SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 78492 del 04-12-2019 - Jurisprudencia - VLEX 845685965

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 78492 del 04-12-2019

EmisorSALA DE CASACIÓN LABORAL
PonenteCLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Sentido del falloCASA PARCIALMENTE / FALLO DE INSTANCIA - MODIFICA / FALLO DE INSTANCIA - REVOCA PARCIALMENTE / FALLO DE INSTANCIA - ADICIONA / FALLO DE INSTANCIA - CONFIRMA PARCIALMENTE
Número de expediente78492
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Laboral de Ibagué
Tipo de procesoRECURSO DE CASACIÓN
Número de sentenciaSL5595-2019

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL5595-2019

Radicación n.° 78492

Acta 44

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso JOSÉ NEMESIO CASTAÑEDA BARRERA contra la sentencia que el 22 de marzo de 2017 profirió la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso que adelanta contra la COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA, la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES

El accionante solicitó que se declare que: (i) entre él y la Universidad Cooperativa de Colombia existió un contrato de trabajo, que se ejecutó desde el 7 de enero de 1996 hasta el 21 de diciembre de 2013, lapso en el que desempeñó el cargo de decano de la facultad de Contaduría Pública; (ii) fueron ficticios la suscripción de los acuerdos cooperativos con las entidades de economía solidaria accionadas, y (iii) la relación de trabajo terminó sin justa causa por decisión unilateral de la empleadora.

En consecuencia, reclamó el pago de prestaciones sociales causadas durante la ejecución del contrato laboral, las indemnizaciones por despido injusto, pago inoportuno de las cesantías y la moratoria, así como la nivelación del salario que corresponda a la labor que desarrolló, los aportes al sistema general de pensiones, lo que se pruebe ultra y extra petita y las costas procesales.

En respaldo de sus aspiraciones narró que la Universidad Cooperativa de Colombia lo contrató como decano de la facultad de Contaduría Pública a partir del 7 de enero de 1996 y, para ello, estableció que la vinculación debía hacerse a través de un convenio de trabajo asociado con la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna, forma de contratación que se prolongó hasta el año 2003.

Agregó que entre 2004 y 2011, la prestación de servicios descrita se hizo a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna y que, posteriormente, suscribió con la institución educativa demandada dos contratos de trabajo a término fijo, que se ejecutaron del 16 de enero al 15 de diciembre de 2012 y entre el 8 de enero y el 21 de diciembre de 2013.

Expuso que durante la vigencia de la relación laboral no le pagaron prestaciones sociales ni aportes al sistema de seguridad social en pensiones, que su último salario ascendió a $3.455.632, el cual correspondía a la función de coordinador de la facultad, y que la empleadora lo despidió sin justa causa el 21 de diciembre de 2013 (f.º 112 a 124 y 128 a 140).

Al dar respuesta al escrito inaugural, la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna (f.º 164 a 176) y la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna (f.º 1 a 19, cuaderno 2) manifestaron los mismos argumentos, aunque lo hicieron de manera separada. Ambas entidades se opusieron a todas las pretensiones. Frente a los hechos en que se fundamentaron, admitieron que el accionante suscribió dos contratos de trabajo a término fijo con la Universidad Cooperativa de Colombia, sus extremos y el último salario que devengó en dicha institución. En relación con los demás, adujeron que no les constaban o no eran ciertos.

Expusieron que el aludido establecimiento de educación superior celebró con ellas un acuerdo cooperativo y, en virtud de los mismos, el accionante suscribió sendos convenios de trabajo asociado para prestar sus servicios a la universidad como coordinador de la facultad de Contaduría Pública, así: con la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna, del 16 de agosto de 1996 al 20 de diciembre de 2003 y con Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna, entre el 19 de enero de 2004 y el 18 de diciembre de 2011.

Igualmente, manifestaron que el demandante se afilió libremente a dichas entidades de economía solidaria, y que cancelaron las compensaciones que correspondían para el cargo que desempeñó, así como los aportes al sistema de seguridad social.

En su defensa, la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna propuso las excepciones de prescripción, «inexistencia del contrato laboral bajo continuada subordinación y dependencia entre Comuna y el trabajador asociado», cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones pretendidas, «terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado», pago, compensación e inexistencia de la violación del principio de igualdad (f.º 164 a 176).

Por su parte, La Comuna CTA, formuló como medios exceptivos los de pago total de las pretensiones formuladas en la demanda, compensación, cobro de lo no debido, «la CTA La Comuna no ejerce intermediación laboral, ejerce una labor de tercerización protegida por la Constitución y permitida por la ley», y «la CTA La Comuna cumple con todos los requisitos legales para ser una típica, verdadera y legal cooperativa de trabajo asociado. No ejerce actividades propias de las empresas de servicios temporales», «inexistencia del contrato laboral bajo continuada subordinación y dependencia entre la CTA La Comuna y el trabajador asociado», «existencia de la prestación del servicio regida por medio de un acuerdo de trabajo asociado a través de un tercero, esto es la CTA La Comuna, regulados por la Ley 79 de 1988 y no por el C. S. del T.», inexistencia de las obligaciones pretendidas, falta de causa, mala fe, buena fe de las entidades demandadas, «terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado», prescripción e inexistencia de la violación del principio de igualdad (f.º 1 a 19, cuaderno 2).

Al contestar la demanda, la Universidad Cooperativa de Colombia también se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió que celebró dos contratos de trabajo a término fijo con el demandante, sus extremos y el último salario que devengó. Frente a los demás, afirmó que no eran ciertos.

En su defensa, adujo que el accionante confunde las relaciones de trabajo asociado con las labores que llevó a cabo en dicha institución; que el cargo que ejerció fue el de coordinador académico de la facultad de Contaduría Pública, se vinculó libre y voluntariamente a las cooperativas accionadas, fue afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, y que los contratos de trabajo se liquidaron adecuadamente y el último finalizó por vencimiento del plazo pactado.

Propuso las excepciones de falta de legitimidad en la causa por pasiva, «inexistencia del contrato laboral bajo continuada subordinación y dependencia entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el trabajador asociado», compensación, inexistencia de la violación del principio de igualdad, prescripción y la genérica (f.º 1 a 27, cuaderno 3).

  1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A través de fallo de 10 de abril de 2015, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué decidió (f.º 127 a 129, cuaderno 3 y Cd. 2):

1º. Declarar que entre la demandada UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, como empleadora y JOSE (sic) NEMESIO CASTAÑEDA BARRERA, como trabajador existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 7 de enero de 1996 hasta el 21 de diciembre de 201[3].

2º. Condenar a la demandada a pagar a favor del demandante, y una vez en firme esta decisión, a las siguientes sumas de dinero: $6.816.917,67, por primas de servicios; $36.976.707,78, por cesantías; $4.430.249,30, por intereses a las cesantías; $5.202.647,46 por vacaciones; por indemnización por despido injusto la suma de $40.315.718,33; por (sic) $73.136.679,63, a título de indemnización moratoria que contempla el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no pago de las cesantías y $115.187,77 diarios a título de indemnización moratoria a partir del 22 de diciembre de 2013 hasta por 24 meses, y de ahí en adelante se pagaran (sic) intereses moratorios hasta cuando se haga efectivo el pago de las prestaciones sociales debidas.

3º. Declarar solidariamente responsable a las demandadas COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA, por las condenas realizadas en los numerales anteriores (…).

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

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