La responsabilidad de los consultores, interventores y asesores: particulares que ejercen funciones públicas - Principio de responsabilidad - Principios específicos que rigen la contratación estatal - Los principios que rigen la contratación estatal - Práctico Contratación Estatal - Prácticos vLex - VLEX 590688350

La responsabilidad de los consultores, interventores y asesores: particulares que ejercen funciones públicas

 
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El régimen de responsabilidad en vigencia del Decreto 222 de 1983 para los interventores era el previsto en el art. 123:

“De la responsabilidad del interventor. Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, la sociedad o persona natural que ejerciere una interventoría será civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal desempeño de sus funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder al contratista.”

En ese sentido, el interventor podía ser sujeto de responsabilidad penal, si la hubiere, y de responsabilidad civil, las cuales pueden ser acumulables y pueden concurrir bajo ciertas circunstancias.

Posteriormente la Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) en su art. 53 dispuso, en relación con la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores, que responden civil y penalmente por el cumplimiento de sus obligaciones así como por los hechos y omisiones que le sean imputables y causen un perjuicio a las entidades del estado, siempre que tengan relación con la celebración y ejecución del contrato estatal (consultoría, interventoría o asesoría).

Adicionalmente, en el art. 56 prescribe la norma que para efectos penales, los consultores, interventores y asesores se consideran particulares que ejercen funciones públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que suscriban con las entidades del estado.

En ese sentido, el nuevo estatuto general de la contratación consagró igualmente una responsabilidad civil y penal en cabeza de los sujetos allí mencionados, no obstante lo cual, introdujo una modificación sustancial al régimen anterior en cuanto a que les asignó la condición de “particulares que cumplen funciones públicas” para efectos de incluirlos como sujetos de los tipos penales previstos para los servidores públicos.

En razón a lo anterior, la norma fue demandada por inconstitucional pues, a juicio del actor, la calificación de servidor público respecto de aquellos particulares que contratan con el estado vulnera la Constitución comoquiera que los contratistas no ejercen funciones públicas sino una función social con independencia, sin que se genere algún tipo de relación laboral con la entidad contratante.

Al respecto la Corte Constitucional al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de los arts. 52, 53 y 56, ley 80 de 1993, entre otros (sentencia C 563 de 1998 [j 1])...

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