Mitos y realidades del despido por necesidades de la empresa en el territorio colombiano - vLex Colombia

Mitos y realidades del despido por necesidades de la empresa en el territorio colombiano

AutorMarjorie Zúñiga Romero
Páginas445-483
13
MITOS Y REALIDADES DEL DESPIDO
POR NECESIDADES DE LA EMPRESA EN
EL TERRITORIO COLOMBIANO[*]
Marjorie Zúñiga Romero[241]
INTRODUCCIÓN
El territorio colombiano en materia empresarial se viene
caracterizando por la inestabilidad de su economía, un
debilitamiento sistemático de la agricultura y la industria, el
abaratamiento de las importaciones, entre otras. Esta situación
supone que empleadores se vean enfrentados continuamente al reto
de reorganizar sus estructura, buscando la pervivencia en el
mercado, y afectando con, ello uno de sus costos internos más altos,
que indudablemente es la nómina de empleados.
Este artículo forma parte de una investigación sobre el despido
por necesidades de la empresa en España y Colombia por causas
económicas, organizativas, técnicas y de producción. El hilo
conductor será el estudio del principio de estabilidad laboral frente
al derecho a la libertad de empresa; y se abordarán algunas de las
principales deficiencias que ostenta el despido colectivo y que hacen
prácticamente inviable el cumplimiento de su función dentro del
territorio colombiano.
I. MARCO CONSTITUCIONAL DEL DESPIDO POR
NECESIDADES DE LA EMPRESA EN COLOMBIA
condición de Estado social de derecho, fundado en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas que
lo integran y en la prevalencia del interés general. Partiendo del
preámbulo se evidencia el interés del constituyente por asegurar a
sus integrantes el derecho a la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad. La incorporación
de cláusulas económicas en la Constitución de 1991 comporta una
reivindicación de conceptos, pues en el pasado prevalecían los
argumentos políticos y en tiempos actuales cobran importancia las
reseñas en torno a la libertad económica. Es así como el trabajo
(relegado en la Constitución anterior) pasa a tener un protagonismo
de alta magnitud, unas veces como función social y otras como
elemento de producción. Por esta razón, algunos tratadistas
sostuvieron que al incluirse el trabajo como principio fundamental
se desarrolló el fenómeno de la constitucionalización del derecho
del trabajo (Guerrero Figueroa, 1999).
Sin embargo, la Constitución no define el modelo completo de
regulación del Derecho del Trabajo, sino que se comporta como
fundamento y marco regulatorio laboral. Con otras palabras, aunque
demarca enormemente el contenido de la normativa, encarga en el
legislador la función de delinear sus instituciones (Uprimny &
García Villegas, 2004). En este sentido, estudiaremos el marco
constitucional del despido por necesidades de la empresa que se
encuentra contemplado en los artículos 333 y 25 de la Constitución
El artículo 333 de la Constitución Política proclama el
principio de libertad de empresa, y asigna al Estado la obligación de
garantizar y proteger su ejercicio, así como evitar cualquier tipo de
abuso que personas o empresas forjen a partir de su posición
dominante en el mercado nacional. Como contrapeso a la libertad de
empresa, el derecho al trabajo se inserta en el texto constitucional en
el artículo 25, y se señala una fórmula que supone una doble
cláusula junto al derecho del trabajo, que se corresponde con el
deber de trabajar.
Las disposiciones contempladas en los artículos 333 y 25 de la
Constitución Política deben, a su vez, interpretarse conforme al
precepto de Estado social de derecho, contenido en el artículos 2,
que señala como obligación del Estado garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, al
igual que promover la justicia social, configurando estructuras y
formas de organización de la sociedad a favor de una igualdad y
participación de los individuos (Rawls, 2002; Habermas, 1998).
Esta doble vertiente de reconocimiento de derechos e intereses
en tensión caracteriza al texto constitucional colombiano y al de
varios países que sostienen el mismo reto; una muestra de ello es el
modelo social instaurado en la Constitución española de 1978; sobre
el particular Blasco Pellicer (1978) afirma que la normativa laboral
trata de establecer un difícil equilibrio entre tal necesidad de
protección y los intereses empresariales. Así, el Derecho del Trabajo
interviene para tratar de conseguir la colaboración de las clases,
armonizando su acción económica, y ejerciendo la ardua tarea de
buscar un equilibrio entre el poder subordinante, en cabeza del
empleador, y el trabajador como estamento débil en las relaciones
obrero-patronales.
a. Naturaleza y límites de la libertad de empresa
La Constitución Política de 1991 reconoce a los individuos el
derecho a actuar en el mercado dentro del territorio colombiano, y
señala que si bien la iniciativa privada es libre, esta se encuentra
sujeta a una función social que tiene la empresa. Cabe resaltar que el

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