Proyecto de Ley 052 de 2018 Cámara - 2 de Agosto de 2018 - Gaceta del Congreso - Legislación - VLEX 736558997

Proyecto de Ley 052 de 2018 Cámara

por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. 5.1.0.2. Grupo de Consolidación Presupuestal

Bogotá, 27 de julio de 2018

Doctor

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

Secretario General

Cámara de Representantes

Edificio Nuevo del Congreso ¿ Capitolio

Carrera 7 calle 8 y 9

Bogotá, D.C.

No. Expediente 26462/2018/OFI

Asunto: Remisión Proyecto de ley número 052 de 2018 Cámara, Presupuesto General de la Nación 2019

Apreciado doctor:

En forma atenta y dentro del plazo señalado en el artículo 346 de la Constitución Política, me permito enviarle un (1) original, tres (3) (tapias y cuatro (4) CD-ROM del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2019, ¿por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019¿.

Cordial saludo,

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Anexo: 4 ejemplares y 4 CD-ROM

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2019 CONTENIDO

PRIMERA PARTE

MENSAJE PRESIDENCIAL

ANEXOS AL MENSAJE PRESIDENCIAL

I. EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA 2019

II. ARMONIZACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS DEL PGN BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PGN 2019

I. RESUMEN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 2018

II. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES 2019

III. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 2019

IV. RESUMEN HOMOLOGADO PRESUPUESTO NACIÓN Y EL PLAN FINANCIERO 2019

V. INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2017

VI. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 ACUMULADO AL PRIMER SEMESTRE

VII. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES QUE AUTORIZARON LA CREACIÓN DE RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA -RDE

VIII. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) Y EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - AÑO GRAVABLE 2017

IX. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL PGN 2019

SEGUNDA PARTE

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2019 ANEXO DE GASTO SOCIAL DEL PGN 2019

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DE INGRESOS PGN 2019

MENSAJE PRESIDENCIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2019

MENSAJE PRESIDENCIAL

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2019

En cumplimiento de la Constitución Política y de la normatividad presupuestal, el Gobierno nacional presenta a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2019[1][1]. Esta es una de las más importantes iniciativas que el ejecutivo somete a consideración de esa Alta Corporación y al escrutinio de los ciudadanos, pues, es a través del presupuesto que se materializa la mayoría de las iniciativas de política pública.

Este proyecto cumple con la normatividad vigente y con las metas que se derivan de la programación macroeconómica y fiscal contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018 (MFMP 2018). Se ha formulado de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP), y demás normas presupuestales vigentes, en especial la Ley 819 de 2003, la Ley 1473 de 2011, mediante la cual se establece una regla fiscal para el Gobierno Nacional Central (GNC); la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País (PND), y el Decreto Único Reglamentario No. 1608 de 2015.

El de 2019 es el último proyecto de ley de presupuesto que presenta esta administración y el primero que ejecutará la que asuma el gobierno el próximo 7 de agosto, con los ajustes que crea pertinentes proponer en el curso de las deliberaciones que se adelanten en la fase de análisis, debate y aprobación en el Congreso.

El presupuesto propuesto asciende a $259 billones, de los cuales $243 billones se financian con ingresos de la Nación y $16 billones con recursos propios de las entidades descentralizadas del orden nacional que hacen parte del PGN. Este proyecto de ley incorpora las partidas necesarias para garantizar la operación de los órganos que lo integran y la atención de las obligaciones a cargo de la Nación y ha sido formulado siguiendo estrictos criterios de austeridad, en consonancia con la disponibilidad de recursos.

Sobre esta base, este proyecto incluye las apropiaciones definidas en el plan operativo anual de inversiones públicas (POAI) y las autorizadas mediante el mecanismo de vigencias futuras; atiende la financiación de programas sociales que benefician a la población más vulnerable; acata las sentencias y mandatos de los jueces y de las altas cortes; honra los compromisos de la Nación con sus servidores y pensionados, y con sus acreedores, internos y externos, entre otras obligaciones. Para atenderlas, hemos priorizado la asignación de los recursos disponibles de manera que este sea un presupuesto fiscalmente responsable y macroeconómicamente consistente, y cumpla estrictamente con las metas de la regla fiscal.

