SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 2020-00535 del 05-08-2020 - Jurisprudencia - VLEX 847855134

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 2020-00535 del 05-08-2020

Sentido del falloNIEGA TUTELA
EmisorSALA DE CASACIÓN LABORAL
Número de expedienteT 2020-00535
Fecha05 Agosto 2020
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
Número de sentenciaSTL5428-2020
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

I.M.L.G.

Magistrado ponente

STL5428-2020

Radicación n.° 2020-00535

Acta 28

Bogotá, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020).

La Corte resuelve la acción de tutela que los PROCURADORES 221 y 260 JUDICIAL I PENALES DE SOACHA (CUNDINAMARCA) promueven contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA y la ALCALDÍA DE SOACHA, trámite al que se vinculó al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

I. ANTECEDENTES

Los accionantes promueven acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales de los usuarios y funcionarios de los Juzgados Penales de Soacha al trabajo en condiciones dignas, vida, salud y acceso a la administración de justicia, que las autoridades convocadas presuntamente vulneraron.

Para respaldar su solicitud, refieren que desde el año 2008 «la mayoría» de los juzgados penales de Soacha (Cundinamarca) funcionan en instalaciones arrendadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca.

Afirman que mediante el Acuerdo 47 de 2009, el Consejo Municipal de Soacha autorizó la cesión a título gratuito de un predio a favor del Consejo Superior de la Judicatura para construir un Palacio Judicial propio, con el fin de concentrar allí todos los despachos judiciales y mejorar las condiciones de prestación del servicio.

Relatan que la construcción de dicha edificación finalizó hace dos años, no obstante, no se ha materializado el traslado de los juzgados a esa sede.

Aducen que el 22 de octubre de 2018 solicitaron a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que les informara: (i) las razones que han impedido la utilización de la nueva sede, (ii) si el contrato 095 de 2018 para la conexión a redes de servicio público implica realizar obras en las vías de acceso al edificio y (ii) en caso negativo, cuáles son las gestiones que ha adelantado para que la edificación cuente con servicios públicos y vías de acceso.

Indican que el 23 de noviembre de 2018 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó su solicitud e indicó que los estudios y diseños de las conexiones de redes ya se radicaron ante las empresas de servicios públicos, de modo que únicamente están pendientes las «aprobaciones» y «licencias». Asimismo, que les precisó que solo hasta que se obtengan dichos permisos era viable realizar las obras de conexión, las cuales tienen una duración aproximada de tres meses, y les aclaró que la construcción de vías de acceso es responsabilidad del municipio de Soacha.

Señalan que han transcurrido más de diecinueve meses desde que recibieron dicha respuesta, sin que se haya materializado el traslado de los juzgados, razón por la cual cuestionan que las autoridades accionadas no han informado las razones específicas y detalladas que han dificultado el traslado y que el municipio no se haya articulado con las demás entidades para lograr ese cometido.

Narran que las instalaciones en las que actualmente se ubican los juzgados están en condiciones «deplorables» y han sido objeto de clausuras y sellamientos. Agregan que el 2 de julio de 2020 la Secretaría de Salud de Soacha visitó la edificación actual para verificar si cumplía las condiciones para el manejo del Covid-19, no obstante, ordenó su clausura en forma temporal y total al evidenciar la presencia de palomas, roedores y falta de mantenimiento y de los protocolos de bioseguridad, entre otros.

Manifiestan que el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales solicitó a las accionadas que ubicaran a los funcionarios en la nueva sede o en un lugar que ofrezca condiciones de bioseguridad para proteger a las personas de la pandemia originada por el Covid-19, sin embargo, aquellas no han adoptado tales medidas.

Por otra parte, informan que en el trámite de una acción popular que cursa actualmente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las convocadas suscribieron un «pacto de cumplimiento» y se comprometieron a realizar los trámites necesarios para finalizar la instalación y funcionamiento para la edificación propia, pero esto no ha sucedido.

Conforme lo anterior, solicitan que se tutelen las garantías fundamentales presuntamente vulneradas y que se ordene a las accionadas trasladar en un término perentorio los despachos judiciales a la nueva sede del Palacio de Justicia. Subsidiariamente, piden que se las conmine a «solucionar de forma definitiva» los problemas de salubridad de la sede actual y a suministrar elementos de bioseguridad.

La acción de tutela se asignó inicialmente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, autoridad que mediante auto de 21 de julio de 2020 la remitió por competencia a esta Corporación porque consideró necesaria la vinculación del Consejo Superior de la Judicatura.

Luego de realizarse el reparto en la Corte, mediante auto de 29 de julio de 2020 esta Sala admitió la acción constitucional y corrió traslado a las autoridades convocadas para que ejercieran su defensa en el término de dos días.

Durante tal lapso, el secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos del municipio de Soacha admitió que aún no se han trasladado los despachos judiciales a la nueva sede del Palacio de Justicia. Sin embargo, señaló que ello no obedece a razones arbitrarias sino a la necesidad de agotar el proceso contractual para la construcción de los andenes aledaños a la edificación. En ese sentido, afirmó que actualmente existe...

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