Modelos de imputación en la criminalidad organizada
| Autor | Esiquio Manuel Sánchez Herrera |
| Páginas | 273-298 |
27
captulo
modelos de imputacin
en la criminalidad organizada
introduccin
La estructura social actual, ubicada en lo que se suele denominar el mundo
globalizado, se caracteriza no solamente por ser una sociedad del riesgo, en la
que existe una creciente y permanente situación subjetiva de inseguridad por
parte de los ciudadanos, sino además por cuanto el crimen ha mutado con-
siderablemente sus formas, perfeccionándolas hasta límites inimaginables.
El derecho penal se torna en un instrumento ineficaz para disuadir,
prevenir y sancionar las modernas manifestaciones del delito. Sin embargo,
es la herramienta con la que se cuenta, y por tanto de ella hay que valerse,
desde lo institucionalmente razonable en el modelo de Estado social y de-
mocrático de derecho.
El mundo globalizado ha traído consigo la solidaridad en el crimen, por
parte de sus actores, lo que ha dado lugar a la existencia de verdaderas uniones
de voluntad por parte de multiplicidad de agentes en la consecución de un
objetivo común: la desestabilización social, como medio para la obtención de
beneficios de diversa índole para los integrantes de la componenda criminal.
La complejidad organizativa de las relaciones de responsabilidad que
patentiza la sustitución de contextos de actuaciones individuales por otros
de naturaleza colectiva es característica evidente de la sociedad del riesgo
del mundo globalizado.
La complejidad organizativa de las actuales empresas criminales impone
especiales retos al derecho penal, tanto para establecer y delimitar respon-
sabilidades como para mantener un equilibrio de garantías en la realización
del proceso y la imposición de la sanción.
La delimitación de responsabilidades en una organización criminal se
enfrenta al paradigma de la ramificación de las imputaciones, tanto por el
reparto de tareas en la ejecución del delito como en eventos en los cuales el
comportamiento criminal simplemente es producto de un cúmulo de con-
ductas individuales que por sinergia generan afectaciones considerables a
los intereses sociales tutelables.
Cada día toma mayor fuerza al interior del derecho penal, en el ámbito
de la criminalidad organizada, el concepto de irresponsabilidad organiza-
Derecho penal constitucional. El principialismo penal
274
da, en virtud del cual es diametralmente opuesto el grado de perfección y
complejidad de la empresa criminal con respecto al de la trascendencia del
aporte individual; esto es, entre más perfeccionada la organización delictiva,
más fungible e intercambiable resulta el individuo. Así las cosas, ese delin-
cuente individual tiene una mayor sensación de irresponsabilidad penal,
por estimar que su contribución ha sido insignificante en la consecución
del objetivo delictivo.
La mutación del fenómeno criminal tanto en el plano de su perfección
y complejidad como en sus manifestaciones más violentas y agresivas, y en
su trasnacionalidad, ha traído consigo también nuevas y modernas deno-
minaciones del derecho penal. Hoy se habla, por ejemplo, de un derecho
penal de la seguridad, capaz de minimizar en la medida de lo posible la
sensación de inseguridad que acompaña a los individuos en la sociedad del
riesgo; de un derecho penal de la paz, con la contundencia de contribuir a
la humanización del conflicto y a apaciguar los sentimientos guerreros de
los combatientes; de un derecho penal internacional, eficaz para combatir
el crimen trasnacional; de un derecho penal del enemigo, que comprende
a ciertos delincuentes, especialmente terroristas, delincuentes sexuales
habituales o reincidentes, entre otros, no como ciudadanos comunes, sino
como individuos que han ido paulatinamente apartándose de la senda del
derecho y el respeto a la norma, para convertirse en verdaderos enemigos
de la sociedad, pues se muestran como seres hostiles a la comunicación que
impone el derecho penal en una sociedad civilizada.
El cambio de perspectiva del derecho penal desde hace mucho tiempo
viene imponiendo el necesario adelantamiento de las barreras de protección,
la flexibilización de las categorías dogmáticas del delito, la reducción y el
relajamiento de garantías procesales, pero ante todo, la asignación a la san-
ción penal de una finalidad esencialmente preventiva, antes que retributiva.
Tanto el crimen organizado como las nuevas perspectivas del derecho
penal le imponen a la dogmática jurídico-penal el reto de la sistematización
de los modelos de imputación e injustos en la criminalidad organizada, que
permita claridad en su distinción, para determinar las formas de prevenir y
sancionar aquellos comportamientos que constituyen flagelos perturbadores
de la pacífica convivencia social. De ahí que pretendamos, a partir de desarro-
llos doctrinales foráneos, una aproximación a la configuración de una teoría
unificada de los modelos de imputación en la criminalidad organizada en
nuestro país. Esa es, precisamente, la tarea que emprendemos con este ensayo.
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