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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 24786 del 06-09-2007

EmisorSala de Casación Penal
PonenteYESID RAMÍREZ BÁSTIDAS
Número de expediente24786
Fecha06 Septiembre 2007
Tipo de procesoCASACIÓN
Proceso No 20307

Proceso No 24786

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Y.R.B.

Aprobado Acta N° 162

Bogotá, D.C., septiembre seis (6) de dos mil siete (2007).

VISTOS:

Resuelve la S. el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado O.G.G. y el Procurador Judicial II Número 85, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por medio de la cual confirmó y modificó la dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés Islas, imponiéndole al citado y a J.A. y M.M.M. como pena principal prisión de 66 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, al encontrarlos penalmente responsables de las conductas punibles de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, previstas en los artículos 365 y 366 del Código Penal.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

1. Mediante oficio suscrito por un oficial de la Fuerza Naval del Caribe perteneciente al Comando Específico San Andrés y Providencia, de fecha 4 de mayo de 2005, se informó a la F.ía Especializada sobre la existencia de unas armas de fuego de largo y corto alcance en una residencia del barrio C., por la llantería La Piragua.

2. En la misma fecha la F.ía ordenó adelantar diligencia de allanamiento y registro, arrojando como resultado la incautación de 14 fusiles AK-47, 1 fusil FAL, 1 fusil M16 A1, una subametralladora M. calibre 9 mm., 64 granadas de 40 mm., 15 proveedores de AK-47, un proveedor para fusil M16 A1, un proveedor de fusil FAL, 2 proveedores para subametralladora M., material calificado como de uso privativo de las fuerzas militares[1].

3. En el lugar de los hechos fueron capturados O.G.G., J.A. y M.M.M., quienes una vez declarada la apertura de la instrucción fueron escuchados en diligencia de indagatoria, en la que se les informó expresamente por el instructor:

“A usted (es) se le (s) formulan cargos por el delito de tráfico de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, artículo 366 del C.P.[2].

4. Mediante resolución de 5 de mayo de 2005 a los sindicados les fue impuesta por el fiscal instructor medida de aseguramiento de detención preventiva al considerarlos autores de un punible contra la seguridad pública[3], pues encontró

“que en el expediente reposan diversos elementos de convicción que demuestran la existencia del tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares”[4].

Enseguida expresó que el delito de

“tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares cuya existencia hemos comprobado”[5]

debe atribuirse a los indagados.

5. En diligencia de inspección judicial[6] practicada el 10 de mayo de 2005, con la asistencia de perito se describió e identificó el material bélico incautado. Se precisó respecto del mismo (i) que de los 14 fusiles AK47 solamente 4 corresponden a tal denominación genérica y 10 a la especie calificada como AKM, calibre 7.62X39, y (ii) respecto de las 64 granadas HE A1 de 40 mm. se dijo que

“sirven como munición y explosivo… Como explosivo sirven con cordón detonante”[7].

6. Los tres procesados manifestaron en ampliación de indagatoria su deseo de acogerse al mecanismo de la sentencia anticipada[8], motivo por el cual el 16 de mayo de 2005 fue celebrada la diligencia de formulación de imputación de cargos, oportunidad en la que los asegurados aceptaron ser responsables de las conductas delictivas descritas en los artículos 365 y 366 del Código Penal.

7. Tomando en cuenta el acta de formulación de cargos el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado condenó a los procesados a las penas de 86 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como autores responsables de los delitos descritos en los artículos 365 y 366 del Código Penal.

8. Los defensores de los procesados apelaron la decisión del a quo al considerar que (1) se incurrió en error al aplicar la dosimetría penal y (2) se vulneró el debido proceso, y el Tribunal Superior, a través del fallo recurrido en casación, expedido el 4 de agosto de 2005, redosificó la pena y confirmó en lo demás lo resuelto por el juez de primer grado.

LAS DEMANDAS:

1. La presentada por el defensor de O.G.G.:

El defensor presentó, al amparo de la causal tercera del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, un cargo único contra la sentencia acusándola de haber sido proferida en un juicio viciado.

Dice el libelista que se vulneró el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 306-2 del Código de Procedimiento Penal, pues se atribuyó un concurso de conductas punibles siendo que la única imputable al procesado es la del artículo 366 del Código Penal, porque los elementos encontrados en su poder corresponden en su totalidad a los denominados como de uso privativo de las fuerzas militares.

Por lo expuesto solicita casar el fallo para que se decrete la nulidad de la actuación y se rebaje la pena impuesta a su protegido.

2. La presentada por el Procurador Judicial:

Cargo primero: Violación directa de una norma de derecho sustantivo por aplicación indebida del artículo 29 en concordancia con el artículo 6° del Código Penal y 293 y 351-1 de la Ley 906 de 2004 y consiguiente falta de aplicación del artículo 40-3 de la Ley 600 de 2000.

Considera que para la época de los hechos en el Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no estaba en vigencia y por lo mismo no era aplicable la Ley 906 de 2004, razón por la cual dicho estatuto no podía ser tenido en cuenta para las decisiones que se tomaron –rebaja de pena–, más cuando los institutos de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y el allanamiento a los cargos y los preacuerdos del estatuto procesal de 2004 si bien son afines no son idénticos, pues obedecen a mecánicas y filosofías distintas, por lo que al equipararlos el ad quem incurrió en un grave error de juicio.

Solicita que se case la sentencia y se dicte fallo de reemplazo.

Cargo segundo: Violación directa de una norma de derecho sustancial por aplicación indebida del artículo 61 del Código Penal y por falta de aplicación del artículo 58-10 y 61-2 ibídem.

Señala que en la aplicación de la pena se incurrió en un error al no ser tenida en cuenta la causal de agravación referida a la coparticipación criminal, de donde surgió una pena benigna pues en el proceso de dosificación punitiva se partió del primer cuarto.

A juicio del demandante la agravante podía ser aplicada a pesar de no estar referenciada expresamente en el pliego...

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