventual escrutinio corresponde al Consejo de Estado.
Dos son los niveles normativos de la negociación que serán aquí descritos:
el nivel legal y el nivel reglamentario. En el nivel legal será evidenciado el uso
estratégico sobre las normas, de modo tal que una ley pensada y diseñada para
una negociación con delincuentes políticos, será manipulada y transformada,
hasta convertirla en el instrumento de negociación con los paramilitares, bajo
el mecanismo de prórrogas y ajustes sucesivos, según preferencias políticas o
360 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 2007. Capítulo IV. Colombia.
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