Proyecto de Ley 194 de 2018 Senado

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Fecha de publicación	02 Noviembre 2018
Número de Gaceta	938

Ponencia Positiva para primer debate al Proyecto de ley 26 de 2018 Senado

938

INFORME DE PONENCIA positiva para primer debate DEL PROYECTO DE LEY Número 26 DE 2018 SENADO

por medio de la cual se dictan normas para el control, vigilancia y sanción de la violencia política contra la mujer.

Respetado señor Presidente:

Atendiendo la designación que me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Primera del honorable Senado de la República como ponente y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Informe de Ponencia Positiva para Primer Debate en Senado al proyecto de ley del asunto.

I. Trámite

El 1° de agosto del 2018, la Secretaría de Senado de la República recibe el expediente del Proyecto de ley número 26 de 2018.

El 10 de agosto la Comisión Primera del Senado de la República, la Mesa Directiva en virtud de la Ley 1709 de 2014 reglamentada mediante el Decreto número 2055 de 2014 y la Sentencia T-762 de 2015 en la que la Corte ordena al Congreso que para el inicio del trámite de proyectos de ley o de actos legislativos que indican en la política criminal y en el funcionamiento del sistema de justicia penal se debe contar con el concepto previo del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal, se ofició al Ministro de Justicia, en calidad del Presidente de dicho Consejo, con el fin de que proceda a rendir el concepto. (Para dar trámite a estos proyectos se debe contar con dicho concepto acorde a lo preceptuado por la Corte Constitucional).

El 23 de agosto Senado de la República-Comisión Primera Constitucional Permanente. En la fecha la mesa directiva emite la Resolución número 01 mediante la cual se convoca a Audiencia Pública sobre esta iniciativa para el día 30 de agosto del 2018.

El 30 de agosto Senado de la República-Comisión Primera Constitucional Permanente. Se realiza audiencia pública de que trata la Resolución número 91.

El 1° de octubre Senado de la República-Comisión Primera Constitucional Permanente. La Mesa Directiva mediante Acta MD-10 designa ponente de esta iniciativa a la Senadora Angélica Lozano Correa.

El 2 de noviembre se remite ponencia positiva al proyecto en mención, con espera a discutir el proyecto en Comisión.

Autoría del proyecto

El Proyecto de ley número 026 de 2018 Senado, por medio de la cual se dictan normas para el control, vigilancia y sanción de la violencia política contra la mujer es de la autoría del Senador Juan Luis Castro Córdoba.

II. Resumen de la iniciativa legislativa

Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer mecanismos de prevención, vigilancia y sanción de los actos de acoso y violencia política contra las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos como integrantes de partidos, movimientos y organizaciones políticas, candidatas electas o designadas, o como servidoras públicas en todas las ramas del poder público.

Así que le corresponde al Estado, en cabeza del Consejo Nacional Electoral (CNE) la vigilancia, control y sanción de las conductas de acoso y de la violencia política en que incurran los miembros de los partidos políticos y movimientos políticos, sin perjuicio de la acción penal cuando las mismas constituyan delito.

El CNE podrá imponer sanciones de amonestación escrita, multa hasta de 100 SMMLV, la suspensión del ejercicio de derechos políticos hasta por 24 meses y/o expulsión. También el CNE podrá conocer las denuncias de acoso y de violencia política en que incurra los particulares que no estén afiliados a algún partido o movimiento político; y para estas personas la sanción será multa, igualmente, hasta por 100 SMMLV.

La Procuraduría General de la Nación le corresponderá investigar y sancionar a título de falta grave o falta gravísima cuando el autor de la conducta de acoso o violencia política sea un servidor público.

Los partidos y movimientos políticos deberán adoptar dentro de sus estatutos, disposiciones para controlar y sancionar el acoso y la violencia política en que incurran sus integrantes, incluida la expulsión.

Así mismo, estos delitos serán tipificados en el Código Penal. El delito de acoso político tendrá una pena de prisión de 1 a 3 años y el delito de violencia política tendrá una pena de prisión de 2 a 6 años siempre y cuando la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

III. Marco normativo

Referencias internacionales
- Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1948). (Ley 8ª de 1959).
- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952).
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) - Ley 74 de 1968.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) - Ley 74 de 1968.
- Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).
- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer - Ley 35 de 1986.
- Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y su Protocolo Facultativo - Ley 51 de 1981.
- Declaración sobre la violencia y el acoso político contra la mujer (2015).
Derecho comparado

En América Latina varios países han proferido leyes que sanciona la violencia de género que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos; tal es el caso de Bolivia (Ley 243 del 2001), Paraguay (Ley 5.777, promulgada el 27 de diciembre del 2016), El San Salvador (Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia contra la Mujer, Decreto 520 del 2011) y Argentina (Ley 26.485 del 2009). Otros países han elaborado iniciativas que abordan el tema, pero no han logrado éxito como Costa Rica, Ecuador, Perú, México y Honduras.

La investigadora Laura Albaine de la Universidad de Buenos Aires realizó un estudio sobre el tema donde se encuentran dos cuadros que mencionando los países de América Latina que trataron el tema, los cuales se presentan continuación.

En la siguiente tabla hace relación a la distinción de violencia política y acoso político en las leyes de América Latina.

Así mismo, además de las diferentes iniciativas en el hemisferio expuestas anteriormente, existe la Ley Modelo Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual es importante extraer los actos y manifestaciones que constituyen violencia política en contra de mujeres3:

(Femicidio/feminicidio). Causen, o puedan causar, la muerte violenta de mujeres en razón de su participación o actividad política;
Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos;
Agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto, con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos;
Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde la mujer desarrolla su actividad política y
pública;
Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan;
Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres;
Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos;
Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos;
Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por razones de género, o contra aquellas defensoras que defienden los derechos de las mujeres;
Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento con el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen;
Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de acuerdo a la normativa aplicable;
Dañen en cualquier forma elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata y designada con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres;
Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos;
Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos;
Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;
Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad;
Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;
Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos;
Eviten por...

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