Con esta misma orientación, hemos procurado asignar los recursos necesarios para atender el cumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por la Nación, en especial el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (COP21)[2][2] y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que define la nueva Agenda de Desarrollo Global hacia el año 2030 para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad[3][3].

I. SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD FISCALES

Desde el inicio de nuestra primera administración en 2010 fuimos conscientes de la importancia de proteger la sostenibilidad y la transparencia fiscales como instrumentos fundamentales para hacer más eficiente y responsable la gestión de los recursos públicos. Esta temprana preocupación derivó en la creación y desarrollo de una nueva institucionalidad fiscal, siendo muy importante en este proceso el apoyo del Congreso de la República.

En efecto, mediante acto legislativo el Congreso aprobó que el manejo de las finanzas públicas debe realizarse en un marco de la sostenibilidad fiscal[4][4], el cual deberá actuar como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho, preservando la primacía del gasto social. Posteriormente, esta misma Corporación aprobó la Ley 1695 de 2013 que desarrolla el marco de sostenibilidad fiscal y reglamenta la figura de incidente de impacto fiscal y la Ley 1473 de 2011, que establece una Regla Fiscal para el Gobierno Nacional Central, GNC, y fortalece el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, MGMP.

Gracias a los cambios introducidos en materia macroeconómica y fiscal, que sin duda mejoran y complementan los aprobados en anteriores administraciones, el país cuenta a la fecha con una caja de herramientas de política particularmente útil y poderosa, la cual, mirada en su conjunto, es un ejemplo de la responsabilidad con que los diferentes gobiernos han gestionado las finanzas públicas. Este desarrollo legislativo nos ha permitido hacer frente exitosamente a situaciones difíciles que durante el presente decenio han significado grandes desafíos para la economía.

En la práctica, el nuevo instrumental de política, elogiado por agencias internacionales y organismos multilaterales y ejemplo par a otros países, ha mostrado su pertinencia y capacidad para acomodar con éxito la política fiscal a situaciones económicas favorables, como ocurrió durante la primera mitad de este decenio. Y para hacer frente a choques externos e internos desfavorables, como aconteció en el caso del colapso, a mediados de 2014, de los precios internacionales de las materias primas, en particular del petróleo.

En todos estos casos se pudo mantener el crecimiento económico en números positivos[5][5], por encima de los niveles mostrados por la mayoría de las economías de la región. Esto ocurrió así, gracias a la acción coordinada de las autoridades económicas y a la diligencia con que actuaron en la aplicación de medidas contracíclicas para generar empleo, controlar la inflación, llevar la tasa de desempleo a niveles de un dígito y proteger exitosamente el gasto social, al punto que los índices de pobreza y desigualdad, en sus diferentes formas de medición, han mantenido una senda descendente a lo largo del actual decenio.

Todo esto ha sido muy importante para el país, pues, hasta la fecha, gracias a la correcta gestión de la política, hemos logrado conservar el grado de inversión que desde 2011 nos otorgaron las principales agencias internacionales calificadoras de riesgo.

Visto desde una perspectiva de largo plazo, el choque petrolero de mediados de 2014 es quizá el evento más grave que hemos tenido que enfrentar. La caída del precio internacional del crudo y de otras materias primas afectó la situación fiscal del país como no había ocurrido antes en nuestra historia cercana y trajo consigo una reducción considerable en los ingresos fiscales de la Nación. Afrontamos esta adversidad con firmeza. Para ello hicimos uso de las herramientas de política a nuestra disposición: se incrementaron los ingresos fiscales de la Nación mediante dos reformas tributarias; se redujo el gasto cuando fue necesario, y se aumentó el endeudamiento, y en consecuencia el déficit fiscal, con base en los parámetros definidos por el Comité Consultivo para la Regla Fiscal que al tener en cuenta el ciclo minero-energético y el ciclo económico permitió acomodar una fracción del choque por medio de un aumento temporal del déficit fiscal, sin incumplir la meta de déficit estructural para el GNC prevista en la Ley 1473 de...

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