Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo - Núm. 13-2, Julio 2018 - Revista Via Inveniendi et Iudicandi - Libros y Revistas - VLEX 741221653

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

AutorLuis Fernando Ulloa
CargoMagíster en Derecho Administrativo, Universidad Libre, Bogotá D. C., Colombia. Consultor y asesor en temas propios del derecho administrativo. Correo electrónico: ferchoulloac@yahoo.com
Páginas81-106
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VIeI / Vol. 13, n.° 2 / Julio-diciembre 2018 / Bogotá D. C., Colombia / Universidad Santo Tomás / Pp. 81-106
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva
habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
*
Legal framework for money laundering and the usual mass collection of money
from an administrative law approach
Luis Fernando Ulloa C.**
Fecha de recepción: 15 de febrero de 2018
Fecha de aprobación: 10 de abril de 2018
RESUMEN
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia
del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad
que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en
Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos.
Palabras clave: legislación internacional, legislación colombiana, administrativización, dog-
mática penal, lavado de activos y captación masiva habitual de dineros.
ABSTRACT
A relationship is made between the background that gave rise to the legal framework on
money laundering and the usual massive collection of monies, and the main regulations
* El presente manuscrito es producto del proyecto de investigación: “El lavado de activos y de la captación ma-
siva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo”, el cual fue gestionado en el marco de la
Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Libre, Bogotá D. C, Colombia. DOI: http://dx.doi.
org/10.15332/s1909-0528.2018.0002.03
** Magíster en Derecho Administrativo, Universidad Libre, Bogotá D. C., Colombia. Consultor y asesor en temas
propios del derecho administrativo. Correo electrónico: ferchoulloac@yahoo.com
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governing the matter addressed from the Administrative Law of Economic Criminal Law in
Colombia, that allows the conclusion of liability state in this type of crime.
Keywords: international legislation, Colombian legislation, administrativeization, penal
dogmatics, money laundering and regular massive collection of monies.
INTRODUCCIÓN
Abordamos el marco jurídico del lavado de activos y la captación masiva de dineros
desde un enfoque de derecho administrativo en cuatro apartados, donde se contex-
tualiza en primera medida un panorama general en materia internacional para el
control del lavado de activos y de la captación masiva y habitual de dineros; en un
segundo momento, se hace una introducción a la dogmática penal en materia de
lavado de activos y de la captación masiva de dineros en Colombia; en tercer orden,
se ilustran los instrumentos de control y prevención que existen en el país sobre la
materia, y por último, se hace referencia a la administrativización del derecho penal
económico en Colombia que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo
de delitos.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El problema de investigación versa sobre la poca incidencia que ejerce la legislación
penal en materia de lavado de activos1 y de la captación masiva habitual de dineros,
y que ha tenido en el ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que es respon-
sabilidad estatal formular políticas criminales y administrativas especialmente, en la
definición y tipificación de delitos de cuello blanco, así como en la implementación
de mecanismos de prevención, control y vigilancia de la administración pública.
1 Es importante resaltar que “es imperativo que el Gobierno se comprometa en el fortalecimiento de una política
criminal cimentada constitucionalmente, en la que se oriente a las autoridades públicas en el respeto de los de-
rechos fundamentales de los investigados, procesados y condenados penalmente y con la cual se evite al máximo
las demandas contra el Estado por falta de sustentación científica de las medidas judiciales adoptadas contra la
ciudadanía. Partiendo de la idea de que la política criminal debe tener un carácter preventivo, en la que el derecho
penal sea usado como última ratio” (Romero, 2017, p. 117).
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