El control judicial de las políticas públicas como instrumento de inclusión de los Derechos Humanos
| Autor | Manuel Fernando Quinche-Ramírez - Juan Camilo Rivera-Rugeles |
| Cargo | Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. - Abogado de la Universidad del Rosario, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas |
| Páginas | 113-137 |
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ISSN:0041-9060
El CoNtrol JUdiCial dE laS PolÍtiCaS PÚBliCaS CoMo iNStrUMENto dE iNClUSiÓN dE loS dErECHoS HUMaNoS*
HUMAN RIGHTS PUBLIC POLICIES JUDICIAL OVERSIGHT AS INSTRUMENT OF INCLUSION
Manuel Fernando Quinche-Ramírez**
Juan Camilo Rivera-Rugeles***
fecha de recepción: 26 de abril de 2010 fecha de aceptación: 31 de agosto de 2010
* Este artículo es uno de los productos de la ejecución del proyecto de investigación denominado
Derecho Constitucional colombiano contemporáneo, de la Línea de investigación Sistema jurídico. Sistema constitucional y de protección, del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
** Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Contacto: polidamante50@hotmail.com, manuelf.quinche@urosario.edu.co
*** Abogado de la Universidad del Rosario, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas.
Contacto: jcrivera182@hotmail.com
Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 121: 113-138, julio-diciembre de 2010.
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rESUMEN
Los derechos humanos establecen, a la vez, objetivos y márgenes de acción que deben ser tenidos en cuenta por las políticas públicas. Sin embargo, es frecuente que estas últimas no incorporen a los primeros, bien sea por desatención, falta de capacidad o incluso por intransigencia de quienes las elaboran. En este contexto, el control judicial puede ser una herramienta útil para exigir que en el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas se tomen en cuenta las obligaciones que se desprenden de los derechos humanos. Especíicamente, se muestra que en determinadas circunstancias las denominadas sentencias de reforma estructural pueden servir para el logro del mencionado objetivo, ya que ellas pueden impulsar reformas profundas en políticas estatales deicientes (que desconocen derechos humanos) y a la vez establecer mecanismos de supervisión valiosos para promover que las reformas ordenadas sean adoptadas y puestas en marcha.
Palabras clave autor: políticas públicas, control judicial, derechos humanos, Corte Constitucional, sentencias de reforma estructural, derecho a la salud.
ABSTRACT
human rights provide, at a time, objectives and margins of action that should be taken into account by public policy. however, the latter often fail to incorporate the irst, either by neglect, lack of capacity or even the intransigence of policy-makers. in this context we believe that judicial review can be a useful tool to require that the process of formulating, implementing and evaluating public policies take into account the human rights obligations. speciically, we will try to show that in certain circumstances the so-called structural reform remedies can serve the achievement of this target, because they can promote deeper reforms in poor government policies (that ignore human rights) while establishing valuable oversight mechanisms to promote reforms ordered by the judges are adopted and implemented.
Key words author: public policies, judicial review, human rights, constitutional court, structural injunction, right to health.
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EL CONTROL JUDICIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
SUMario
Introducción.- I. Concepto y elementos de las políticas públicas.- II. La relación entre las políticas públicas y los derechos humanos.- III. El control judicial constitucional de políticas públicas: evaluación del (in)cumplimiento de los derechos humanos en su formulación, implementación y evaluación.- IV. Sentencia T-760 de 2008. La respuesta de la Corte Constitucional a los problemas estructurales de la política pública en salud en Colombia.- V. Valoración de la sentencia de reforma estructural T-760: potencialidades, limitaciones y riesgos.- 1. Argumentos en contra de la emisión de sentencias de reforma estructural.- a. La consideración del argumento, según el cual, las sentencias de reforma estructural afectan la división de poderes.- b. La consideración del argumento según el cual los jueces carecen de la capacidad institucional para establecer el funcionamiento de una política pública.- 2. El seguimiento de las órdenes impartidas por la Sentencia T-760 de 2008.- Conclusiones.- Bibliografía.
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iNtrodUCCiÓN
Tradicionalmente se ha considerado que las políticas públicas y los derechos humanos pertenecen a dos discursos diferenciados, que no guardan relación ni puntos de contacto entre sí. Quienes sostienen lo anterior aducen que esto se debe a que mientras que las primeras se elaboran y regulan por argumentos de carácter técnico y operativo, los segundos se construyen y funcionan por argumentos normativos y discursivos, por lo que en principio estos no tendrían nada que aportar a aquellas1.
