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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54083 del 01-07-2020

EmisorSala de Casación Penal
PonenteEYDER PATIÑO CABRERA
Sentido del falloNO CASA / CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA
Número de expediente54083
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Penal de Pereira
Tipo de procesoCASACIÓN
Número de sentenciaSP2338-2020

EscudosVerticales3

EYDER PATIÑO CABRERA

Magistrado Ponente

SP2338-2020

Radicación n°. 54083

(Aprobado acta n° 135)

Bogotá, D.C., primero (1°) de julio de dos mil veinte (2020).

MOTIVO DE LA DECISIÓN

La Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por la defensora de Rubén Darío Monsalve Londoño contra la sentencia del Tribunal Superior de Pereira, que condenó al acusado, por primera vez en segunda instancia, por el delito de concusión.

HECHOS

El 22 de noviembre de 2007, al almacén de agro veterinaria “Los Toros”, ubicado en la carrera 10 #18 esquina, de la ciudad de Pereira, llegaron dos hombres que se identificaron como de la Fiscalía General de la Nación y preguntaron por la propietaria María Anactalia García Rubiano.

Solo uno de ellos, Rubén Darío Monsalve Londoño, ingresó a la oficina de la nombrada y le manifestó ser amigo de su hermano Jorge -asesinado días antes- e ir como un simple mandadero con el propósito que ella le pagara la suma de 800 millones de pesos, que, representados en letras de cambio y pagarés, le debía su colateral a un fiscal de Bogotá para desaparecer un proceso de extinción de dominio. Monsalve Londoño, quien siempre portó el carnet que lo acreditaba como empleado del ente acusador -auxiliar administrativo III-, le exhibió unos documentos relacionados con propiedades de Jorge, con nombres y asignaciones a testaferros, entre los cuales estaba ella y algunos de sus familiares.

María Anactalia García Rubiano no entregó dinero alguno, elevó la denuncia ante el Gaula y, junto a su familia, abandonó la ciudad.

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Pereira se llevó a cabo, el 10 de junio de 2008, audiencia preliminar en la que se le imputó a Rubén Darío Monsalve Londoño el delito de concusión[1].

2. La acusación, radicada el 8 de julio siguiente por la Fiscalía 20 Seccional[2], se verbalizó el 6 de noviembre de ese año bajo la dirección del Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad[3].

3. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 3 de diciembre de 2008[4] y la del juicio oral se surtió en sesiones del 15 de abril[5] y 7 de octubre[6] de 2009, última en la que se anunció sentido de fallo absolutorio, el que se dictó el 29 de octubre posterior[7].

4. La delegada de la Fiscalía apeló la decisión y el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, en sentencia del 1° de junio de 2018, la revocó para, en su lugar, condenar a Monsalve Londoño, como autor del delito endilgado, a las penas principales de 96 meses de prisión y multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual. Le negó la suspensión condicional de la ejecución y de la pena y la prisión domiciliaria, pero adujo que la privación de la libertad solo se hará efectiva cuando la decisión cobre ejecutoria[8].

5. Con memorial del 12 de junio siguiente, el procesado pidió se declarara la prescripción de la acción[9], y el Tribunal, en auto del 15 de ese mes y año, se abstuvo de resolver[10].

6. El abogado que ostentaba la defensa interpuso el recurso extraordinario y una nueva profesional lo sustentó.

LA DEMANDA

La censora postula dos cargos, uno por la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, y otro, subsidiario, por el motivo tercero ibidem, cuyos fundamentos exhibe así:

Primero

La imputación tuvo lugar el 10 de junio de 2008, de allí que la acción penal prescribió el 9 de junio de 2018, fecha para la cual no se había dictado sentencia de segunda instancia. Ello porque dicho término, en la etapa del juicio, con el incremento por la condición de servidor público, era de 10 años.

El Tribunal, faltando cuatro días para que se cumpliera ese lapso, profirió fallo y convocó para su lectura, no obstante, esta audiencia tuvo que suspenderse debido a que se requería la presencia efectiva de los tres magistrados que componen la Sala, dado que se trataba de una primera condena y era imperioso el quorum para poder resolver sobre el derecho a la doble conformidad.

