La seguridad ciudadana y el proceso de paz en Guatemala - Los casos de Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú - Paz, reconciliación y justicia transicional. En Colombia y América Latina - Libros y Revistas - VLEX 851097467

La seguridad ciudadana y el proceso de paz en Guatemala

AutorRené Zamora
Cargo del AutorAbogado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y catedrático de la misma casa de estudios. Magister Legum en Derecho Penal Económico de la Universidad de Friburgo, Alemania
Páginas47-63
La seguridad ciudadana
y el proceso de paz en Guatemala
rené zam ora*
El conflicto armado interno en Guatemala se inició en la década de
los años sesenta, con intentos fallidos de golpe de Estado en contra del
presidente de turno, Miguel Ydígoras Fuentes, y finalizó en 1996, con
la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre el Estado de
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng).
Los 36 años de enfrentamiento se caracterizaron por la desestabiliza-
ción económica y política del país, así como por la polarización de la
sociedad guatemalteca, influenciada por la Guerra Fría entre Estados
Unidos y la Unión Soviética.
Prueba de dicha polarización y de la influencia de los Gobiernos
de otros países en la generación de políticas estatales ha sido la redefi-
nición de estas en materia de seguridad, y su evolución de la protección
de la institucionalidad del Estado hacia la protección de la persona.
Para analizar la problemática, se hace necesario establecer cua-
tro momentos históricos que influenciaron este tema en las últimas
décadas: la seguridad en el conflicto armado interno y la seguridad
nacional; la seguridad democrática y la transición democrática, a partir
de la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República de
Guatemala (cprg) (1985); la consolidación de un Estado democrático
* Abogado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y catedrático de la misma casa de
estudios. Magister Legum en Derecho Penal Económico de la Universidad de Friburgo, Alemania.
a través de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, y la
promulgación de la Ley Marco de seguridad nacional, con una visión
integral de la seguridad.
La seguridad en el conflicto armado interno
y la seguridad nacional
Durante el conflicto armado interno, las políticas de seguridad se cons-
truyeron bajo la premisa de que un enemigo interno ponía en peligro
la estabilidad y viabilidad nacionales. Esta visión despertó sospecha
y desconfianza generalizadas en la población y en el Estado y creó
un discurso oficial cuya principal preocupación era la defensa de la
institucionalidad del país.
Las políticas estatales en esta época se caracterizaron por la puesta
en marcha de una fuerte lucha contra los movimientos insurgentes,
con el objetivo de proteger la institucionalidad del Estado guatemal-
teco. La función estatal de brindar seguridad se expresaba a través de
la generación de acciones que contrarrestaban aquellos movimientos
que ponían en riesgo la estabilidad de los gobiernos de turno, ya que,
de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional, tal estabilidad insti-
tucional es fundamental para garantizar la seguridad de las personas.
Fue así como inició el periodo del conflicto armado interno en Gua-
temala, cuando se vincularon las políticas de seguridad a la doctrina
de seguridad nacional.
La doctrina de seguridad nacional tenía por objetivo garantizar
el orden interno, combatiendo aquellas ideologías, organizaciones o
movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar
al comunismo, en el contexto de la Guerra Fría, y asignaba al Estado
la gestión de la seguridad de la nación a través de la toma del poder
por parte de las fuerzas armadas y la violación sistemática de los
derechos humanos.
En esta época, la seguridad nacional fue concebida bajo un enfo-
que militarista, concentrada en la defensa de la nación y en el mante-
nimiento del orden público, y llegó incluso a la práctica de la violencia
institucional. Esta manera de entender el conflicto interno tenía por
principal preocupación la contención y, en algunos casos, la erradi-
cación de las expresiones políticas y sociales discordantes con las del
Gobierno o que ponían en tela de juicio su legitimidad. Las políticas
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