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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49830 del 13-02-2019

EmisorSala de Casación Penal
PonenteLUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Sentido del falloNO CASA
Número de expediente49830
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Penal de Neiva
Tipo de procesoCASACIÓN
Número de sentenciaSP391 2019

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado ponente

SP391–2019

Radicación n.° 49830

Acta 36

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

VISTOS:

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por los defensores de Diego Fernando Muñoz Bambague y Yeison Ángel Montealegre.

HECHOS:

En el primer semestre de 2004, Diego Fernando Muñoz Bambague, alcalde del municipio de Gigante en el departamento del Huila, radicó ante el consejo municipal dos proyectos de acuerdo, tendientes a adicionar “recursos al presupuesto de rentas, ingresos y apropiaciones para la vigencia del 2004, con recursos provenientes del FOSYGA, FISALUD, y la secretaría de Salud Departamental”, y autorizar “a la administración para comprometer vigencias futuras para la contratación del régimen subsidiado de salud,” los cuales no fueron tramitados ni aprobados en las sesiones ordinarias que concluyeron el 31 de mayo de dicho año.

Ante esa situación, el 12 de junio siguiente, en una reunión realizada después de concluidas las sesiones ordinarias del concejo municipal, el alcalde, el secretario de salud, y los concejales, decidieron que por su importancia social, los proyectos de acuerdo mencionados se harían figurar como aprobados, sin que en realidad se hubiesen tramitado durante las sesiones ordinarias del concejo.

De acuerdo con ese convenio, se elaboraron las actas 034 y 037 del 24 y 31 de mayo de 2004, en las que se certificó que las comisiones segunda y tercera aprobaron los proyectos indicados, según lo documentó Nidia Mireya Prieto Castillo, secretaria del concejo y el Presidente del mismo, José Hever Cerquera Alarcón, con el fin de que el alcalde Diego Muñoz Bambague pudiera sancionar proyectos de acuerdo que no fueron aprobados.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- La fiscalía calificó la investigación el 16 de agosto de 2013. Dispuso lo siguiente:

Acusó al alcalde Diego Fernando Muñoz Bambague como determinador del delito de falsedad ideológica en documento público, en concurso sucesivo y homogéneo.

A los concejales Luis Fernando Amézquita, Adenauer Corredor Castañeda, Héctor Cortés Calderón, Magaly Guevara González, Oreste Bahamón Plazas, Herney Cruz Perdomo, Edgar Fajardo Ordoñez, Robinson Rodríguez Oviedo, Pablo Agustín Osorio, Yeison Ángel Montealegre, José Hever Cerquera Alarcón y Jorge Martínez Palomino, como autores, en concurso sucesivo y homogéneo.

A Nidia Mireya Prieto Castillo, secretaria del concejo, como autora material.

Precluyó la investigación a Luis Evelio Muñoz Urriago.

Esta determinación quedó en firme el 4 de octubre de 2013.

2.- El 11 de septiembre de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón, condenó al alcalde Diego Fernando Muñoz Bambague como determinador de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo, a la pena principal de 56 meses de prisión domiciliaria.

A los concejales Yeison Ángel Montealegre, Luis Fernando Amézquita y José Hever Cerquera Alarcón, como coautores, y a Adenauer Corredor Castañeda y Héctor Cortés Calderón, como determinadores de las mismas.

En relación con Pablo Agustín Osorio, Jorge Martínez Palomino, Edgar Fajardo Ordóñez, Oreste Bahamón Plazas, Robinson Rodríguez Oviedo y Herney Cruz Perdomo, decretó la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal.

Absolvió a Nidia Mireya Prieto Castillo de los cargos que le fueron formulados.

3.- Mediante providencia del 28 de junio de 2016, el Tribunal Superior de Neiva, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y la defensa de Diego Fernando Muñoz Bambague, Héctor Cortés Calderón, Luis Fernando Amézquita y José Hever Cerquera Calderón, decidió:

Modificar la pena impuesta a Yeison Ángel Montealegre, para imponerle 53 meses de prisión, como coautor del delito de falsedad ideológica en documento público.

A Adenauer Corredor Castañeda, Héctor Cortés Alarcón, Luis Fernando Amézquita y José Hever Cerquera Alarcón, a la pena de 44.2 meses de prisión, como coautores del mismo delito.

