SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-01881-00 del 26-08-2020
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Número de expediente | T 1100102030002020-01881-00 |
| Fecha | 26 Agosto 2020 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC6142-2020 |
L.A. RICO PUERTA
Magistrado ponente
STC6142-2020 R.icación nº 11001-02-03-000-2020-01881-00
(Aprobado en S. de veintiséis de agosto de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte la acción de tutela promovida por M.C.H. De Mejía, contra la S. Especial de Instrucción de esta Corporación; trámite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto penal radicado nº 52.240.
ANTECEDENTES
1. La accionante, obrando en su propio nombre, invoca la protección de los derechos fundamentales a «elegir y ser elegido, soberanía popular, supremacía de la Constitución, fines esenciales del Estado, democracia participativa», presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada.
Alega que, con tal decisión «sin que medie condena» la S. acusada «cercenó intrínsecamente los derechos políticos del Senador Á.U.V. y de contera mis derechos a elegir y de sentirme representado en el Congreso de la República». En tal sentido manifestó que con su voto participó en la elección del citado Senador, siendo él, el «candidato más votado en toda la historia del país, así, es clara su representatividad como elemento de la democracia participativa que impera por mandato de la Constitución».
Sostuvo entonces que, aunque reconoce que contra la criticada determinación, existen «recursos y mecanismos exceptivos de defensa», el hecho de que actualmente estén en curso las sesiones de las comisiones legislativas y las plenarias, «esperar el trámite de los recurso procesales constituiría un perjuicio irremediable, pues el S.U.V. no puede participar activamente en las discusiones y en este sentido la materialización de sus derechos fundamentales a elegir y mi representación democrática se ve irremediablemente vulnerado».
Finalmente, arguye que, la providencia afecta directamente los derechos fundamentales de Á.U.V., pues «no le respetan un juicio justo, sino un proceso arbitrario con vacíos judiciales que solo permitiría un fallo parcializado, por eso […] expreso mi inconformidad de la forma en que se está judicializando al Senador Á.U.V..»..
3. En consecuencia, pide «(…) se declare sin valor ni efecto la decisión adoptada por la S. de Instrucción Especial de la Corte Suprema de Justicia, calendada el 4 de agosto de 2020, en el caso del S.Á.U.V. (…)».
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. La Directora de la Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, destacó esencialmente que «(…) carece de competencia sobre la materia tutelada», ya que la decisión recriminada en la demanda se da «(…) en el marco de una investigación contra un Senador de la República». Añadió que, de todas formas, la súplica constitucional no satisface el requisito de la subsidiariedad, pues el proceso penal que se sigue contra el senador U.V. «(…) es un conflicto judicial que se encuentra en trámite ante la autoridad competente», y porque, la medida de aseguramiento que se le impuso es de «(…) carácter provisional […] por lo que en su contra proceden recursos y la continuación del procedimiento para que se adopte una decisión definitiva».
2. I.C., senador vinculado al presente trámite, y quien funge como parte civil en la investigación penal en cuestión; en primer término, para referirse a las garantías que se invocan como quebrantadas, señaló que los parlamentarios no gozan de inmunidad frente «a una posible infracción de la ley penal». Seguidamente, solicitó se declare la improcedencia de la tutela por cuanto no satisface el requisito de la subsidiariedad, dado que, «(…) en el debate judicial, como es de conocimiento público, aunque la defensa podía interponer recurso de reposición contra la medida adoptada por la S. Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de hacerlo (…)»; finalmente, puso de presente que, «(…) mal hacen en atacar las actuaciones que se surten en el proceso penal, personas ajenas al debate judicial, alegando vulneración de sus derechos políticos y pretendiendo con ello reemplazar los mecanismos idóneos, a los sujetos procesales y a la autoridad competente, para con ello intentar incidir en el debate judicial».
3. El secretario general del Congreso de la República, manifestó que esa corporación no tiene competencia para pronunciarse sobre la presente queja, toda vez que en esta se cuestiona una determinación adoptada por la S. Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia «(…) organismo colegiado que hace parte de […] la Rama Judicial, es por ello que solo podrá ser modificada, adicionada o derogada por un ente con competencia y que pertenezca a la Rama Judicial».
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la promotora está legitimada para interponer el presente resguardo y, en caso de superarse lo anterior, si la S. Especial de Instrucción de esta Corporación vulneró las prerrogativas fundamentales invocadas, al proferir el auto del 4 de agosto de 2020, mediante el cual impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia a Á.U.V., en el marco de la investigación penal que se le adelanta, bajo el radicado nº 52.240.
2. La legitimación en la causa.
2.1. La acción de tutela es un mecanismo excepcional establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares.
Por otra parte, las normas que desarrollan y reglamentan el mecanismo de protección consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, prevén que la acción se debe instaurar directamente o por conducto de apoderado judicial. Por excepción, «se pued(e)n agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa» (art. 10 del Decreto 2591 de 1991).
Asimismo, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene sentado que la legitimación activa de la acción de tutela, en principio, se refiere al titular de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados.
No obstante, también ha precisado que: «(…) tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso» (CC T-301/07 y T- 947/06).
Sobre este tema, esta Corte ha indicado que «(…) ningún tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervención acaece como...
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