¿Qué hay de la responsabilidad del Estado colombiano después de una condena internacional? El caso de las comunidades afrodescendientes del río Cacarica
| Autor | Bernardo Pérez Salazar |
| Cargo del Autor | Comunicador social por la Universidad del Valle |
| Páginas | 161-195 |
¿QUÉ HAY DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
COLOMBIANO DESPUÉS DE UNA CONDENA
INTERNACIONAL? EL CASO DE LAS COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES DEL RÍO CACARICA
*
Bernardo Pérez Salazar**
Universidad Católica de Colombia
Resumen
Este capítulo realiza un análisis crítico de la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos del 20 de noviembre de 2013, en el caso “Comunidades
afrodescendientes desplazadas (Operación Génesis) de la cuenca del río Cacarica
vs. Colombia”. Igualmente, presenta un balance de la situación actual del cumpli-
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* Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto titulado Desafíos contemporáneos para la
, que forma parte
de la línea de investigación Fundamentación e Implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investi-
gación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, reconocido y categorizado como tipo A1 por Colciencias y
registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas (CISJUC), adscrito
**
Estudios Sociales, La Haya (Países Bajos). Investigador docente de la Facultad de Derecho de la Universidad
del Poder Punitivo, vinculado al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas (CISJUC) de la Facultad de Derecho de
Correo electrónico: bperezs@ucatolica.edu.co
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Responsabilidad internacional y protección ambiental
relacionadas con las medidas de restitución de los territorios de propiedad colectiva
somera de las numerosas órdenes contempladas en la sentencia en mención, por
cuanto interesa centrar la atención en las órdenes de restitución, que, como se verá,
de cumplimiento en el conjunto de la jurisprudencia de la Corte IDH.
Introducción
Este capítulo analiza críticamente la ratio decidendi expuesta por la Corte IDH
para soportar las decisiones sobre la responsabilidad internacional del Estado
colombiano en relación con la violación de derechos de las comunidades repre-
territorios. Igualmente, presenta los mecanismos y resultados utilizados en esta
para el seguimiento del cumplimiento de las medidas ordenadas en la sentencia,
con base en la documentación sobre este caso en la jurisprudencia del tribunal
disponible en la web.
Seguidamente, utilizando fuentes abiertas consultadas en la web, se comple-
menta el balance de la situación de cumplimiento de las medidas de restitución en
la cuenca del Cacarica, al igual que en el contexto más amplio de otras comunida-
des afrodescendientes asentadas en el Bajo Atrato, cuyos derechos a la propiedad
colectiva de sus territorios han sido violados por factores similares a los regis-
trados en Cacarica. Todas las fuentes consultadas indican que desde mediados
1997 desembocaron en el desplazamiento de las comunidades del Cacarica, así
como la extracción ilícita incontrolada de recursos forestales por parte de empre-
sas formales que obran de mala fe.
Finalmente, este capítulo analiza algunos de los factores que en la actualidad
obstaculizan el cumplimiento de las órdenes de restitución de la propiedad colec-
tiva a las comunidades protegidas en la sentencia referida. Entre los más determi-
nantes, se destaca la presencia de sectores sociales y políticos reaccionarios que
en la región para minar el sentido de “ente colectivo” que subyace jurídicamente
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¿Qué hay de la responsabilidad del Estado colombiano después de una condena internacional?
en el derecho de las comunidades afrodescendientes, ancestralmente allí asenta-
das, a la propiedad colectiva de esos territorios. El capítulo cierra señalando que
en este particular contexto político y social, la acción administrativa y judicial
proteger el derecho a la propiedad colectiva de estos territorios, y mucho menos
para garantizar la no repetición de las violaciones de derechos por los cuales fue
condenado internacionalmente el Estado en la sentencia.
El caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de sus territorios
de propiedad colectiva en la cuenca del río Cacarica
En un artículo publicado en 2014, Tania Vivas reporta que entre 1994 y 2012
el Estado colombiano resultó vinculado a 22 casos sometidos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH). En ese periodo
encontró trece casos con el trámite de excepciones preliminares concluido, donde
la Corte IDH considera los alegatos presentados por los Estados para impedir el
análisis del fondo del asunto cuestionado, planteando objeciones sobre la admi-
sibilidad del caso o la competencia de la Corte IDH para conocerlo o algunos de
sus aspectos.279
En los trece casos reportados por Vivas, el Estado colombiano alegó en ocho
oportunidades la excepción de “falta de agotamiento de recursos internos” en
la búsqueda de sanción a las violaciones de derechos humanos, ensalzando la
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tante, durante el periodo en referencia, la Corte IDH desestimó todas las excep-
ciones propuestas en este sentido.280
Entre los casos contemplados en el artículo de Vivas que vinculan a Colombia
ante la jurisdicción de la Corte IDH, no se encuentra aquel conocido como “Caso
12.573 - Marino López y otros (Operación Génesis)”, fallado mediante sentencia
del 20 de noviembre de 2013, que incluye pronunciamientos de ese tribunal sobre
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas que establece el apelativo
279 Tania Giovanna Vivas Barrera, “Un ejercicio de derecho comparado en materia de Derechos Humanos”,
Revista Entramado 10, n.o 1 (2014): 182, http://www.unilibrecali.edu.co/images/revista-entramado/pdf/pdf_articu-
los/volumen10_1/Entramado_19003803_Enero-junio_2014_176-189.pdf.
280 Ibíd., 184.
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