Revocar la sentencia de primer grado respecto de Orestes Bahamón Plazas, Magaly Guevara González, Herney Cruz Perdomo, Edgar Fajardo Ordóñez y Robinson Rodríguez Oviedo, y en su lugar los condenó como coautores de las conductas juzgadas a la pena de 44.2 meses de prisión.

Igualmente revocó la absolución y en su lugar condenó a Nidia Mireya Prieto Castillo a la misma pena como autora del delito de falsedad ideológica en documento público.

4.- Contra dicha determinación, los defensores de Diego Fernando Muñoz Bambague y Yeison Ángel Montealegre interpusieron recurso extraordinario de casación. Las demandas fueron admitidas a trámite por la Corte.

DEMANDAS DE CASACIÓN:

1.- A nombre de Diego Fernando Muñoz Bambague.

En el primer cargo denuncia la violación directa de la ley (numeral 1 del artículo 2017 de la Ley 600 de 2000), por exclusión evidente de los artículos 82 (extinción de la acción penal), 83 (iniciación del término de prescripción de la acción penal) y 84 (interrupción y suspensión del término prescriptivo) del Código Penal.

Considera que la investigación por del delito de falsedad ideológica en documento público no podía proseguirse al haber prescrito la acción penal en la etapa de instrucción.

Aduce que el delito por el cual se procede, según la norma vigente para la época de su comisión, tenía asignada una pena máxima de 8 años de prisión. Por lo tanto, si el delito se consumó el 12 de junio de 2004, como se afirma en la resolución de acusación, y esta quedó en firme el 4 de octubre de 2013, eso significa que desde la primera hasta la última fecha transcurrieron 9 años, 3 meses y 22 días. En consecuencia, la acción prescribió y la investigación no podía proseguirse.

Solicita, en consecuencia, que se declare prescrita la acción penal y se dicte la cesación de procedimiento en favor de su mandante.

En el segundo cargo, con base en la causal segunda de casación (artículo 207 numeral 2º, de la Ley 600 de 2000), demanda la incongruencia entre la resolución de acusación y la sentencia.

Luego de referirse a la necesidad de que en la resolución de acusación se precise el supuesto fáctico y la imputación jurídica, precisa que en dicha providencia, respecto de su cliente, se decidió lo siguiente:

“Proferir resolución de acusación, conforme a lo ordenado por el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal en contra de Diego Fernando Muñoz Bambague, de notas civiles y personales conocidas en el expediente, quien era alcalde de Gigante como determinador del punible de falsedad ideológica en documento público en concurso, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.”

El Juzgado, dice el recurrente, en la sentencia del 11 de septiembre de 2015, condenó al acusado como determinador a título de dolo, y el Tribunal, en providencia del 28 de junio de 2016, decidió “confirmar en todos sus demás ordenamientos la sentencia fechada el día 11 de septiembre del 2015, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón.”

Según se deduce de la argumentación de la sentencia de segunda instancia, precisa el demandante, la parte resolutiva correspondería al siguiente aparte de las motivaciones de la decisión:

“En síntesis, el acusado actuó como determinador el punible de falsedad ideológica en documento público, delito que se concretó en el contenido de los informes de comisión suscritos por los concejales Luis Fernando Amézquita y Yeison Montealegre, manifestando que habían realizado el primer debate de los proyectos 016, 021 y 022 cuando ello no ocurrió, y en la suscripción de los acuerdos 016, 017 y 018 por el entonces Presidente del concejo, José Hever Cerquera Alarcón y la secretaria Nidia Mireya Prieto Cantillo, que también fueron firmados por el burgomaestre, en los que se faltó a la verdad al convertir en acuerdos unos proyectos que no se debatieron, ni aprobó esa corporación.”

Pese a que la situación fáctica es inmutable y es posible en determinadas circunstancias variar la calificación jurídica provisional, considera que el principio de congruencia fue desconocido, al imputársele la conducta a título de dolo por haber influido en el quehacer de cada concejal, siendo que cada comportamiento es individual y pertenece al fuero de cada coacusado.

Solicita que se case la sentencia y absuelva al procesado de los cargos formulados.

En el tercer cargo, con fundamento en la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, denuncia la...

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