SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 4700122130002019-00283-01 del 28-11-2019 - Jurisprudencia - VLEX 842090198

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 4700122130002019-00283-01 del 28-11-2019

EmisorSALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
PonenteLUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Sentido del falloCONFIRMA NIEGA TUTELA
Número de expedienteT 4700122130002019-00283-01
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Civil - Familia de Santa Marta
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA
Número de sentenciaSTC16103-2019
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente

STC16103-2019

Radicación n.° 47001-22-13-000-2019-00283-01

(Aprobado en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve)

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Decide la Corte la impugnación interpuesta respecto a la sentencia de 20 de noviembre de 2019, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela instaurada por Armando Vidal frente al Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, con ocasión del trámite de solicitud de aumento de cuota alimentaria iniciado por Liliana Katherine Barros Payares, en representación de su menor hijo, Gabriel Armando Vidal Barros, contra el aquí actor, con radicado nº 2016-0074.

  1. ANTECEDENTES

1. A través de apoderada judicial, el accionante, exige la protección de sus derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada.

2. En sustento de su queja, manifiesta que, en el año 2010, Liliana Katherine Barros Payares, en representación de su menor hijo, Gabriel Armando Vidal Barros, inició proceso de alimentos en su contra, decurso que correspondió al Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta; y en donde en sentencia de 28 de marzo de 2012, se fijó una cuota alimentaria en favor del mencionado infante por un valor de $600.000 y a cargo del demandado.

Con el incumplimiento de dicha obligación Barros Payares inicia proceso ejecutivo, trámite que con la entrada en vigencia del sistema oral, fue asignado al Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, estrado que fijó caución y dispuso su restricción de salidas del país del ejecutado para garantizar el cumplimiento de las mesadas de abril de 2012 a febrero de 2021.

Ese mismo despacho disminuyó la obligación alimentaria, fijándola en el 10% del salario devengado por el aquí actor, esto es, $78.124.

Afirma que, posteriormente, la ejecutante solicitó el aumento de la cuota alimentaria, sin reunir los requisitos para su procedencia, tales como conciliación prejudicial y demostrar la capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario.

Pese a lo anterior, el estrado querellado convocó a la realización de la audiencia señalada en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, sin haber emitido auto admisorio de la petición, omitiendo precisar términos para contestar la demanda y disponer su notificación personal, siendo enterado a través de su correo electrónico.

Indica que un día antes de ser realizada la diligencia contestó el libelo, proponiendo excepciones previas de “falta de competencia” e “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales” sin que éstas fueran tramitadas, so pretexto de que se trataba de una petición y no de una demanda.

Aun cuando formuló defensas de mérito sustentadas en la falta de capacidad económica del demandado, en tanto no labora ni posee bienes y, además, tiene otros hijos menores a su cargo, quienes no fueron vinculados al proceso; las mismas fueron desestimadas por la juez accionada.

3. Pide, en concreto, revocar la providencia de 12 de agosto de 2019 “o”, en su lugar, ordenar al juzgado convocado que emita un nuevo pronunciamiento absolviéndolo de las pretensiones incoadas por la progenitora de su hijo (fols. 1 a 8).

1.1. Respuesta del accionado

1. La titular del estrado accionado relató la actuación procesal adelantada en el decurso censurado, señalando que accedió la solicitud de aumento de cuota alimentaria realizada por la madre de menor, “toda vez que este tipo de peticiones deben ser tramitadas a interior del proceso genitor”.

Agregó que resolvió las excepciones de mérito propuestas por el aquí gestor y precisó que no vinculó a los otros descendientes de éste, por cuanto el convocado no tenía salarios embargados que determinaran la regulación de la cuota (fols. 730 a 731).

2. La Procuradora 148 Judicial II de Familias, señaló que obran en el plenario pruebas demostrativas de la capacidad económica del alimentante; no obstante, no encuentra demostrado que las necesidades del alimentario hayan variado en el transcurso del tiempo (fols. 726 a 7727).

  1. Los Juzgados Primero (fol. 742) y Cuarto de Familia de Santa Marta (fols. 750 a 751) reclamaron su desvinculación por no tener ninguna injerencia en el asunto cuestionado. En particular, este último precisó que con la entrada en vigencia del sistema oral, perdió competencia para seguir conociendo del litigio, razón por la cual, dispuso la remisión del expediente al estrado accionado

1.2. La sentencia impugnada

Desestimó el amparo, tras concluir que la determinación adoptada por la juez de conocimiento se encuentra acorde con lo pedido y probado en juicio (fols. 756 a 770).

1.3. La impugnación

La promovió el gestor insistiendo en los errores en la valoración de las pruebas consignadas en el expediente, las cuales, a su parecer, acreditan su falta de capacidad económica (fol. 806).

2. CONSIDERACIONES

1. El quejoso persigue que, a través de este mecanismo de protección, se revoque la providencia de 12 de agosto de 2019, por la cual el juzgado accionado accedió a las pretensiones de la solicitud de aumento de cuota alimentaria respecto de su menor hijo Gabriel Armando Vidal Barros, al considerar que la juez cognoscente: i) adelantó el trámite sin haberse agotado el requisito de conciliación prejudicial, ii) no lo notificó debidamente de la existencia del decurso, iii) no valoró adecuadamente las pruebas que acreditaban su incapacidad económica y, además, iv) no vinculó a sus demás descendientes, frente a los cuales también tiene a su cargo obligación alimentaria.

2. Aun cuando no se observa un pronunciamiento expreso por parte de la juez accionada, en torno a los dos primeros motivos de censura, no se advierte la vulneración alegada por el accionante como a continuación pasa a explicarse.

Sea lo primero, señalar que conforme al parágrafo segundo del artículo 390 del Código General del Proceso:

“(…) Las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio (…)”.

En punto al primero de los reparos señalados, esto es el no agotamiento del trámite de conciliación extrajudicial, no se observa arbitrariedad por parte de la juez accionada, pues, en virtud de la naturaleza del litigio, dada la vinculación de los sujetos procesales y con fundamento en los principios de celeridad y economía procesal, dicho presupuesto no era necesario.

Con todo, se evidencia que en la audiencia de 8 de mayo de 2019 se declaró fallida la fase de conciliación, debido a la falta de acuerdo entre las partes.

Lo propio se aprecia con relación a la queja del gestor por no haber sido notificado personalmente del adelantamiento del asunto, pues teniendo en cuenta que ya había sido enterado en el proceso originario, esto es en el ejecutivo de alimentos con radicado nº 2016-0074, bastaba con la comunicación efectuada a través de su correo electrónico, la cual, por haber sido efectiva, motivó al actor a dar contestación a la demanda y presentar excepciones de mérito.

Además, tampoco se advierte que el actor haya deprecado la nulidad de dicho trámite conforme lo dispone el numeral octavo del artículo 133 del Código General del Proceso; situación que refuerza el fracaso del amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad.

  1. En punto a la indebida valoración probatoria de la juez confutada, pues, en criterio del aquí petente ésta no tuvo en cuenta que, en la actualidad, se encuentra desempleado y carece de bienes, situación que demuestra su incapacidad económica; se advierte que entre los medios suasorios valorados en el litigio se halla el reporte emitido por el Banco Davivienda, según el cual éste ha venido recibiendo consignaciones regulares a su cuenta de ahorros

Así, la verificación de dichos ingresos, aunado a la comprobación de la...

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