SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 108331 del 10-12-2019 - Jurisprudencia - VLEX 842081609

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 108331 del 10-12-2019

EmisorSala de Casación Penal
PonenteLUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Sentido del falloCONFIRMA NIEGA TUTELA
Número de sentenciaSTP16972-2019
Tribunal de OrigenCorte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA
Número de expedienteT 108331

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado ponente

STP16972-2019

Radicación n.° 108331

Acta 330

Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

VISTOS:

Resuelve la Corte la impugnación presentada por el apoderado judicial de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-, respecto de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2019 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negó la acción de tutela promovida contra la Sala de Casación Civil de esta Corporación.

Al trámite fueron vinculados la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y los Juzgados 42 Civil del Circuito de la misma ciudad y Promiscuo del Circuito de Plato (Magdalena).

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Según se establece de la demanda, el apoderado judicial de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- acudió a la presente acción de tutela con el propósito de dejar sin efectos el auto del 31 de julio de 2019, mediante el cual la Sala de Casación Civil de esta Corporación resolvió el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados 42 Civil del Circuito de Bogotá y Promiscuo del Circuito de Plato, declarando que corresponde al primero asumir el conocimiento de la demanda de expropiación promovida por dicha entidad contra Nancy de Ángel Acosta y otros.

En su criterio, tal determinación desconoció el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, acorde con el cual, corresponde al juez del lugar donde estén ubicados los bienes conocer, entre otros procesos, los de expropiación. Así, como éste se encuentra ubicado en la vereda Ariguaní, jurisdicción de Plato, aseguró que corresponde al funcionario con sede en esa localidad adelantar el trámite pertinente.

Ello, precisó, en aplicación de los principios de celeridad, economía procesal y seguridad jurídica, pues de mantenerse la competencia en el distrito judicial de Bogotá, las diversas diligencias a que haya lugar deberán cumplirse a través de despachos comisorios, circunstancia que, aseguró, dilatará su resolución.

Por lo demás, dio a conocer que el 29 de agosto de 2019 el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá rechazó la demanda por considerar que el avalúo presentado no cumple con los requisitos establecidos en la ley. En desacuerdo, impugnó esta providencia a través de los recursos de reposición y apelación. No obstante, en proveído del 19 de septiembre de 2019 el Despacho mantuvo su decisión y concedió la alzada ante la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, donde está pendiente de definición.

En consecuencia, solicitó que se declare competente al Juzgado Promiscuo de Plato para asumir el trámite referido.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA:

Por auto del 15 de octubre de 2019, la Sala de Casación Laboral admitió la demanda y dispuso notificar la iniciación del trámite a los sujetos pasivos de la acción.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá solicitó su desvinculación del presente trámite, dada su falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó, además, que la alzada propuesta contra el auto del 19 de septiembre de 2019 se encuentra pendiente de resolución desde el 1º de octubre siguiente.

Por su parte, la presidencia de la Sala de Casación civil remitió copia del auto del 31 de julio de 2019, sin aludir a las razones de disenso expuestas por la agencia demandante.

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato relató el transcurso de la actuación y remitió copia de la misma. Indicó que la jurisprudencia aplicable prevé que en aquellos eventos en que concurran el fuero territorial –ubicación del bien- y el fuero privativo –lugar de domicilio de la entidad-, prevalece este último, como ocurrió en el caso examinado.

La Sala de Casación Laboral negó la acción de tutela. Encontró que la providencia reprochada es razonable, justificada y ofreció una interpretación admisible sobre la normativa aplicable.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-impugnó el fallo. Reiteró las razones de hecho y derecho consignadas en la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

Conforme al artículo 1º del Acuerdo número 001 del 15 de marzo de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte, en armonía con el canon 32 del ...

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