Procedimiento de aforo
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CONSEJO DE ESTADO
Medidas cautelares en procesos judiciales
Debe hacerse un estudio cuidadoso de los títulos de propiedad de los bienes sobre los cuales se soliciten,
de lo contrario, los yerros en dicho estudio no generan responsabilidad frente al operador judicial
En el caso sub lite, respecto de la Nación - Rama
lo referente al proceso de medidas ejecutivas y el
“Simultáneamente con el
mandamiento ejecutivo, el juez d ecretará, si fueren
procedentes, los embargos y secu estros de los bie-
nes que el ejecutante denuncie c omo de propiedad
del ejecutado, bajo juramento que se considerará
prestado por la presentación del esc rito, los cuales
se practicarán con sujeción a lo dispue sto en el
Por
lo tanto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito en
diferentes oportu nidades solicitó al apoderado de la
parte ejecutante d ar información exacta correspon-
secuestro, y el propio abogado manifestaba siempre
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ban todos en el folio de matrícula No. 290-0078498,
reiteró tal postur a pero así mismo conocía de loteo
de matrícula corre spondiente al No. 290-0078948
tenía información sobre difere ntes folios de matrí-
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continuó con el proceso ejecutivo. Pero adviértase
lo solicitado por el apoderado y teniendo en cuen-
analizar los predios objeto de medida s ejecutivas,
mal podría el juez realiza r el trabajo de la parte
en la obligación de continuar con el proceso de la
mano con lo expresado por el apoderado, en este
caso, de la parte ejecutante. A hora bien, respecto de
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cripción del embargo en el folio de matrícula 290-
Incluso se advertían situa ciones respecto de dicho
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realizado el estudio necesa rio para tener certeza si
los predios correspondían o no a la socied ad ejecu-
tada. La medida del Juzgado se c orrespondía con
de un folio de matrícula de mayor extensión. Por
lo tanto, refuerza aún má s la falta de diligencia del
apoderado en estud iar el folio de matrícula y los
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dad dentro del proceso ejecutivo. Incluso, se invitó
a la parte actora ace rcarse a las instala ciones de
la entidad para efectua r el estudio de folios y de
ejecutivo. Por lo tanto, al estudiarse las causales
exonerativas, éstas conllevan a la “exclusión de la
posibilidad de atribuir ju rídicamente la responsa-
bilidad de reparar el da ño a la entidad demandada;
es decir, la operatividad en un s upuesto concreto
de alguna de las referidas “exime ntes de respon-
sabilidad” no destruye la t antas veces mencionada
relación de causalidad, sino la imputación”. Dentro
de las causales, sobresale para el caso en concre to
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ca para enervar tot almente la responsabilidad a la
entidad demandad a. Así, como lo ha sostenido la
jurisprudencia de la Cor poración, en simila r sen-
la víctima) fue decisivo, determinant e y exclusivo
en la producción del daño. (Cfr. Consejo de Esta-
Procedimiento de aforo
Etapas
Los artículos 715 a 719 del Estatuto Tri-
inicia con el denominado emplazam iento
para declarar, acto mediante el cua l la Admi-
cumplan ese deber dentro del tér mino de un
(1) mes y les advierte de las con secuencias en
caso de persistir en la omisión. El efecto de
no presentar la declaración respect iva dentro
la imposición de la sanción por no declarar
prevista en el artícu lo 643 ibídem. Agotado
el procedimiento previsto en los citado s ar-
tículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario,
la Administra ción, dentro de los cinco años
siguientes al vencimiento del plazo señalado
para declarar, puede determ inar, median-
lo dispuesto en el artículo 717 ibídem. En
suma, el procedimiento de a foro comprende
3 etapas, a saber: (i) el emplazamiento por no
declarar, (ii) la sanción por no declarar y (iii)
(Cfr. Consejo de Estado,
Teresa Briceño de Valencia).
Asambleas departamentales
Son competentes para prohibir el consumo
de la dosis personal en vías públicas y parques
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mitido de la dosis personal de estupefacien-
tes, no es un derecho fu ndamental, como lo
considera el actor, sino el reconocimiento de
una situación personal, en r espeto precisa-
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tege el libre desarrollo de la personalid ad,
los derechos de los demás y el orden jurídi-
co. Así las cosas, como lo explicó el a quo,
la prohibición consagrada en la Ordena nza,
es desarrollo de la norma sup erior: Decreto
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te ante esta Corpor ación, no ha sido anulado
de legalidad. A juicio de la Sala, prohibir el
consumo de sustancias sicotr ópicas en vías
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contribuyen al bienestar y segu ridad general,
al orden público, la salud y a la protección de
los derechos y libertades de la s personas. Si
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sumir o port ar dosis personal de drogas f ue
inspirada en el respe to por el libre desarrollo
de la personalidad, este d erecho también lo
tienen las demás personas no c onsumidoras
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rar aire puro y las vía s públicas para transitar
(Cfr. Consejo
de Estado, Sección Pr imera de lo Contencioso
Dra. María Elizabeth G arcía González).
Derecho de petición
No se vulnera cuando se niegan las solicitudes del peticionario
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sanción, ni en virt ud de un proceso disciplinario o penal, sino en ejercicio de las facultade s concedidas
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sea negativa a las pretensiones del peticionario, en tanto el conten ido del derecho de petición no va hasta
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