Principio de la buena fe y responsabilidad de la administración pública - Núm. 149, Junio 2010 - Revista Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 745735093

Principio de la buena fe y responsabilidad de la administración pública

AutorRoosvelt Jair Ospina Sepúlveda
CargoAbogado de la Universidad de Cartagena. Especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia
Páginas189-215
PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y RESPONSABILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Roosvelt Jair Ospina Sepúlveda**
RESUMEN
En nuestro ordenamiento jurídico se elevó a rango constitucional el postulado de la buena
fe (artículo 83 C.P.). Dicha norma establece una presunción con efectos procesales a favor
del particular cuando actúa frente al Estado y a favor del servidor público para efectos de
su responsabilidad personal. El principio de la buena fe reivindica uno de los aspectos más
importantes del ser humano: la dignidad; además, cumple una triple función operativa en el
derecho: es fundamento del ordenamiento jurídico, informa la labor interpretativa y es un
instrumento de integración. Sin embargo, en nuestro sistema no han sido claras las posiciones
adoptadas por los órganos encargados del control de la función administrativa, así como por
la Corte Constitucional, en cuanto tiene que ver con los destinatarios de la presunción allí
establecida. Pues bien, si dicho texto es entendido como un Principio General de Derecho, en el
marco de un Estado Social de Derecho, en el cual los valores adquieren un carácter vinculante,
entre ellos el valor de la dignidad humana, se hace necesario aceptar que las decisiones racionales
y razonables del servidor público, deben presumirse de buena fe, tal como ocurre con la actuación
de los particulares.
Palabras clave: Principio de Buena Fe, Principio General de Derecho, Presunción Constitucional,
Dignidad Humana; Principio de Legalidad, Proporcionalidad.
GOOD FAITH PRINCIPLE AND RESPONSIBILITY OF THE PUBLIC
ADMINISTRATION
ABSTRACT
In our legal system the postulate of good faith (article 83 of Politic Constitution of Colombia)
was uplifted to constitutional rule. That rule establishes a presumption with effects in the process
that benefices to the people when act front to the State and it benefices the public server for
effects in his personal responsibility. Principle of good faith restores one of the most important
aspects of the human: dignity, as well, that complies three operative functions in the law: is the
foundation of the legal system, informs the interpretative job and is an instrument of integration.
However, in our system haven´t been clear the positions adopt by the organs responsible for the
control of the administrative function, like that by the Constitutional Court, with respect to the
related with the addresses of the presumption establishes in that. Now, if this text is understood
how a General Principle of Law, in the marc of a Social State of Law, in that the values obtain a
binding character, between they are the value of the human dignity, is necessary to accept that
the rational decisions and reasonable of the public serves, must suppose that are of good faith,
just as happen with the actuation of the people.
Keywords: Principe of the Good Faith, General Principle of the Law, Constitutional Presumption,
Human Dignity, Legality Principle, Proportionality.
** Abogado de la Universidad de Cartagena. Especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Derecho
de la Universidad de Antioquia.
Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXVII. Nº 149, Junio 2010.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia
PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y RESPONSABILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NOCIÓN PRELIMINAR
Desde tiempos pretéritos se ha aceptado el valor del principio de la buena fe en
las relaciones privadas, sobre todo en las relaciones jurídicas civiles y comerciales
como un reconocimiento de la dignidad humana, en virtud del cual los negocios
jurídicos se presumen pactados de buena fe y obligan no sólo a lo que el tenor
literal del respectivo negocio jurídico expresa, sino a todo aquello que de su natu-
raleza intrínseca emana. Esta caracterización consensual ha sido aceptada en las
relaciones bilaterales de los Estados en virtud del principio “pacta sum servanda”,
como una de las representaciones de su aplicabilidad en el derecho público. Nues-
tra Constitución Política lo consagró expresamente en su artículo 83, para regular
las relaciones entre los particulares y el Estado, presumiendo la buena fe de los
particulares cuando actúan frente al Estado.
El principio general de la buena fe ha entrañado desde sus orígenes más remotos
una misma signicación: ideas de Lealtad y de Conanza (des o bona des)1,
1 Para la jurista colombiana MARÍA JOSÉ VIANA CLEVES, la noción de buena fe contiene dos elementos
fundamentales: la lealtad y la transparencia. Del primero resalta que entraña el cumplimiento de lo prome-
tido (de la palabra dada); mientras que de la transparencia nos indica que “es el deber que implica poner
de maniesto todos los aspectos relevantes para que las partes de una relación jurídica puedan denir sus
propias conductas”. Para denir lealtad con mayor rigor recurre a la denición que de dicho término realiza
la Real Academia Española de la Lengua: “cumplimiento de lo que exigen las leyes de la delidad”. A su
vez, dene el término delidad como “(…) la existencia de un acto o promesa primigenia, seguida de actos
posteriores que le son coherentes y armónicos. De esta manera, cuando se viola la lealtad, se vulnera la
conanza en que se llevaría a cabo un comportamiento adecuado al acto o promesa primigenia que dio
lugar a la relación jurídica que ahora se ve afectada. No ocurre lo mismo, en cambio, con elemento de la
transparencia, propio de la buena fe. La transparencia exige por sí misma la coherencia con actos o promesas
previas, sino una conducta clara que permita visualizar lo que hay detrás de un acto o promesa que tenga
la vocación de producir efectos jurídicos. Dado que la transparencia no exige la delidad o adecuación a
actos o promesas previas, su desconocimiento no implica la violación de la conanza legitima, pues no puede
armarse que la conanza se consolida sin actos previos que induzcan a una parte de la relación jurídica
a esperar determinada conducta de su contraparte (…)” MARÍA JOSÉ VIANA CLEVES, El principio de
Conanza Legitima en el derecho Administrativo colombiano, Universidad Externado de Colombia Bogotá,
Primera Edición año 2007, Págs. 40 y 45. En la presente propuesta, además de los componentes explicados
por la citada autora: lealtad y transparencia, entenderemos la honestidad, como un elemento consustancial
a la buena fe, pues dicha noción entraña esta virtud moral, como la conducta esperada de todo ser humano.

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