SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 106712 del 10-09-2019
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 10 Septiembre 2019 |
| Número de expediente | T 106712 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STP12181-2019 |
B.D.C., diez (10) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela formulada por NUVIA CASCAVITA TORRES, contra la SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Al trámite fueron vinculados los intervinientes en el proceso disciplinario que se promovió contra la demandante, así como los JUZGADOS 69 CIVIL MUNICIPAL y 13 DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL, ambos de esta ciudad; de igual manera, el abogado H.R.A..
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
En razón de compulsa de copias que el Juzgado Trece de Ejecución Civil Municipal dispuso contra la abogada NUVIA CASCAVITA TORRES, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá adelantó la respectiva investigación, que concluyó con fallo del 7 de diciembre de 2018, en el que la sancionó con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, por incurrir en la falta descrita en el art. 37 – 1 de la Ley 1123 de 2007[1], a título de culpa.
Esa decisión fue apelada por CASCAVITA TORRES, pero la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la confirmó integralmente, en providencia del 10 de julio del año que avanza.
Ahora acude la mencionada a la extraordinaria vía de tutela. Destaca las falencias que en su criterio cometió el Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá por no informarle debidamente que había sido designada abogada bajo la figura del amparo de pobreza.
Estima equivocadas las distintas actuaciones del proceso disciplinario, entre ellas, que se le declarara en ausencia cuando justificó las razones para no comparecer a las primeras diligencias y además, materialmente, no podía decirse que su actuar fue antijurídico en tanto la demanda ejecutiva no podía terminar sino con el pago de la obligación y no era necesario que presentara excepciones.
Afirma que tampoco se tuvo en cuenta que carecía de antecedentes disciplinarios y que las omisiones y yerros de los jueces civiles lesionaron su derecho al debido proceso, básicamente porque aceptó el cargo de «perito abogada».
Añade que la sanción impuesta es lesiva de sus derechos y desconoce que se afectan el mínimo vital tanto suyo como de su núcleo familiar.
Pide, por esas razones, que se amparen sus derechos fundamentales y por consiguiente, que se anule la decisión emitida por el Consejo Superior de la Judicatura.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS
1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hizo un recuento de la actuación a su cargo y de los considerandos de la decisión que emitió. Precisó que abordó todos los aspectos formulados en la impugnación e indicó que no se presenta ninguna irregularidad en la providencia objeto de controversia.
Añade que la accionante acude a la tutela con miras a convertirla en una instancia adicional para reabrir un debate que culminó en el cauce ordinario, por lo que pidió que se niegue el amparo invocado ante la evidente improcedencia de la acción.
2. La demandante añadió, en un nuevo memorial, que podría aplicarse la duda en el caso, conforme lo manifestó el Ministerio Público en la primera instancia del trámite disciplinario.
3. El Juzgado Trece Civil Municipal de Ejecución de Bogotá hizo un recuento del proceso ordinario que llevó a la compulsa de copias contra la ahora accionante y expuso que no existió alguna irregularidad, por lo que la tutela no tiene vocación de prosperar.
4. Los demás involucrados guardaron silencio dentro del término de traslado respectivo.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015[2] (modificado por el Decreto 1983 de 2017) y lo expuesto por la Corte Constitucional en auto A-290/18[3], la Sala es competente para resolver la demanda de tutela formulada por NUVIA CASCAVITA TORRES, en tanto se dirige, entre otras autoridades, contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Para el caso, se verifican cumplidas las condiciones generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, no se constata en las decisiones cuestionadas algún defecto que habilite la procedencia del amparo.
En ese sentido, observa la Sala que dentro del proceso disciplinario se demostró suficientemente, con las pruebas aportadas y particularmente de la minuciosa revisión del expediente ordinario, que aun cuando había sido comunicada la designación de CASCAVITA TORRES como «perito abogada», ella se posesionó como defensora designada bajo la figura del amparo de pobreza, como así lo constató el juez disciplinario en la respectiva acta, que fue suscrita por la ahora accionante[4].
Por ello, para la autoridad accionada, «la encartada incurrió en una serie de errores, por descuido y negligencia, pues desde un principio no revisó el estado de la actuación, al punto de haber aceptado una designación como “Abogado Perito” y luego haberse posesionado como “Defensor de Amparo de Pobreza”, a sabiendas de las implicaciones jurídicas que ello tenía para la suerte procesal de la demandada»[5].
Y si bien dentro del trámite disciplinario pretendió justificar su actuar en punto de las dudas que le generó el nombramiento como “perito abogada”, dijo el ad quem que «una vez posesionada como defensora de amparo de pobreza la encartada subsanó la irregularidad».
De igual...
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