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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52396 del 29-07-2020

EmisorSala de Casación Penal
PonenteEYDER PATIÑO CABRERA
Sentido del falloSI CASA / CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA
Número de expediente52396
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Penal de Bogotá
Tipo de procesoCASACIÓN
Número de sentenciaSP2811-2020




EYDER PATIÑO CABRERA

Magistrado ponente


SP2811-2020

Radicación No. 52.396

(Aprobado acta No. 155)



Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veinte (2020).


MOTIVO DE LA DECISIÓN


La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la defensa de Jhon Camilo Laverde Enciso, contra la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que, tras revocar la de carácter absolutorio proferida el 28 de noviembre de 2016 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de la misma ciudad, lo condenó por el delito de lesiones personales culposas, en calidad de autor.


HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE


1. El 3 de marzo de 2014, a eso de las 5:30 p.m., el vehículo de servicio público SITP, asociado a la empresa Transmilenio, de marca Chevrolet, NPR, y placas VEX378, conducido por Jhon Camilo Laverde Enciso, transitaba a la altura de la autopista norte con calle 193 de la ciudad de Bogotá, en sentido sur norte, cuando, por razones que se desconocen, frenó precipitadamente, se subió al andén por el que se encuentra demarcada una ciclorruta y tras dar un giro, sobre su propio eje, colisionó en sentido norte sur con un poste del alumbrado público que cayó sobre el costado derecho de la acera.



En dicho accidente resultó lesionado Luis Francisco Díaz Barrera, quien se desplazaba hacia el norte en su bicicleta por la ciclorruta lateral, quien perdió momentáneamente el conocimiento y sufrió heridas en la región parietal izquierda y la pierna del mismo lado, las cuales, sin embargo, no le produjeron secuelas, sino incapacidad médico legal definitiva de 15 días.



2. El 30 de diciembre de 2015, el Juez Cuarenta y Dos Penal Municipal con funciones de control de garantías de la capital colombiana le impartió legalidad a la imputación que la Fiscal Ciento Veintisiete Local formuló en contra de Jhon Camilo Laverde Enciso por el delito de lesiones personales culposas, en calidad de autor (artículos 111; 112, inciso 1; y 120 del Código Penal), cargo que no aceptó el indiciado1.



3. El 18 de marzo de 2016 se radicó el escrito de acusación2 y su verbalización se produjo el 16 de mayo de ese año, bajo la presidencia del Juez Segundo Penal Municipal del citado lugar3.



4. La audiencia preparatoria se cumplió el 27 de junio posterior4 y el juicio oral se desarrolló entre el 19 de septiembre5 y el 31 de octubre siguientes6. Al final se anunció sentido del fallo absolutorio.



5. Acorde con lo anterior, el 28 de noviembre de la mencionada anualidad se profirió la sentencia de rigor7.



6. Inconformes con la decisión, los representantes de la Fiscalía8 y la víctima9 la apelaron y el 12 de diciembre de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la revocó, para condenar a John Camilo Laverde Enciso, como autor del delito por el que fue acusado, a las penas principales de tres (3) meses y dos (2) días de prisión, dieciséis (16) meses de privación del derecho a conducir vehículos automotores, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término que la sanción aflictiva de la libertad. Le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena10.



7. La defensa interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casación11 y presentó, en tiempo, la demanda correspondiente12, la cual fue admitida el 27 de abril de 2018, convocándose a la respectiva audiencia de sustentación oral13, la cual tuvo lugar el 24 de septiembre siguiente14.



LA DEMANDA


Tras reproducir la cuestión fáctica compendiada por el Tribunal y sintetizar la actuación procesal, los fallos de instancia y los recursos de apelación, el libelista identifica las partes e intervinientes y destina un acápite a los presupuestos de procedencia, oportunidad e interés jurídico para recurrir y otro a las finalidades de la impugnación extraordinaria, concretamente las de efectividad del derecho material, respeto de las garantías de los intervinientes y unificación de la jurisprudencia.


En ese último segmento el defensor asevera, por una parte, que se desconoció el derecho sustancial porque se incurrió en falso juicio de identidad por tergiversación respecto de la prueba testimonial, en la medida que sirvió de fundamento a la condena pese a que no es «directa y personal de los hechos»15, además que también se violaron las reglas de la sana crítica, pues existe duda sobre la responsabilidad del acusado, por falta de prueba del nexo causal entre la infracción al deber objetivo de cuidado en cabeza del acusado y las lesiones culposas sufridas por la víctima.


Y por otra, que se requiere un pronunciamiento de fondo de la Corte acerca de la posibilidad de impugnar, por vía ordinaria, las sentencias de condena, proferidas por primera vez en segunda instancia.


