Minería del oro en América Latina y Colombia
| Autor | Sebastián Rubiano Galvis - Ángela Castillo Ardila |
| Páginas | 3-29 |
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Minería del oro en América
Latina y Colombia
Un auge cont inental
A pesar de que la extracción de recursos minerales ha sido un continuo en
la historia colonial y republicana de América L atina (Santiago, ), desde la
década de las actividades mineras en el continente han experimentado
una transformación y un crecimiento de gran magnitud (Cepal, ). El
aumento de la demanda mundial de recursos mi neros y la consecuente subida
de los precios internacionales de estos recursos, así como el desarrollo de
nuevas tecnologías de extracción (Himley, ), propiciaron el incremento
y la expansión de múltiples industrias extractivas (Bebbington y Bury, ).
Países como Venezuela, México, Brasil, Chile, Perú y Colombia, entre otros,
experimentaron un crecim iento económico notable por cuenta de las exporta-
ciones de crudo, gas, cobre y oro (Ocampo, ; Göbel y Ulloa, ). El auge
se tradujo en una ola de benecios económicos que los gobiernos latinoameri-
canos aprovecharon para expandir su gasto público (Monaldi, ). Por esta
razón, la minería se posicionó como un elemento crucial en los debates sobre
desarrol lo de los países lati noamericanos.
Especícamente, entre y el , los distintos gobiernos del conti-
nente, bien fuera motivados por las ganancias que dejaban las explotaciones
o impulsados por organismos multilaterales, se comprometieron con progra-
mas de fortalecimiento y expa nsión minera. De esta forma, América Latina se
constituyó en el continente con más inversión minera y con más operaciones
extractivas en todo el planeta. Por ejemplo, en el periodo -, mientras
el crecimiento de la inversión minera en el nivel mundial fue del , en
Latinoamérica fue del (Bebbington, ). Y entre el y el ,
fue la zona del mundo que más dinero recibió ( millones de dólares) por
cuenta de rentas mineras. A nivel macroeconómico, el auge impulsó el creci-
miento de la economía y motivó reformas orientadas a privatizar la explot ación
de los recursos mineros. Sin embargo, también implicó retos para la gober-
nabilidad y la sostenibilidad socio-ambiental de los países latinoamericanos,
pues la bonanza minera involucró la desaceleración de otros sectores como la
agricultura y la i ndustria (, , p. ). La expansión de solicitudes y con-
cesiones aumentó la competencia por el uso del suelo y del subsuelo, e igual-
mente supeditó las políticas de fomento agrícola e industrial a las políticas
minero-ener géticas.
Uno de los aspectos más notorios del boom minero latinoamericano es el
protagonismo que han tenido las grandes empresas. Buena parte de las compa-
ñías a cargo de actividades extractivas son consorcios extranjeros a los cuales
se les ha acusado de facilitar la f uga de recursos y de capital desde el Sur Glo-
bal (Bury, ; Himley, ). Otro segmento importante de estas empresas
latinoamericanas son compañías gubernamentales como Petrobras, Pemex o
Petróleos de Venezuela S. A., que han jalonado el crecimiento de la producción
de hidrocarburos (Carpenter, ). Si bien las empresas estatales han tenido
un rol principal en la industria petrolera, lo cierto es que una de las caracte-
rísticas centrales del auge mi nero latinoamericano es la tendencia a privatizar
la explotación de los recursos mediante la entrega de concesiones a empresas
privadas, en su mayoría multinacionales (Holt-Giménez, , p. ). Por esta
razón, la actividad de las compañías, y, en consecuencia, la bonanza minera,
no hubiera sido posible sin las reformas neoliberales de los años noventa, las
cuales facilitaron y ampliaron las conexiones de los países latinoamericanos
con los mercados globales y la consolidación de la inversión extranjera en el
continente (Vélez y Ruiz, ). Promovidas por organismos multilaterales,
estas reformas impulsaron el sector minero al promover marcos regulatorios
favorables a la inversión extranjera directa () (Bury, ).
En la práctica, esto implicó una modi cación de las reglas del juego para la
actividad ext ractiva. A nales de los ochenta y durante la década de los noventa,
Chile, Ecuador, Guyana, Guatemala, México, Argentina y Perú modicaron
sus códigos mineros para facilitar a las empresas los procesos de exploración,
obtención de licencias y explotación. Años más tarde, Nicaragua, Honduras,
Venezuela y Colombia hicieron lo mismo (Cepal, , p. ; Bebbington y Bury,
). Chile, que reestructu ró su legislación minera en los ochenta, es consi-
derado el país que abrió el camino para este tipo de marcos legales, en tanto
consagró el rol de la empresa privada en las actividades de ex tracción (Cepal,
, p. ). La entrada en vigor de estas reformas optimizó las condiciones
para que las empresas pudieran obtener concesiones, rebajó los impuestos que
las empresas debían pagar y modicó el sistema de pago de regal ías (Monaldi,
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