Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
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En el punto 3.4 de los acuerdos de paz de la Habana, las estructuras
neoparamilitares fueron denominadas como “organizaciones sucesoras
del paramilitarismo” (). Para la investigación se ha decidido, en vir-
tud de legitimar el acuerdo, llamarlas por ese nombre. A n de llegar
a una caracterización del fenómeno actual, se parte de las siguientes
preguntas: ¿Cómo funcionan hoy en día las OSP?, ¿con quiénes?, ¿para
qué? Esto, en el entendido de que sus respuestas pueden aportar para
un desmantelamiento efectivo.
A n de responder se puede empezar por armar que el paramili-
tarismo, en cuanto fenómeno social no desapareció de la sociedad co-
lombiana con la desmovilización. Si bien esta armación no es nueva,
no ha sido suciente la ilustración de los últimos trabajos investigativos
para lograr convencer al Estado de que desmovilización no es igual a
desmantelamiento, pues la lucha frontal para el desmantelamiento no
se logra creando estructuras u ocinas especializadas70; el problema no
es solo de diseño institucional: resulta fundamental aceptar el fenóme-
no y entenderlo para desarticularlo.
Cuando se habla de fenómeno social, se hace referencia a que, en
la cotidianidad, las comunidades y la sociedad están muy relacionadas
con las y padecen su control real, puesto que no cuentan con capital
económico, social o cultural para tomar decisiones autónomas frente al
estado de cosas dadas, de modo que no tienen más opción en términos
de su pervivencia que aceptar un orden social impuesto (muchas veces
aun en contra de su voluntad).
“¿Quién no está involucrado con las en estos territorios?”, pre-
gunta un líder entrevistado para el informe; “ellos son el Estado, tienen
el poder social, el control territorial, son dueños de los transportes, de
los establecimientos, todos les pagamos sus impuestos”. Esta es la di-
mensión real del problema.
70 Por ejemplo, la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de esas organizacio-
nes, adscrita a la jurisdicción ordinaria y a la Fiscalía General de la Nación; un cuerpo élite en
la Policía Nacional contra las organizaciones y su desmantelamiento con enfoque multidimen-
sional; así como un nuevo sistema de prevención y alerta (Sistema de Alertas Tempranas) en la
Defensoría del Pueblo, para la reacción rápida ante operaciones o actividades de estos grupos y
conductas criminales, en coordinación con el Gobierno y la Unidad Especial de Investigación.
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¿Cómo se llegó a esto? La entronización de estructuras maosas
en el sistema político colombiano empezó a registrarse desde la acade-
mia por el profesor Darío Betancourt, quien fuera desaparecido el 30
de abril de 1999 y hallado muerto meses después. Estas pistas merecen
retomarse para entender nuestro presente.
Armar que las son estructuras maosas trasciende la falsa
dicotomía entre criminalidad y política, entre legalidad e ilegalidad, y
entre el poder político y económico. Caracterizar las como estruc-
turas maosas quiere decir que las organizaciones familiares (como los
clásicos paramilitares, o como los caciques políticos) tienen diversas
maneras de relacionarse con la sociedad, casi todas muy violentas, y
una en particular de relacionarse con el Estado: la corrupción.
La tarea fundamental es analizar quiénes y de qué manera se han be-
neciado de estas múltiples expresiones del paramilitarismo en esta larga
historia de consolidación, a n de avanzar en su desmantelamiento. Habla-
mos de benecios en dos sentidos amplios: los de quienes se beneciaron
de la trasformación violenta del territorio y su ordenamiento, y los que se
benecian de la impunidad de la que gozan quienes no se sienten persegui-
dos ni cuestionados por el lugar privilegiado que ocupan en la sociedad71.
