Proyecto Normativo del Ministerio de Agricultura, PN-2025-23499, 26-09-2025
| Fecha de publicación | 26 Septiembre 2025 |
| Año | 2025 |
| Fecha de Fin de Comentarios Públicos | 12 Octubre 2025 |
| Emisor | Ministerio de Agricultura |
Página 1de 10
RESOLUCIÓN NÚMERO_______________________________DE 2025
“Por medio de la cual se adopta el ciclo de gobernanza regulatoria en el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural”
LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 8 del
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 2 de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado,
entre otros, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
Que en los artículos 7 y 8 constitucionales se establece que es deber del Estado reconocer
y proteger la diversidad y las riquezas étnicas y culturales de la Nación.
Que el artículo 64 de la Constitución Política,modificado por el artículo 1 del Acto
Legislativo 1 de 2023, establece que “Es deber del Estado promover el acceso progresivo
a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma
individual o asociativa. El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección,
tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en
garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones
geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos
sociales. El Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y
ambiental del campesinado, así como aquellas que le sean reconocidas y velará por
la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el
objetivo de lograr la igualdad material desde un enfoque de género, etario y territorial,
el acceso a bienes y derechos como a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda,
la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un
ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad
biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital: la mejora de la
infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y
tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.
Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones
y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de
sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural
y política”.
Que el artículo 65 ibidem, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2025,consagra:El
Estado garantizará el derecho humano a la alimentación adecuada, de manera
progresiva, con un enfoque intercultural y territorial, y a estar protegido contra el hambre
y las distintas formas de malnutrición. Así mismo, promoverá condiciones de seguridad,
soberanía y autonomías alimentarias en el territorio nacional y generará acciones para
minimizar la pérdida de alimentos. La producción y acceso a alimentos gozará de la especial
protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo sostenible e
integral de las actividades agrícolas, agroalimentarias, agroindustriales, agroecológicas,
pecuarias, pesqueras, acuáticas, forestales y campesinas, así como también a la
adecuación de tierras, construcción de obras de infraestructura física y logística que facilite
la disponibilidad de alimentos en todo el territorio nacional. De igual manera, el Estado
promoverá la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología para la
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y acuícola, con el
propósito de incrementar la productividad y disponibilidad, así como proteger y salvaguardar
la biodiversidad y los medios e insumos de la actividad”.
Que el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de
2011, dispuso que todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia
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