Las modificaciones legislativas a las acciones populares en Colombia: ¿avance o retroceso?
| Autor | Maria Lucia Torres Villarreal - Paola Marcela Iregui Parra |
| Cargo | Universidad del Rosario, Bogotá - Universidad del Rosario, Bogotá |
| Páginas | 131-162 |
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REVISTA DE DERECHO
N.º 48, Barranquilla, 2017
ISSN: 0121-8697 (impreso)
ISSN: 2145-9355 (
on line
)
artículo de investigación
Las modificaciones legislativas a las acciones
populares en Colombia: ¿avance o retroceso?
Legislative changes of the popular actions
in Colombia: progress or regress?
dOI: http://dx.doi.org/10.14482/dere.44.7167
María Lucía Torres-Villarreal*
Paola Marcela Iregui-Parra**
Universidad del Rosario, Bogotá
* Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). maria.torres@urosario.edu.co
** Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). paola.iregui@urosario.edu.co
132 revista de derecho, universidad del norte, 48: 131-162, 2017
ISSN: 0121-8697 (impreso) • ISSN: 2145-9355 (on line)
Fecha de recepción: 29 de noviembre de 2015
Fecha de aceptación: 27 de julio de 2016
Resumen
Desdehacevariosañossevieneproduciendounaseriedemodicacioneslegisla-
tivas y jurisprudenciales que afectan la protección de los derechos colectivos en la
forma prevista en la Constitución y en la Ley 472 de 1998. Este artículo tiene por
objetoanalizarcómoestoscambiosrelacionadosespecícamenteconlasmedidas
cautelares y el requisito previo a la demanda de acción popular creados por el
legislador en el año 2011, implican un problema en la protección de los derechos
humanos del ciudadano como garantía constitucional, pues representan un retro-
ceso en materia de mecanismos de participación ciudadana a pesar del importante
avance desde la creación de las acciones populares en 1998. Para ello, se siguió
una metodología basada en la revisión de los antecedentes históricos de las accio-
nes populares, para luego pasar a un estudio de las normas y la jurisprudencia
quesereerenalasmodicacionesaludidasyposteriormentesehizounanálisis
dogmáticosobre losefectos jurídicoscon impactosocial ypolítico quegeneran
dichos cambios. En atención a los objetivos propuestos, se concluye que existe un
desconocimiento de la importancia que el constituyente dio a la protección de los
derechos colectivos y las acciones populares, como mecanismo de participación
ciudadana y se evidencia que existe una tensión entre normas vigentes en el orde-
namiento jurídico, lo cual coloca al ciudadano en medio de una discusión procesal
que lo aleja de la naturaleza real de dichas acciones e implica la necesidad de un
conocimiento especializado para el ejercicio de éstas.
Palabras clave: acciones populares, derechos colectivos, medidas caute-
Abstract
Some years ago, several legislative and jurisprudential changes have taken place
that aect the protection of collectiverights created in the Constitution and in
theLaw ofThis articleaimsto analyzehowthese changesspecically
related with the precautionary measures and the prerequisite to demand in
popular action, imply a problem in the protection of the citizen’s human rights as
a constitutional guarantee. For this, the methodology was based on the revision of
the historical antecedents of the popular actions, followed by a study of the norms
andjurisprudence thatreferto thementioned modicationsandlater wasmade
adogmatic analysisofthe socialand politicaleects thatgeneratesuch changes
In accordance with the proposed objectives, it is concluded that there is a lack of
awareness of the importance that the Constituent gave to the protection of collective
rights and popular actions, as a mechanism for citizen participation. Also is evident
that there is a tension between two rules in the legal system, which places the citizen
in the middle of a procedural discussion taking him away from the real nature of
such actions and implies a specialized knowledge for the exercise of them.
Keywords: Popular actions, collective rights, precautionary measures,
prerequisite to demand in popular action, Law 472, Law 1437.
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Las modificaciones legislativas a las acciones populares en Colombia: ¿avance o retroceso?
revista de derecho, universidad del norte, 48: 131-162, 2017
ISSN: 0121-8697 (impreso) • ISSN: 2145-9355 (on line)
INTRODUCCIÓN
El constituyente de 1991 quiso darles a los derechos colectivos y a las
acciones populares un lugar preponderante en el ordenamiento jurí-
dico colombiano y por eso los incluyó en el texto constitucional, otor-
gándoles un rol esencial en la materialización del catálogo de derechos
y desarrollando los principios de solidaridad y participación ciudada-
na. El alcance de dichos derechos como elementos de la colectividad
y su progresividad dentro de protección universal de los derechos hu-
manos sobre la base de la interdependencia de los derechos humanos
condujo a la Asamblea Nacional Constituyente a discutir y redactar el
texto del hoy artículo 88 de la Constitución y delegó la reglamentación
de las acciones populares en el legislador, quien siete años después
profirió la Ley 472 de 1998.
Desde su promulgación, dicha Ley ha sido objeto de seguimiento y
estudio por parte del Grupo de Investigación en Derechos Humanos
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en de-
sarrollo de la agenda temática de la Línea de Investigación sobre Me-
canismos de Protección de los Derechos Humanos y se complementa
con los aprendizajes y resultados de las acciones de litigio estratégico
adelantadas por la clínica jurídica de interés público, llamada Grupo
de Acciones Públicas, igualmente de la Facultad de Jurisprudencia1.
Por esa razón, ante la serie de modificaciones que desde el escenario
legislativo se han venido produciendo desde hace siete años frente a
la Ley 472 sobre acciones populares, respaldadas en algunas ocasiones
por pronunciamientos jurisprudenciales, el Grupo de Acciones Públi-
cas ha realizado diversas investigaciones tendientes a analizar el im-
pacto de estos cambios en lo referente a la protección efectiva de los
derechos colectivos y su materialización práctica con el ejercicio diario
de las acciones populares2, tratando de evidenciar si se mantiene o se
1 Para mayores detalles de la clínica y el contenido de sus actuaciones en defensa de los de-
rechos humanos y el interés público, ver http://www.urosario.edu.co/acciones-publicas/inicio/
2 Una investigación preliminar se refiere a la afectación que se evidencia en cambios como la
eliminación de los incentivos (Ley 1425 de 2010) y la prohibición de anular, vía acción popular,
actos administrativos y contratos así estos conlleven implicaciones respecto de los derechos (Ley
1437 de 2011, artículo 144; Londoño y Torres, 2012).
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