Estas estructuras han tenido múltiples variaciones. Sus trasforma-
ciones tienen que ver, principalmente, con la forma de relacionarse con
el Estado. En la actualidad, tienen una relación no de antagonismo, ni
de articulación contrainsurgente; la vocación contrainsurgente se ubica
hoy por hoy principalmente, en los ricos rurales y en funcionarios del
Estado, y son todavía hijos de la formación castrense contrainsurgen-
te y de la inercia de la guerra. En una sociedad que ha sido permeada
en una proporción no menor por discursos de odio, estas maas solo
entran en antagonismo con el Estado y lo enfrentan cuando se sienten
atacadas; sin embargo, en la práctica trascienden la institucionalidad y
jamás hacen uso de la estructura jurídica que lo sostiene.
No obstante, también han cambiado en términos del discurso y el
repertorio de violencia. Medina advertía en su libro que, dependien-
do del grado de consolidación, el paramilitarismo acudía a la violencia
generalizada (masacres, desplazamiento, etc.) o selectiva (homicidios,
71 Muchos exparamilitares que pasaron por Justicia y Paz se reeren al respecto: “Hoy vi la senten-
cia del Ñoño Elías ¿Qué es eso? Se enriquecen, los condenan a seis años y salen en tres y y eso
disque ellos son los padres de la patria”, dice alias HH en la W; “Uribe es un bandido igual a mí”,
armó Alberto Guerrero en Todelar.
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amenazas particulares, etc.). Esto lo podemos observar en las diferentes
regiones, pues su violencia aumenta o disminuye en la medida en que
un grupo esté consolidado o no72.
Sus fuentes de nanciación son aquellas que permitan una gran mo-
vilidad del capital. En ese sentido, priorizan la economía de la droga —
principalmente coca—en varias escalas, puesto que también controlan
el microtráco, así como la minería —de forma directa la ilegal y de for-
ma indirecta la legal73—, la extorsión en todas las escalas y el tráco de
migrantes. La segunda gran nanciación deriva de la corrupción bien
sea vía contratos o bien por medio de puestos directos en las institucio-
nes de nivel local. Frente a fuentes tradicionales de nanciación como,
por ejemplo, las élites rurales, ha variado, puesto que la seguridad para
los legales está cada vez más cubierta por las Fuerzas Armadas (en los
casos de infraestructura de recursos energéticos), y por empresas lega-
les de seguridad privada (bananeros, palma, minería legal), y porque, en
general, un gremio como los ganaderos no ven en los actuales grupos ar-
mados ninguna amenaza, y si, eventualmente, sienten amenazados sus
privilegios, no tienen reparo en utilizar los servicios sicariales de las .
En este apartado se analizarán las rupturas y las continuidades de las es-
tructuras paramilitares en tres sentidos: en la relación con el Estado a nivel
local y nacional, sus fuentes de nanciación y sus repertorios de violencia.
Cada uno de estos ítems se mirará espacial y temporalmente para ser ejem-
plicado. En cuanto a lo temporal se tendrá en cuenta la concepción de
violencia paramilitar previa a la proliferación de estructuras paramilitares
de las décadas de 1980 y 1990 hasta la actualidad y en cuanto a lo espacial se
mirarán de manera particular los casos del eje bananero del Urabá Antio-
queño, El sur de Córdoba y la parte central del Magdalena Medio.
Se evidencia cómo la relación y la articulación con la clase política,
con instituciones estatales, con gremios y con la economía ilegal per-
mitió desplegar diversos repertorios de violencia en los territorios que
variaron a través del tiempo. Se naliza con reexiones acerca de lo que
ha permitido esta historia de larga duración: el cambio abrupto de pai-
saje en todos los sentidos (geográco, cultural, social) y la impunidad.
72 Véase Carlos Medina, “Autodefensas, paramilitares y narcotráco en Colombia: origen, desarrollo
y consolidación, el caso “Puerto Boyacá”, Documentos periodisticos, 1990.
73 Aunque la diferenciación entre minería ilegal y legal es más complicada de lo que se enuncia,
como se verá más adelante.
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