Proyecto de Resolución Por el cual se adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y se imparten instrucciones para su implementación
| Fecha | 12 Diciembre 2025 |
| Notas | La fuente original no indica fecha de publicación. En relación con el término para presentar comentarios, no hemos logrado identificar el término por el cual la autoridad ha dispuesto el proyecto normativo para presentar comentarios. Se recomienda contactar directamente con la autoridad para verificar el término por el cual se pueden presentar comentarios |
| Materia | Salud |
PROCESO
GESTIÓN JURÍDICA
Código:
GJAF06
FORMATO
CUESTIONARIO PARA LA ELABORACIÓN DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS
Versión:
01
Página 1 de 5 Fecha de Versió n: 19 de Agosto de 2022
PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
DESCRIBA EL NOMBRE:
Resolución
Por la cual se adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos y se imparten instrucciones para su implementación
1. ¿Cuál es la finalidad del acto administrativo que se va a expedir?
La Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos tiene como
objeto avanzar hacia el reconocimiento y la garantía efectiva, el respeto y la protección de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos de toda la población, así como la promoción de la sexualidad plena y
saludable, mediante la implementación de acciones transectoriales que reduzcan las brechas y barreras para
su ejercicio.
2. Identifique la problemática y el objetivo que persigue la emisión del acto administrativo.
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte integral e indivisible de los derechos humanos universales.
Reconocen la libertad de todas las personas, sin discriminación alguna, para tomar decisiones libres, informadas y
responsables sobre su vida sexual y reproductiva, con garantía de autonomía, dignidad, privacidad e integridad corporal.
Desde este enfoque, implican tanto la posibilidad de ejercer estos derechos como la obligación del Estado de garantizar
su acceso efectivo mediante leyes, políticas públicas, servicios de salud y educación, libres de coerción, violencia o
discriminación.
Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), en la Recomendación
General No. 24 (1999) señala que “Los Estados Parte deben velar por que las políticas de salud incluyan servicios de
salud sexual y reproductiva, incluidos los relativos a planificación de la familia, acceso a anticonceptivos, atención durante
el embarazo, el parto y el posparto, así como servicios seguros para la interrupción del embarazo donde no esté prohibido
por la ley.” (párrafo 31) y en la Recomendación General No. 35 (2017) establece que los Estados deben adoptar leyes y
políticas que aseguren servicios de salud reproductiva adecuados, accesibles y asequibles. En relación con estas
indicaciones, la Observación General No. 22 de 2016 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativa
al derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales) establece que “Los Estados deben adoptar marcos normativos, políticas públicas y estrategias nacionales que
garanticen los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género y basado en derechos” y que,
además, tienen la obligación básica de guiarse “por los instrumentos y la jurisprudencia contemporáneos en materia de
derechos humanos, así como las directrices y protocolos internacionales más recientes establecidos por organismos de
las Naciones Unidas, en particular la OMS y el Fondo de Población de Naciones Unidas" (párrafo. 49)
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