Nota del autor
| Páginas | 11-12 |
11
ACTO ADMINISTRATIVO
NOTADELAUTOR
El acto administrativo es, sin duda, la noción medular más importante
del derecho administrativo, pues mediante el mismo es que en general la
y administrados.
Todas las personas, durante toda su vida, desde que nacen hasta que
mueren, en todos los hechos y actividades que realizan y que las acompañan,
aun sin saberlo, son destinatarias permanentemente de actos administrativos
de naturaleza diversa, como puede ser la partida de nacimiento y la partida de
defunción, el registro en la escuela, en el colegio o la universidad, el título de
grado, la cédula de identidad, la licencia de conducir, el registro profesional,
la vida de las personas jurídicas, desde que sus estatutos se registran en el
registro mercantil mediante un acto administrativo de registro, realizando sus
actividades estatutarias siempre mediante la recepción de todos los permisos,
autorizaciones y licencias inimaginables, que deben obtener del Estado, para
realizarlas conforme al objeto que motivó su creación.
El acto administrativo, por tanto, está en el centro de las relaciones jurídicas
que se establecen a diario entre los administrados y el Estado, declarando
situaciones jurídicas, creando derechos, estableciendo deberes u obligaciones,
o imponiendo sanciones. Es el vínculo jurídico más elemental que pone a los
ciudadanos en relación con el Estado, y en él, con todo el universo de órganos
y entes públicos e incluso de privados que actúan con base en una prerrogativa
estatal. Por ello, el tratamiento legislativo que un Estado de derecho debe
darse al acto administrativo, tiende no solo a garantizar que sea efectivamente
el instrumento de la acción del Estado, de sus poderes y prerrogativas, sino
también, a que sea una garantía de los derechos de los ciudadanos frente al
propio Estado. Y de eso se trata el derecho administrativo, de una rama que
regula esas relaciones para mantener un balance entre esos dos extremos:
poderes del Estado y derechos de las personas.
De allí todas las regulaciones establecidas en las leyes de procedimiento
administrativo tendientes a asegurar que los actos administrativos sean
emitidos conforme al principio de legalidad, es decir, con sujeción a las
normas preestablecidas en leyes y reglamentos, por una autoridad competente
y cumpliéndose los requisitos mínimos prescritos en las mismas, sobre
proporcionalidad, razonabilidad y logicidad. De allí, también todas las
regulaciones establecidas en las leyes relativas a la Justicia, para garantizarle
a los administrados la posibilidad de defender sus derechos e intereses ante
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