La responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho español. Especial referencia al delito fiscal
| Autor | María Belén Linares |
| Cargo | Doctora en Derecho de la Universidad de Sevilla, Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales |
| Páginas | 207-247 |
La responsabilidad penal de la persona
jurídica en el derecho español. Especial
referencia al delito fiscal
María Belén Linares*
Resumen. En el presente trabajo sometemos a estudio la previsión del régimen
vigente en el artículo 31 bis del Código Penal español, regulación que imputa
responsabilidad penal a la persona jurídica como autor societario, deteniéndo-
nos en su aplicación en lo que al delito de defraudación tributaria se refiere.
Concretamente, y tras algunas cuestiones preliminares de trascendencia, nos
centramos en los aspectos de la reforma al ordenamiento jurídico-penal es-
pañol operada por la Ley Orgánica 1 de 2015, más destacables: los modelos de
prevención de delitos, el sistema de exención de la responsabilidad penal de la
persona jurídica, las condiciones mínimas de los programas penales y la figura
del oficial de cumplimiento.
Palabras clave. Delito fiscal, intervención delictiva, responsabilidad penal de la
persona jurídica, artículo 31 bis del Código Penal español, exención de respon-
sabilidad penal, atenuación de la responsabilidad penal, programas penales de
cumplimiento, oficial de cumplimiento.
Abstract. In the present paper we will study the current regime in the article 31
bis of the Spanish Penal Code, regulation that imputes criminal responsibility to
the legal entity as a corporate author, putting attention on its application refe-
rred to the tax fraud. Specifically, and after some preliminary issues of impor-
tance, we will focus on the most relevant aspects of the reform of the Spanish
legal-criminal order, operated by the Organic Law 1 of 2015: crime prevention
models, the system of exemption from the criminal liability of the legal person,
the minimum conditions of the criminal programs and the figure of the com-
pliance officer.
* Doctora en Derecho de la Universidad de Sevilla, Departamento de Derecho Penal y
Ciencias Criminales. Correo: mblinares@hotmail.com.
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María Belén Linares
ISSN: 2027-1743 / 2500-526x (en línea) julio-diciembre de 2018
Keywords. Tax crime, criminal intervention, criminal liability of the legal per-
son, article 31 bis of the Spanish Penal Code, exemption of criminal liability,
attenuation of criminal liability, criminal compliance programs, compliance
officer.
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ISSN: 2027-1743 / 2500-526x (en línea) julio-diciembre de 2018
Introducción y metodología
En el Derecho penal español, tradicionalmente, ha gobernado el principio so-
cietas delinquere non potest razón por la que la autoría en delitos scales cometi-
dos en relaciones jurídicas tributarias en las que el sujeto activo es una persona
jurídica se regía (y se sigue rigiendo) por la regla de imputación prevista en el
artículo 31 del Código Penal.
Sin embargo, desde el año 2003, el Derecho comunitario de la Unión
Europea, por medio de Decisiones Marco y de Directivas —entre otras las
siguientes: 2004/68/JAI de 2003, relativa a la lucha contra la explotación
sexual de los niños y la pornografía infantil; la 220/757/JAI, dictada en ma-
teria de infracciones vinculadas al tráco ilícito de drogas y precursores; y la
2005/667/JAI, adoptada en materia de contaminación por buques— ha ido
introduciendo en el ordenamiento jurídico-penal el concepto de responsabi-
lidad penal de la persona jurídica en concretas infracciones penales, confor-
mando un régimen normativo que ha sido objeto de amplia consideración
por la reforma del Código Penal español operada por la Ley Orgánica 1 de
2015, por la que se modica la Ley Orgánica 10 de 1995 del Código Penal,
en adelante, Ley 1 de 2015 (García, Mestre y Figueroa, 2015, pp. 13-5; Man-
zanares, 2015, pp. 55-60).
Recordemos que la Ley Orgánica 5 de 2010, por la que se modica la
Ley Orgánica 10 de 1995, del Código Penal, en adelante, Ley 5 de 2010.
Reconoce por primera vez en la historia del derecho penal (scil. español) la
responsabilidad penal propia de la persona jurídica, con independencia de
la que pueda corresponder a las personas físicas que actúen en el seno de la
persona jurídica (Polaino y Polaino-Orts, 2013, pp. 137-166; Alapont, 2017,
p. 1). Este régimen se instauró en un contexto de discrepancia doctrinal, y
de controversia teórica y práctica sobre la materia, donde las dudas y la in-
certidumbre primaban sobre las seguridades y las certezas, y se hizo, además,
como puede suponerse, dando entrada en la legislación penal española a una
sistematización positiva que contribuyó, no tardando, a interpretaciones en-
contradas en los diversos operadores jurídicos (Hernández, 2013, p. 117). La
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