El sector fiscal
| Autor | César A. Ferrari |
| Páginas | 275-317 |
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En las economías de mercado, el Estado moderno, denominado en tér-
mi nos económicos sector fiscal o sector gobierno, ejerce una influencia
sumamente importante sobre la economía. La ha adquirido, de manera
progresiva, como consecuencia de una serie de insuficiencias e ineficien-
cias de los mercados. Algunas veces su intervención ha sido adecuada,
otras, ha sido defectuosa y su expansión ha sido excesiva.
El rol que cumple el Estado moderno en la economía deriva, en gran
medida, de la necesidad de garantizar las transacciones en los mercados
y la existencia de determinados bienes y servicios, algunos de los cuales,
los públicos, debido a su naturaleza, nadie más podría ofrecerlos eficien-
temente, a pesar de su necesidad. Deriva también de la conveniencia de
corregir distorsiones y fallas en los mercados, incluso introduciendo
otras nuevas. En parte como consecuencia de lo anterior, en el trans-
curso del tiempo ha expandido su actividad económica de tal manera
que, en algunos casos, ha introducido una serie de ineficiencias en los
mercados.
Para desarrollar sus responsabilidades, el Estado requiere recursos
que gasta e invierte en una forma determinada. Para cubrir la totalidad
de sus gastos e inversiones se financia con impuestos y, complemen-
tariamente, si lo requiere y puede, con deuda. La generación de esos
ingresos, la realización de esos gastos e inversiones y la forma como se
financia afectan a casi todos los mercados de la economía, en mayor o
menor medida, dependiendo de su particular estructura.
Parte del desafío actual de la sociedad es dimensionar al Estado y
asegurarle funciones en forma adecuada y, sobre todo, hacer que su
acción sea eficiente y contributiva al desarrollo. Para ello es indispen-
sable entender cuál es el efecto que su acción, en sus diferentes formas,
tiene sobre la economía y qué instrumentos a su disposición son los
más eficientes para lograr determinados objetivos. El rol del Estado, su
dimensión y actividad económica óptimas son una cuestión de economía
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normativa. Pero, ciertamente, deben tener una racionalidad económica
apropiada.
El papel económico del Estado moderno
En las economías de mercado modernas existen una serie de bienes
o servicios tales como seguridad pública, justicia, defensa, etc., que,
a pesar de ser demandados por la población, muchas veces en forma
intensa, no pueden ser ofertados con eficiencia por los productores dada
su falta de exclusividad (una vez producidos nadie puede ser excluido de
su consumo) o falta de rivalidad (una vez consumidos no desaparecen
y otros pueden disfrutarlos). De tal manera, los mercados no pueden
definir su precio de manera eficiente. Dichos bienes se conocen en la
literatura económica como bienes públicos.
La existencia y la participación del Estado moderno en la econo-
mía están muy relacionadas con la necesidad o conveniencia de contar
con dichos bienes o servicios públicos: el Estado es el único agente que
puede sustituir a los mercados ofertando los bienes y servicios públi-
cos para satisfacer la demanda respectiva. Así, aunque podría hablarse
de una demanda y una oferta de bienes y servicios estatales, no cabe
hablar de un mercado de servicios estatales por cuanto lo que el Estado
ofrece son bienes y servicios públicos que los mercados no resuelven
eficientemente.
La existencia del Estado tiene que ver también con la necesidad de
garantizar los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos,
que son los elementos básicos para el funcionamiento adecuado de las
economías de mercado. Estos mercados implican transacciones entre
diversos agentes económicos. Cada transacción supone un contrato
explícito o implícito entre las partes. Si los derechos de propiedad de
los bienes y servicios antes y después de cada transacción no están bien
1.Véase Walter Nicholson, Teoría microeconómica (Madrid: McGraw Hill, 1997), capítulo 26, para un
tratamiento exhaustivo de las externalidades y los bienes públicos. Véase también César A. Ferrari, “Valores,
bienes públicos y desarrollo humano”, Revista de Economía Institucional 12, n.º 22 (ene.-jul., 2010): 265-276.
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definidos, no es posible realizarla de manera eficiente; siempre existirán
reclamaciones al respecto.
Y si el contrato que registra dicha transacción no define con propie-
dad las características de los bienes y servicios a transar, los montos,
plazos de entrega y pagos, garantías, etc., no habrá forma adecuada de
exigir o reclamar su cumplimiento. Pero, además, alguien tiene que
poder dirimir en casos de controversia sobre el contrato y alguien tiene
que tener un poder coercitivo suficiente para hacerlo cumplir. Todas
esas tareas debe realizarlas una tercera parte imparcial, que se supone
no tiene sesgo a favor de una de las partes. El Estado moderno responde
a esas exigencias a través de los diferentes órganos que lo componen:
legislativo, judicial, ejecutivo, respectivamente.
El Estado moderno debe también establecer determinados impues-
tos, subsidios y regulaciones para que las externalidades (efectos de la
actividad de un agente económico sobre las de otro que no se reflejan
en una transacción de mercado) sean pagadas adecuadamente y garan-
tizar así el funcionamiento eficiente de los mercados. Debe también
regular para que los mercados no sean monopolizados u oligopolizados
en perjuicio de los consumidores y en beneficio de los productores que
usufructúan las rentas de no competencia derivadas de dichas situacio-
nes. Asimismo, debe redistribuir ingresos entre los diferentes grupos de
la población para garantizar la igualdad de oportunidad que posibilite el
desempeño idóneo de las instituciones económicas y, por consiguiente,
de los mercados.
Ese Estado moderno no es, ciertamente, un Estado clientelista u
oligárquico: el que responde y privilegia unos intereses particulares de
un grupo económico o político sobre los intereses generales de la socie-
dad. Ese Estado clientelista u oligárquico no solo es inequitativo, es, en
primer lugar, ineficiente, pues, al sesgar los recursos públicos y privados
de inversión conforme a intereses particulares, tarde o temprano induce
inversión en sectores y proyectos al margen de sus rentabilidades socia-
les y privadas y, así, reduce el crecimiento de la economía y concentra el
ingreso.
En síntesis, el Estado moderno debe orientar la evolución económica
para que sea, en lo posible, estable, expansiva, equitativa y sostenible, y
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