Minería, la otra batalla entre Gobierno y Alcaldía
Carol Malaver
Redactora de EL TIEMPO
Con el anuncio de la Alcaldía, esta semana, de demandar el decreto 934 del 6 de mayo, expedido por el Gobierno Nacional y que prohíbe a municipios y departamentos establecer zonas excluidas para la minería, se abre un nuevo frente de batalla entre ambos gobiernos.
Y nuevamente chocan aquí los conceptos de autonomía territorial versus la norma nacional y el impacto que pueda generar sobre la economía. Los industriales también han entrado a terciar en el debate, y alegan que Bogotá pone en riesgo sectores que dependen de la extracción local, como la construcción.
Desde el inicio de su mandato, el alcalde Gustavo Petro le declaró la guerra a la minería en la ciudad, por considerar que pone en riesgo la vocación agropecuaria y forestal de la sabana de Bogotá y atenta contra recursos vitales como el agua, pilar de su plan de desarrollo.
En la capital funcionan hoy alrededor de 108 canteras que explotan arcillas, arena y grava; solo 12 poseen títulos mineros, y hay un centenar de empresas ilegales. La Secretaría de Ambiente ha sido radical en las medidas. Su titular, Susana Muhamad, ha dicho que la ciudad no alojaría más proyectos mineros, no renovará licencias y regulará con más fuerza las canteras ilegales: "Adaptar la ciudad al cambio climático requiere mantener las zonas rurales del Distrito".
Pone como ejemplo el impacto que ha tenido la extracción minera en el borde del río Tunjuelito. "Su rumbo se desvió y hay que llenarlo de jarillones en épocas de lluvias para que no cause inundaciones. La población en el sur está en grave riesgo", explicó Muhamad. Y añadió que en Usme, en zonas donde venían funcionando canteras, como Altos de la Estancia, "la montaña está a punto de derrumbarse" y que la posible explotación en El Mochuelo atenta contra una zona campesina, "clave para ser corredor ambiental con el páramo de Sumapaz. Los campesinos quieren mantener su naturaleza rural, y los apoyamos".
Para el Distrito, es necesario sacar de la compatibilidad minera a ciertas zonas de la ciudad; y lo que pone en riesgo el decreto, según Muhamad, es que estas zonas sean blanco de explotación.
Los entes de control también se han pronunciado. Según la Personería de Bogotá, otro argumento para acabar con la explotación minera ilícita es que las canteras afectan a más de 800.000 habitantes que viven cerca, debido al alto grado de emisiones de polvo y combustible tóxicos, así como por la contaminación de fuentes hídricas que...
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