Postula dos cargos, previa prevención en el sentido de que se atiene a la modulación del principio de prioridad, que permite postular primero el que propenda por la absolución antes que por la nulidad.


  1. Primero (principal)


Con apoyo en la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, denuncia la violación indirecta de la ley sustancial, en el sentido de error de hecho por falso juicio de identidad por tergiversación, el cual, aduce, recayó en los testimonios de Luis Francisco Díaz (víctima), Oscar Andrés Reyes (primer respondiente) y Pedro Alexander Montaño Parrado (policía de tránsito), yerro que habría conllevado a la aplicación indebida de los artículos 9, 10, 11, 12, 111, 112.1 y 120 del Código Penal y a la exclusión de los cánones 29.4 de la Constitución Política y 7 y 381 de la Ley 906 de 2004.


En desarrollo de la censura, una vez se refiere al principio de in dubio pro reo y a la presunción de inocencia, parte por reprobar al Tribunal por señalar que a la defensa le compete oponerse al poder probatorio de la Fiscalía, siendo que no es posible invertir la carga de la prueba.


Enseguida, previa transcripción de algunos segmentos de las declaraciones objeto del yerro denunciado, concluye que los deponentes «no tuvieron conocimiento directo y personal de los hechos, al punto que n[i] siquiera la víctima, se dio cuenta de la ocurrencia, por cuanto se [le] “había apagado la luz, literalmente, no supo qu[é] paso, o como lo refirió en otro de los apartes de su testimonio, que: “no supo cómo llegó el bus”» 16.


Asegura el letrado que, el ad quem «tergiversó por adición la prueba testimonial»17, pues no obstante que, a ninguno de los testigos les constan los hechos, encontró demostrada la tipicidad de la infracción al deber objetivo de cuidado y el nexo de causalidad entre este y el resultado dañino, siendo que, según el a quo, no se podía inferir, a partir del acervo probatorio, más allá de duda razonable, que las lesiones fueran producto de la actividad riesgosa del acusado de conducir vehículos de servicio público.


De igual modo, sostiene, no se acreditó que el enjuiciado «haya creado o infringido el peligro, -obsérvese que el informe de tránsito dice que el piso estaba húmedo-, para que el resultado se hubiese materializado»18.


Para el censor es errada la conclusión de la colegiatura de que la causa determinante de las lesiones de la víctima fue la infracción al deber objetivo de cuidado, generada cuando el conductor de la buseta invadió, sin justa causa, la ciclorruta por donde transitaba el ciclista, por cuanto, el ofendido narró que no sabía cómo cayó y que por la ubicación de las heridas –lado izquierdo- y el sentido –norte- en el que se dirigía, se imaginaba que fue el bus el que le pegó.


Solicita casar la sentencia impugnada y emitir fallo de reemplazo absolutorio.


  1. Segundo (subsidiario)


Invocando la causal segunda de casación, acusa la sentencia del Tribunal de haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad, con ocasión de un error in procedendo, derivado de un vicio de estructura y de garantía, previsto en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004.


Al respecto, asegura que se incurrió en violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del canon 29 de la Carta Política, que establece el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, así como de los preceptos 4, 6, 8, 10, 20, 161, 176, 177, 179b y 457 del Código de Procedimiento Penal.


Previa solicitud orientada a que se declare la nulidad de lo actuado a partir del fallo de segundo grado del 19 de diciembre de 2017, a efecto de permitir al procesado impugnarlo a través del recurso ordinario de apelación y no del extraordinario de casación, habilitado en el numeral séptimo de dicha decisión, cita la referida norma superior, así como los cánones 13 ibidem, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y la sentencia C-792 de 2014 de la Corte Constitucional, en tanto declaró la inconstitucionalidad, por omisión legislativa, de las normas procesales que no prevén la posibilidad de apelar las sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia, y exhortó al Congreso de la República para regular integralmente el tema.


Demanda la protección de los derechos a la igualdad y a la apelación con fundamento en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Herrera vs. Costa Rica y Mohamed vs. Argentina.


En el acápite de la trascendencia resalta que al impedirse a su representado la impugnación ordinaria del fallo condenatorio adverso, se le vulneró el derecho a «controvertir los aspectos fácticos y probatorios esbozados y valorados por el Tribunal al REVOCAR la sentencia absolutoria»19, a ejercerlo a través de un escrito de libre factura, prerrogativa concedida a la Fiscalía cuando apeló la sentencia de primera instancia, y al examen integral y amplio del arsenal probatorio por parte del superior jerárquico del Tribunal, dentro del principio...

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