Resolución número 052 de 2019, por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo
| Emisor | Varios - Defensoría del Pueblo |
| Número de Boletín | 51418 |
El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5º del Decreto-ley 025 del año 2014, y
CONSIDERANDO:
Que por mandato del numeral 4º del artículo 282 de la Constitución Política Colombiana, corresponde al Defensor del Pueblo "organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que señale la ley" .
Que el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones señaló que "la Defensoría Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por si mismas la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con elfin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública (...)".
Que el artículo 22 de la Ley 24 de 1992 establece, que la defensoría pública se prestará, entre otros, por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados como Defensores Públicos.
Que la Ley 941 de 2005, "por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública" , se fundamenta sobre la base de los principios de igualdad, derecho de defensa, oportunidad, gratuidad, calidad, responsabilidad, transparencia y selección objetiva.
Que el artículo primero de la precitada ley establece que la finalidad del Sistema Nacional de Defensoría Pública es "(...) proveer el acceso de las personas a la administración de justicia en materia penal, en condiciones de igualdad y en los términos del debido proceso, con respeto a los derechos y garantías sustanciales y procesales".
Que el artículo 13 de dicha normativa, señala que el Defensor del Pueblo "(...) organiza, dirige y controla el servicio público del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en favor de las personas que lo requieren para asumir su asistencia y representación judicial y garantizar el pleno e igual acceso a la administración de justicia en materia penal (...)".
Que el Capítulo I del Título III de la pluricitada ley hace alusión a los componentes del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en los cuales se encuentran incluidos los defensores públicos.
Que el artículo 26 de la ley ejusdem define a los defensores públicos, "(...) como los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2º de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal.(...)".
Que en virtud del mandato del legislador, se atribuye a la Defensoría del Pueblo la representación judicial de víctimas, de conformidad con las leyes 975 de 2005, 1098 de 2006, 1257 de 2008, 1448 de 2011, 1719 de 2014, Decreto 1069 de 2014 (que reglamenta la Ley 985 de 2005) y 1761 de 2015.
Que el artículo 5º del Decreto-ley 025 de 2014 por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, establece que son funciones del Defensor del Pueblo, entre otras, "(...) Definir las políticas, impartir los lineamientos, directrices y adoptar los reglamentos y demás mecanismos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento de la Defensoría del Pueblo (...)".
Que atendiendo las disposiciones constitucionales y legales precitadas, la Defensoría del Pueblo presta el servicio de defensoría pública a través de las áreas determinadas en la Resolución número 1008 del 2018, correspondientes al área penal, área del derecho público y privado y área especial, las cuales a su vez comprenden determinados programas.
Que no obstante lo expuesto, el 25 de junio del 2018, el Tribunal Administrativo del Cauca falló una acción de cumplimiento, dentro del expediente número 19001-23-33-0022018-000140-00, y ordenó a la Defensoría del Pueblo "reglamentar los requisitos mínimos que deben acreditar los defensores públicos", en los términos que señala el artículo 26 de la Ley 941 de 2005.
Que en este sentido mediante las Resoluciones número 939 y 1281 de 2018, se establecen las categorías, requisitos y honorarios de los defensores públicos del Sistema y del servicio Nacional de Defensoría Pública, respectivamente.
Que en aras de garantizar una debida, oportuna y eficiente prestación del servicio de Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo expidió las Resoluciones número 1009 de 2018 y 049, 050 y 051 de 2019, por medio de las cuales se determinan los distritos, circuitos judiciales y municipios de la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo, así como las sedes y unidades militares a despachos judiciales de la justicia penal militar, en las cuales se presta el servicio de Defensoría Pública en las Defensorías del Pueblo Regionales, respectivamente.
Que con el propósito de fortalecer y optimizar el Servicio Nacional de Defensoría Pública, con profesionales del derecho que tengan compromiso con la ética pública y cuenten con la experticia e idoneidad para ejecutar sus obligaciones de representación judicial o extrajudicial en los términos de las leyes 24 de 1992, 941 de 2005, Decreto-ley 025 de 2014, 975 de 2005, 1098 de 2006, 1257 de 2008, 1448 de 2011, 1719 de 2014, Decreto 1069 de 2014 (que reglamenta la Ley 985 de 2005) y 1761 de 2015, la Defensoría del...
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