La Paz Total como política pública
| Autor | Germán Darío Valencia Agudelo |
| Cargo | Director revista Estudios Políticos. Economista. Especialista en Gerencia Social. Magíster en Ciencia Política. Doctor en Estudios Políticos. Coordinador de Investigación del Instituto de Estudios Políticos. Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. |
| Páginas | 10-29 |
Editorial
La Paz Total como política pública*
Después de dos décadas de confrontaciones armadas internas y sin
que se haya realizado ninguna propuesta concreta del Estado para realizar
negociaciones políticas con las guerrillas en Colombia, se inició en 1981
una larga dinámica de procesos de paz. Ese año, el gobierno de Julio César
Turbay (1978-1982) les propuso a todas las organizaciones insurgentes
implementar una amnistía condicional —Ley 37 de 1981—, con la que abrió
las puertas para incentivar los acercamientos, facilitar la dejación de armas
y avanzar en la reinserción a la vida civil de excombatientes (Valencia,
2019, p. 144).
Desde aquel momento y hasta la fecha —diciembre de 2022—, el
país ha mantenido distintas iniciativas para construir la paz en todos los
gobiernos nacionales, logrando hasta el momento varios pactos de paz que
van desde la firma de cese al fuego y de hostilidades —como los que se
vivieron en la década de 1980— hasta acuerdos comprensivos —como el que
se dio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo (FARC-EP) en 2016—, pasando, en especial, por las experiencias de
desmovilizaciones armadas —individual o colectiva— mediante programas
de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) —como los que se dieron
con las exguerrillas en la década de 1990 o con las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) en la década del 2000— (Hincapié y Valencia, 2014;
Valencia, 2019).
A pesar de estos esfuerzos de los distintos gobiernos por ponerle fin
a todos los conflictos armados, hasta el momento no ha sido posible llegar
a una situación de paz completa.1 Han tenido que gobernar en una especie
de alternancia entre guerra y paz, una situación repetitiva de búsqueda
*Este texto es resultado del proyecto de investigación Estructuras de gobernanza para el posacuerdo
con las FARC-EP en Colombia (2016-2020)
de salida negociada al conflicto con unos grupos armados, mientras se
mantiene una confrontación violenta con otras agrupaciones (Valencia,
2013), incluso se tuvo la aparición de nuevas agrupaciones armadas
ilegales. Esta última situación la hallamos a principio de 1990, en la que
mientras se firmaban varios acuerdos de paz con las guerrillas se presentó
el surgimiento y crecimiento del paramilitarismo; o como viene ocurriendo
en este último lustro (2017-2022), en el que luego de la dejación de armas
de las FARC-EP se asiste en este periodo de posacuerdo a un rebrote de las
bandas criminales en todo el territorio nacional.
En este último periodo, el país ha visto cómo, luego de la salida de esta
insurgencia de la guerra, diversos actores ilegales vienen disputándose el
control territorial y las rentas criminales, aumentando la violencia contra la
población civil y la cantidad de víctimas (Charry, 2016, p. 55). Desde 2017,
Colombia ha experimentado un incremento generalizado en casi todas las
variables con las que se hace seguimiento a la violencia: los asesinatos de
líderes y lideresas y de excombatientes, las masacres, el desplazamiento
forzado, el despojo forzado de tierras, los secuestros y la violación de
derechos humanos (Pares, 2022).
En el último periodo el país se está convirtiendo, nuevamente, en
lugar de miedo y zozobra para todas las poblaciones (Cudris y Barrios,
2018, p. 80; Indepaz, 2022, agosto 2). Organizaciones defensoras de
derechos humanos (Human Rights Watch, 2022, agosto 19) o las que
hacen seguimiento al conflicto, como el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), muestran cómo al inicio del gobierno de Gustavo Petro —
agosto de 2022— en el país se reconocían, por lo menos, seis conflictos
armados —o guerras—, cuyos teatros de confrontación más dinámicos
son los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Cauca y Norte de
Santander (Oquendo, 2022, agosto 9). Confrontaciones que tienen como
principales responsables a los grupos armados organizados (GAO), como
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y la
Segunda Marquetalia —la cual es una resurgencia— y otros como el Clan
del Golfo —grupo paramilitar que emergió luego del fracaso del proceso
de Justicia y Paz, y que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de
1
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