En realidad, esa providencia no se profirió el 5 de junio, sino «hasta el 23 de julio de 2018, cuando iniciaron a correr los términos para recurrir en casación».

El ad quem excedió el plazo razonable para emitir sentencia, el cual está previsto, por los organismos internacionales, en tres años; además, lesionó el debido proceso y quebrantó los principios de imparcialidad y de pronta y cumplida justicia (cita los preceptos 29 de la Constitución, 14.3 y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2 de la Convención Americana y 81.b del Estatuto de la Corte Penal Internacional). Esa dilación tuvo consecuencias devastadoras para el procesado, pues, pese a haber sido absuelto, quedó en estado de zozobra y ahora, después de diez años, verá restringida su libertad.

Lo anterior conduce a que se anule el fallo para reparar los agravios causados a su representado y se le restauren los derechos conculcados, como el de «un juicio justo y sin dilaciones injustificadas, el debido proceso y la presunción de inocencia».

Solicita se declare la «ineficacia de los actos procesales a partir del 30 de octubre de 2009», cuando se radicó el asunto en el Tribunal, por violación del plazo razonable, se anule la determinación de segundo grado y se reconozca la prescripción de la acción penal.

Segundo (subsidiario)

Se recayó en un falso raciocinio por violación del principio lógico de razón suficiente.

María Anactalia García Rubiano no atestiguó que el acusado se hubiese presentado como representante de la fiscalía ni que actuara como funcionario de ella. Por ende, su aserto constituye razón suficiente para determinar que Monsalve Londoño no obró como servidor público, sino como particular «razonero». Es más, la escarapela con foto que supuestamente vio María Anactalia no prueba que perteneciera al ente persecutor y no fue presentada como evidencia.

De haber observado el principio lógico que echa de menos, la determinación sería distinta, en tanto se tendría que haber declarado la duda razonable frente al tipo subjetivo del delito de concusión.

El juzgador incurrió en un falso juicio de legalidad al tener como prueba de referencia la entrevista rendida por Ramón Antonio Muñoz Gil, quien falleció, toda vez que no reúne las calidades de testigo directo ni indirecto, es solo de oídas, puesto que únicamente relató lo que le contó su compañera María Anactalia.

El yerro descrito es relevante porque con esa prueba inadmisible se le dio solidez a la declaración de María Anactalia.

Otro falso juicio de legalidad reside en el testimonio de la investigadora Amparo Olarte de Valencia, que realizó la diligencia de reconocimiento fotográfico en la que María Anactalia identificó al acusado, toda vez que el ad quem le dio valor probatorio a ese señalamiento y lo tuvo como prueba de corroboración periférica, cuando en realidad es un acto de investigación, un método de identificación.

Pide se case la sentencia condenatoria y en su lugar se dicte una absolutoria.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN[11]

1. El defensor[12] insistió en que el Tribunal violentó el debido proceso por desatender el plazo razonable que tenía para proferir sentencia, toda vez que el proceso duró casi 10 años en esa instancia, sin que pudieran predicarse maniobras dilatorias por parte de la defensa ni complejidad del asunto. En consecuencia, pidió a la Sala declarar la prescripción por razón de la prosperidad del primer cargo.

En relación con la segunda crítica, reiteró que la judicatura recayó tanto en un falso raciocinio, al infringir el principio de razón suficiente, como en dos falsos juicios de legalidad.

2. El Fiscal Tercero Delegado para la Casación Penal pidió no casar la sentencia por lo siguiente:

Primer cargo. Si bien el Tribunal se tomó, sin explicación, un tiempo extenso para decidir la apelación, lo cierto es que esa demora no condujo a la prescripción de la acción penal, toda vez que el demandante utiliza como referente una fecha distinta a la del día en que se adoptó, lo que desatiende la jurisprudencia de la Corte en punto de la data en que se profiere una sentencia y, por ende, el momento en el que se suspende el término para contabilizar la prescripción. El plazo razonable no es otro que ese, el cual no se materializó.

Segundo cargo. La víctima sí narró que el acusado exhibió un carnet de la Fiscalía, a la...

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