Obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia en Colombia
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En el país, igual que en diferentes lugares del planeta, la administración
de justicia es una especie de traje en el que las violencias contra las muje-
res caben de manera forzada o definitivamente no se acomodan. De este
modo, lo que en este informe se destaca como el contínuum de las violencias
contra las mujeres en todas las etapas de su ciclo vital, encuentra corres-
pondencia en la administración de justicia en una persistente impunidad
que es señalada en el estudio sobre la justicia en las Américas (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 2007, párr. 125).
Según la CIDH, en Colombia las mujeres enfrentan obstáculos de diversa
índole para obtener su derecho a la justicia. Entre ellos destaca:
la ausencia de instancias de la administración de la justicia
en zonas rurales, pobres y marginadas; la falta de abogados
de oficio (…); la falta de recursos humanos y financieros para
atender los problemas persistentes y estructurales; la debili-
dad institucional de los ministerios públicos y la policía que
investigan los delitos y la falta de unidades especiales dentro
de las fiscalías, la policía y los tribunales con destreza técnica
y conocimientos especiales. (Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, 2007, párr. 125)
De igual manera, señala la inexistencia de estadísticas sobre el fenómeno
de la violencia contra las mujeres, lo que impide adoptar respuestas del
sistema de justicia frente a estos actos.
En relación con el trato a las víctimas, el mismo estudio da cuenta de la
falta de protección adecuada a su dignidad y privacidad en el proceso y la
existencia de una gran desconfianza de las mujeres frente al aparato de
justicia, que lleva a que haya un nivel muy bajo de denuncias. Destaca la
*
Documento elaborado por
la Corporación Sisma Mujer, 2008.
Obstáculos que enfrentan las mujeres
víctimas de violencia sexual para acceder
a la justicia en Colombia*
VIII informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia / Violencia sexual
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CIDH que esa desconfianza tiene causa en el temor a la revictimización,
a la estigmatización, la falta de protección, el costo de los procesos y la
ubicación geográfica de las instancias judiciales. La CIDH también ad-
vierte que normalmente las víctimas deben esperar una gran cantidad de
tiempo para ser atendidas y se ven sometidas a narrar los hechos en reite-
radas oportunidades a distintos agentes del Estado. Igualmente señala la
existencia de un tratamiento inadecuado a las víctimas y a sus familiares
cuando tratan de colaborar en la investigación de los hechos; la negación
de proveerles información sobre el estado de los procesos; el retardo injus-
tificado para efectuar las investigaciones, ya que se asumen como casos
no prioritarios, y, en algunos casos, la realización de las investigaciones
por autoridades incompetentes y parciales que normalmente no creen lo
afirmado por las víctimas debido a la influencia de los patrones sociocul-
turales discriminatorios.
En el ámbito probatorio se llama la atención sobre el hecho de que se
hace un énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial, obviando otro
tipo de pruebas como la psicológica y la científica; la existencia de re-
tardo en la práctica de pruebas testimoniales que afectan la posibilidad
de realizar pruebas periciales; la ausencia de personal capacitado para
conducir pruebas y peritajes; la no realización de pruebas claves para
identificar a los autores de los hechos; la inexistencia de protocolos para
recaudar las pruebas y la ausencia de un estándar de pruebas mínimas
que deben ser consideradas para proporcionar una fundamentación ade-
cuada.
En materia procesal se hace referencia al grado de discrecionalidad con
que cuentan fiscales para determinar los delitos que investigan –por ejem-
plo, mediante la aplicación del principio de oportunidad–, lo que permite
que se materialicen los patrones de discriminación contra las mujeres,
absteniéndose de investigar. Por otra parte, se destaca que los órganos
judiciales hacen uso de la conciliación como método para resolver los deli-
tos contra las mujeres, especialmente el de violencia intrafamiliar, pese al
reconocimiento internacional de no ser recomendable.
En el conflicto armado, la impunidad en relación con los delitos de violen-
cia sexual contra las mujeres es mayor que la que ya existe socialmente
en escenarios sin guerra. Las prácticas de violencia en el conflicto armado
potencian las posibilidades de quedar en la impunidad, pues no solo tienen
lugar en un contexto “irregular” de dominio sino que están conectadas con
formas también “irregulares” (no aceptadas formalmente) de dominio por
parte de las instancias sociales que deberían cumplir un papel de sanción
y control. A su vez, la impunidad refuerza la continuidad de las prácticas
de la violencia.
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