Panorama regional-organizativo
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Según la base de datos en consolidación, analizada en el capítulo anterior, la
violencia contra los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos
humanos entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se concentró en
29 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, siendo Cauca,
Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander
y Córdoba los territorios más afectados. El panorama de violaciones de los derechos
de quienes deenden derechos y lideran causas sociales entre enero y julio de 2020,
abordado en el apartado 1.3. del capítulo 1 (Contexto) muestra la continuación de las
violaciones en estos departamentos y la focalización de las violaciones de los derechos
en Huila, Chocó, Bolívar Caquetá Caldas, Boyacá, Tolima, Cesar, Arauca, Atlántico,
Santander y Magdalena.
El presente capítulo propone una mirada regional a los contextos en los
que habitan las personas defensoras y los líderes y lideresas socia les, narrada por
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Antioquia, Cauca,
Córdoba y Norte de Santander. En estos y otros departamentos, la violencia se ha
agudizado con posterioridad a la rma del AFP, presentándose de manera continua
y reiterada y persistiendo en 2020.
Aunque Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander muestran dinámicas
especícas y diferenciadas, que serán abordadas en cada uno de los apartados de
este capítulo, es posible identicar algunos elementos comunes en el panorama de
violaciones de los derechos de las personas defensoras y de los líderes y lideresas
sociales en estos territorios.
CAPÍTULO 4
PANORAMA REGIONAL-ORGANIZATIVO
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CAPÍTULO 4. PANOR AMA REGIONAL-ORGANIZATIVO
Los cuatro departamentos mencionados cuentan con recursos naturales
diversos, entre ellos yacimientos mineros y petroleros, que los convierten en
objetivos estratégicos de diversos actores económicos, políticos y militares. En estos
lugares hacía presencia la guerrilla de las FARC-EP y, tras su desarme y tránsito a
la vida civil, han sido objeto de disputa por múltiples grupos armados que buscan
controlar su territorio y su población. Son territorios en los cuales las comunidades
y organizaciones sociales tienen una amplia trayectoria de defensa de los derechos
civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.
En el escenario de la implementación del AFP, los departamentos de Antioquia,
Cauca, Córdoba y Norte de Santander constituyen zonas priorizadas y fueron focalizadas
para la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. Conforman
regiones seleccionadas para la puesta en práctica de las garantías de seguridad para
los líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y los defensores y
defensoras de derechos humanos. Además, son territorios que el gobierno de Iván
Duque ha priorizado como parte de la estrategia de intervención militar, quedando
pendiente el desarrollo de acciones que garanticen la presencia integral del Estado,
necesarias para la superación del histórico abandono estatal y de los altos índices
de pobreza existentes.
Además de los aspectos anteriormente mencionados, el Bajo Cauca, el sur de
Córdoba y la región del Catatumbo hacen parte de los territorios identicados para
el desarrollo de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, ZEII, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 1941 de 2018. Al respecto, la Corte Constitucional destacó que
estas zonas “serán objeto de planes especiales de fortalecimiento del Estado Social de
Derecho, prioridad para la prestación de servicios sociales y de medidas reforzadas
de protección a la población. Los planes no suspenderán los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial, PDET, y donde coincidan, se articularán”1. La Corte precisa
así que el desarrollo de las ZEII deberá guardar coherencia e integralidad con los
compromisos del Acuerdo Final de Paz en materia de intervención del Estado en las
zonas más afectadas por el conicto.
La continuidad de los impactos del conicto armado en estos departamentos,
la necesidad de avanzar en la implementación del AFP a partir de su reconocimiento
1 Corte Constitucional, sentencia C-040 de 2020. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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El riesgo de defend er y liderar
en el marco normativo nacional, y el imperativo de garantizar las condiciones
de seguridad para las personas defensoras, los líderes y lideresas sociales y los
exguerrilleros y exguerrilleras, son algunos de los temas en torno a los cuales las
organizaciones participantes en este capítulo esbozan la situación de derechos
humanos en sus territorios.
El apartado sobre Antioquia fue elaborado por el Observatorio del Nivel de
Riesgo a la Labor de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de La Fundación
Sumapaz, la Corporación Jurídica Libertad, CJL, y el Nodo Antioquia de la Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU. La sección sobre Cauca fue formulada
por la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia “Francisco Isaías
Cifuentes”, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y las organizaciones
de la Mesa Territorial de Garantías del Cauca. El acápite regional sobre el Catatumbo,
Norte de Santander, fue desarrollado por la Asociación Campesina del Catatumbo,
ASCAMCAT, y el apartado regional sobre Córdoba por la Asociación Campesina de
Córdoba, ASCSUCOR, y la Asociación para el Desarrollo Campesino del Alto Sinú,
ASODECAS. Estos dos últimos apartados se prepararon con el apoyo de la Comisión
Colombiana de Juristas, CCJ.
El presente capítulo incluye también un aparatado sobre las violaciones de
los derechos de los dignatarios y dignatarias de acción comunal, elaborado por
la Confederación Nacional de Acción Comunal con el apoyo de la CCJ, en el cual
se presenta un análisis detallado de los patrones de violencia contra las personas
defensoras, los líderes y lideresas comunales y sus organizaciones a nivel nacional,
identicando algunos territorios donde esta violencia se ha agudizado.
4.1 Situación de riesgo de los defensores y defensoras de
derechos humanos en Antioquia, agosto 2018-mayo 20202
Antioquia sigue padeciendo la violencia sociopolítica y sistemática dirigida
contra las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales. Este panorama
de violaciones de los derechos humanos se ha caracterizado por una lógica de
silenciamiento y estigmatización contra los procesos organizativos que critican la
exclusión y la injusticia y reclaman un cambio social. En esa oleada de violencia se
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