La responsabilidad del Estado colombiano por el asesinato de servidores públicos en el marco del conflicto armado
| Autor | Laura Susana Cabrera Oviedo |
| Cargo del Autor | Abogada de la Universidad del Rosario |
| Páginas | 111-149 |
Capítulo 4
La responsabilidad del Estado
colombiano por el asesinato
de servidores públicos en el
marco del conflicto armado
Laura Susana Cabrera Oviedo*
Introducción
El conicto armado colombiano surgió en la década de los
sesenta y se mantiene hasta la actual idad, aunque con una
menor intensidad después de la Ley de Justicia y Paz de
2005 y del Acuerdo Final para la Terminación del Con-
icto y la Construcción de una Paz Estable y Duraderade
2016. En este complejo conicto, las Fuerzas Militares
deColombia y la Policía Nacional se han enfrentado a
grupos al margen de la ley muy d iversos: Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (-
), Ejército de Liberación Nacional (), Ejército Popular
de Liberación (), Movimiento 19 de abril (M19), Au-
todefensas Unidas de Colombia (), entre otros.
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* Abogada de la Uni versidad del Rosario.
En estos constantes e incesantes enfrentamientos arma-
dos, la población civil ha sido no solo víctima, sino también
objetivo militar, “el blanco de las diferentes estrategias de
las partes para aterrorizarlos”.1 Según el Centro Nacional
de Memoria Histórica, el conicto armado ha causadola
muerte a más de 260 000 personas; se han perpetrado
masacres, ejecuciones extrajudicia les, homicidios, desa-
pariciones forzadas, secuestros, incendios provocados a
bienes civiles, accesos carna les violentos y abusivos, etc.
El conicto armado ha dado lugar a diversas formas
de violaciones de derechos humanos, por lo que surge un
interrogante: ¿a quién es atribuible la responsabilidad? Una
perspectiva simplista podr ía sugerir que es responsable
quien comete los hechos violatorios de derechos; sin embar-
go, es claro que, más all á del reproche dirigido a los actores
armados ilegales, est a atribución de responsabilidad resulta
problemática por dos razones fundamentales: primero, es
inocua frente a las víctimas, pues parece pretender excluir
el deber de reparación al asignarlo a agentes que obran en
la ilegalidad, di cultando la reparación. Y segundo, parece
buscar diluir la responsabilidad del Estado como máximo
garante, posición dada por el artíc ulo 2º de la Constit ución
Nacional, ya que establece como n esencial del Estado
“garantizar la efectividad de los principios, derechos y
1 Organizac ión de las Naciones Unida s, Ocina del A lto Comisio-
nado de las Naciones Un idas para los Der echos Humanos en Colom bia,
Derecho internac ional humanitario, conce ptos básicos, infracciones en el co nicto
armado colombian o, 2013. Consultado en <http s://www.hchr.org.co/inde x.
php/publicaciones/category/48-didh-dih-dpi?download=135:derecho-
internacional-humanitario-conceptos-basicos-infracciones-en-el-conicto-
armado-colombi ano>.
La responsab ilidad estata l por los daños causado s por los grupos arm ados
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deberes consagrados en la Constitución”. En palabras de
la Corte Constitucional:
La asignación al Est ado de la función de “garantizar la
ecacia de los principios, derechos y deberes consa grados
en la Constitución”, implica, desde el plano normativo,
que el Estado está en la obligac ión de respetar, proteger
y desarrolla r o promover los derechos constitucionales.
En este sentido, el Estado asume la posición de ga rante
de los derechos constitucionales de los residentes en el
territorio colombiano. El cumplimiento de los deberes
derivados de la posición de gar ante que ostenta el Estado
colombiano, está sujeto, a su vez, a las condiciones nor-
mativas jadas por la misma C onstitución y las normas
que integran el bloque de constituc ionalidad, en punto
a cada uno de los derechos constituc ionales.
Así, el principal objetivo de esta investigación es deter-
minar si es posible atribuir responsabilidad al Estado por
la muerte de servidores públicos en el marco del conicto
armado, y, de ser así, determinar cómo se maniesta esta
responsabilidad. Se hará par ticular énfasis en la población
civil que ostenta calidad espec ial en razón de la función que
ejercen. Considerando las dinámicas propias del conicto
armado colombiano y su complejidad, nos enfrentamos a
un escenario de anál isis sui generis que no puede reducirse
a la simple existencia de un daño producto del conicto.
En este sentido, el presente texto se desenvolverá al-
rededor de la siguiente pregunta problema: ¿es posible
atribuir responsabilidad al Estado por el asesinato de
servidores públicos en el marco del conicto armado?
Lo anterior, a pesar de la existencia de unas condiciones
La responsab ilidad del Estado c olombiano por el asesi nato de servidores p úblicos
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