Sin embargo, la pretendida separación entre las políticas públicas y los derechos humanos no pasa de ser un lugar común, carente de justiicación plausible. en lugar de ser temas opuestos o alejados, lo cierto es que guardan una relación cercana. en efecto, si se tiene en cuenta que las políticas públicas están sometidas a determinadas reglas de juego deinidas por normas jurídicas, incluyendo aquellas que reconocen derechos humanos, es válido airmar que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos constituye una regla que debe ser tenida en cuenta en el diseño, formulación e implementación de políticas.
ahora bien, es claro que el simple reconocimiento de derechos humanos mediante normas jurídicas no es suiciente para que las políticas públicas atiendan las obligaciones que ellos imponen. Por el contrario, son numerosos los ejemplos de políticas públicas que no las toman en cuenta. es por lo mismo que frente a la inobservancia de los derechos humanos en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas el papel de la justicia constitucional cobra especial valor con miras a dar eicacia a esas obligaciones, tal como la práctica lo demuestra.
este importante rol que cumplen los jueces en la exigibilidad de los derechos humanos frente a las políticas estatales es el tema de este artículo, el que se trabaja en cinco secciones, así: en la primera y con la intención de lograr cierta claridad analítica, se hacen precisiones alrededor del concepto y los elementos de la expresión “política pública”. en la segunda, se explica la relación que existe entre las políticas públicas y los derechos humanos, como límites y márgenes de maniobra de las primeras. el tercer apartado explica la forma como la justicia constitucional se ha involucrado en el control de las políticas públicas, en el objetivo de hacer cumplir las obligaciones que imponen los derechos humanos, lo que es ejempliicado con la revisión de la política pública de seguridad social en salud de Colombia. Por último, se realiza una valoración de la práctica judicial de control de políticas públicas
1 luis Pérez, desarrollo, derechos sociales y políticas públicas, en Los derechos sociales en serio: hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas, 73 (luis Pérez, César Rodríguez y Rodrigo uprimny, eds., Centro de estudios de derecho Justicia y sociedad-deJusticia) & instituto para la investigación educativa y el desarrollo Pedagógico-ideP, Bogotá, 2007).
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EL CONTROL JUDICIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
desde la revisión del sistema de salud, identiicando los aspectos positivos y negativos, así como las presuntas limitaciones de este tipo de control. la tesis central del artículo es que el control judicial constitucional es una herramienta útil para exigir que las políticas públicas cumplan con los compromisos que imponen los derechos humanos, como lo evidencia, en el caso colombiano, el tratamiento judicial del derecho a la salud.
i. CoNCEPto Y ElEMENtoS dE laS PolÍtiCaS PÚBliCaS
aunque la expresión “política pública” es ampliamente utilizada (por académicos, políticos, organizaciones civiles, entre otros), no es fácil explicar con precisión a qué se reiere, al igual que ocurre con otras nociones y conceptos del derecho.
a esa falta de precisión del término ha ayudado la pluralidad de deiniciones formuladas por quienes se han ocupado del tema, las que son un relejo de la variedad de enfoques teóricos y metodológicos que se han abordado para el análisis2. esta diferencia de enfoques y deiniciones ha impedido llegar a un consenso alrededor del contenido de la expresión, dando lugar a que en la actualidad coexistan deiniciones alternativas, que impiden su utilización de manera estandarizada.
Para superar la diicultad analítica derivada de la imprecisión en examen, algunos autores han puesto de presente que, más allá de los detalles especíicos de las deiniciones propuestas, todas ellas coinciden en destacar algunos elementos comunes relacionados con las políticas públicas, que contribuyen a dar cierta claridad al uso de la expresión. de acuerdo con Roth, existen cuatro elementos frente a los cuales se está en presencia de una política pública: 1) la identiicación de situaciones en las cuales se pretende intervenir, bien sea porque se trata de eventos considerados como problemáticos, o bien porque existen intereses políticos que exigen que así se haga; 2) la deinición de objetivos que guiarán la intervención en las situaciones previamente identiicadas; 3) la creación y el diseño de programas, acciones o medidas que tengan como propósito la consecución de los objetivos trazados con anterioridad, y 4) todo ello, contando con la participación del estado, bien sea esta directa o indirecta3.
2 Para ilustrar este punto...
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