Principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos: Excepciones en la jurisprudencia constitucional y su aplicación en decisiones del Consejo de Estado (1992-2019) - Núm. 54, Julio 2020 - Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas - Libros y Revistas - VLEX 876169508

Principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos: Excepciones en la jurisprudencia constitucional y su aplicación en decisiones del Consejo de Estado (1992-2019)

AutorNataly Vargas Ossa
CargoAbogada U de A, Magíster en Derecho Administrativo del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, estudiante de Doctorado en Derecho de la U de A, integrante del grupo de investigación de la Maestría en Derecho Administrativo de la UNAULA
Páginas150-177
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH ARTICLE
Principio de inembargabilidad
de los bienes y recursos públicos:
Excepciones en la jurisprudencia
constitucional y su aplicación
en las decisiones del Consejo
de Estado (1992-2019)*
The Principle of Nonseizability of Public Assets
and Resources: Exceptions in Constitutional
Jurisprudence and Their Application in Decisions
of the Council of State (1992-2019)
* Artículo de investigación realizado en el marco de la línea de investigación en Derecho
Procesal Administrativo, bajo la temática: Medios de control y acceso a la administración de
justicia, desarrollada dentro del Grupo de Investigación de la Maestría en Derecho
Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana –UNAULA- Nataly Vargas Ossa
NA T A L Y V A R G A S O S S A
Abogada U de A, Magíster en Derecho Administrativo del Colegio Mayor Nuestra Señora
del Rosario, estudiante de Doctorado en Derecho de la U de A, integrante del grupo de
investigación de la Maestría en Derecho Administrativo de la UNAULA.
nataly.vargasos@unaula.edu.co natalyvargas1@yahoo.es
Fecha de recepción: 3 de febrero de 2020
Fecha de aceptación: 21 de octubre de 2020
Resumen
La inembargabilidad general que consagra el artículo 63 de la Constitución Política de 1991
ha sido reconocida como una garantía necesaria para preservar los recursos destinados a
satisfacer los fines del Estado. Su desarrollo normativo ha provocado importantes conflictos
con el derecho de acceso a la justicia, la propiedad, la vigencia y reconocimiento de los
derechos fundamentales y el principio de seguridad jurídica.
Dicha tensión ha sido estudiada, desde el análisis jurisprudencial, aplicada a decisiones de la
Corte Constitucional proferidas entre 1992 y 2019, de donde se identificaron tres criterios que
exceptúan la inembargabilidad de los bienes y recursos públicos: i) la necesidad de satisfacer
créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en con-
diciones dignas y justas, ii) cuando se trate del pago de sentencias judiciales para garantizar
la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) ante
la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del
Estado. Al observar la aplicación de dicho precedente por el Consejo de Estado, se evidencia su
adopción y aplicación a los procesos ejecutivos desde los años noventa y hasta la actualidad.
PA L A B R A S C L A V E
Inembargabilidad, embargabilidad, derecho de prenda general, acceso a la justicia, proceso
ejecutivo.
Abstract
Protection against the seizure of public assets as enshrined in Article 63 of the 1991 Politi-
cal Constitution has been recognized as necessary to guarantee that the State has sufficient
resources to carry out its functions. However, the normative development of this law has
generated important conflicts in relation to the right of access to justice, property, the
validity and recognition of fundamental rights, and the principle of legal security.
The article addresses these tensions through analysis of legal decisions of the Constitutional
Court emitted between 1992 and 2019, in which three exceptions to the nonseizability of
public assets and resources were identified: i) when the state needs to make good on debts or
other obligations in respect of public sector workers in order to guarantee the right to work
in dignified and fair conditions; ii) when the state is legally bound to pay compensation for
damages in order to guarantee legal security and the rights of those affected by the state’s
actions; and iii) when it is a question of the fulfilment of a clear, express and legally enfor-
ceable obligation contained in an executive order issued by the state. These exceptions have
been adopted by the Council of State and applied to executive proceedings from the 1990s
to the present.
KE Y W O R D S
Nonseizability, seizure of assets, general right of surety, access to justice, executive process.

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