SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 72514 del 24-11-2020 - Jurisprudencia - VLEX 856142969

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 72514 del 24-11-2020

EmisorSALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4
Sentido del falloNO CASA
Número de expediente72514
Fecha24 Noviembre 2020
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Laboral de Popayán
Tipo de procesoRECURSO DE CASACIÓN
Número de sentenciaSL4885-2020
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente


SL4885-2020

Radicación n.° 72514

Acta 044


Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual


Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020).


Decide la S. el recurso de casación interpuesto por ALEIDA LUCÍA RIVERA ANACONA, contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2015 por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro del proceso que promovió contra los herederos indeterminados y determinados de LIBARDO ANTONIO VARGAS MARÍN, siendo estos últimos sus hermanos LUIS HERNANDO, O., LUCÍA ROSA, C.I. y M.A.V.G. y sus sobrinos LIBARDO, AUGUSTO, G., L.C., O., M.E. y J.M.S.V..


  1. ANTECEDENTES


Aleida Lucía R.A. demandó a los herederos determinados mencionados, a los indeterminados «y/o la sucesión intestada» del sacerdote L.A.V.M., con el fin de que se declarara que entre ella y el causante existió un contrato de trabajo, desde el 4 de junio de 1996 vigente hasta el 31 de agosto de 2011, fecha de presentación de la demanda.


Además, pidió que se declarara que desde la fecha inicial del contrato y hasta el 15 de febrero de 2005, el empleador no la afilió ni cotizó al Sistema de Seguridad Social Integral, ni le canceló, durante toda la relación laboral, el auxilio de cesantía y sus intereses.


También pretendió que se declarara que desde el fallecimiento del causante, ocurrido el 18 de enero de 2011, hasta la fecha de presentación de la demanda, continuó desempeñando la misma actividad laboral. Además que se declarara que desde el 1º de marzo de 2011 no se le han cancelado sus salarios; que desde el 1º de enero de esa anualidad, no ha recibido el pago de sus prestaciones sociales, vacaciones, ni dotaciones; y que a partir del 1º de julio del mismo año no se han cancelado los aportes a la Seguridad Social Integral.


Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó que se condenara a pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social, entre el 4 de junio de 1996 y el 14 de febrero de 2005 y desde el 1º de julio de 2011 y mientras subsistiera el vínculo laboral; el auxilio de cesantías con sus intereses y la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; el salario mensual causado entre el 1º de marzo de 2011 y la fecha en que termine el contrato de trabajo; y las «prestaciones sociales «[…] tales como prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, calzado y vestido de laboral (sic) compensados en dinero» » a partir del 1º de enero de 2011.


Fundamentó sus pretensiones en que laboró para L. Antonio Vargas Marín desde el 4 de junio de 1996, desempeñando funciones de atención al público y venta de productos farmaceúticos y medicinales naturales, en el establecimiento de comercio de propiedad del empleador, ubicado en la ciudad de Popayán. Afirmó que desde esa fecha hasta el 15 de febrero de 2005, no fue afiliada a la seguridad social y tampoco se le pagaron sus cesantías ni los intereses de éstas, ni de forma directa ni mediante consignación en el fondo correspondiente.


Narró que tenía su residencia en el establecimiento de comercio del empleador, situación que ha permanecido inalterada desde el fallecimiento de éste ocurrido el día 18 de enero de 2011, pues a partir de ese momento sus hermanos L.H., O., L.R., C.I. y María Aleida Vargas González y sus sobrinos L., A., G., Luis Carlos, O., M.E. y J.M. S.zar Vargas, «[…] tomaron las riendas de sus negocios», pero no volvieron a surtir el establecimiento, situación que provocó que no se realizaran pagos del salario, ni a ella ni a los demás trabajadores, a partir del mes de marzo de 2011.


Aseguró que los aportes a la seguridad social se realizaron hasta junio del mismo año, quedando «suspendido» desde julio de 2011, aunque ella siguió prestando sus servicios y solicitando a los herederos el reconocimiento de las prestaciones sociales adeudadas, máxime porque se encontraba embarazada, tal y como lo informó a cada uno de ellos.


Explicó que el salario mensual percibido desde 1996 hasta el año 2000 ascendió a $500.000, el devengado entre el 2003 y el 2006 a $700.000, el del año 2007 fue de $750.000, en el año 2008 recibió $1.000.000, en el 2010 $1.120.000 y terminó siendo de $1.165.000 en el año 2011. Por último, informó que ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao (Cauca) se adelanta el proceso de sucesión intestada del señor V.M., y que esa autoridad judicial fue informada del inicio de la presente acción laboral.


Al contestar la demanda (folios 89 a 103), los señores L., A., G., M.E. y J.M. S.zar Vargas, se opusieron a todas las pretensiones y frente a los hechos admitieron la existencia de la relación laboral, desconociendo los términos de la misma y sus extremos temporales.


Adujeron que conforme a los formatos de afiliación de la demandante al Sistema de Seguridad Social en R.L. y Subsidio Familiar, el primero de fecha 6 de mayo de 2005, ella se desempeñó como contadora del establecimiento de comercio donde prestó sus servicios.


Agregaron que su tio les comentó que la situación laboral de sus trabajadores era completamente normal y que se encontraba al día en el pago de todas sus obligaciones, incluida la demandante. Sin embargo, como los documentos se encontraban en poder de aquella, pues vivía en el mismo sitio en donde funcionaba el establecimiento de comercio, les quedaba imposible aportarlos.


Indicaron que no es cierto que hayan asumido las riendas del negocio, pues fue la propia demandante quien se encargó de entregar los informes contables solicitados por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, en donde se adelantaba el trámite de sucesión intestada y porque nunca permitió su ingreso a las intalaciones del establecimiento, al punto de oponerse a la diligencia de «secuestro» ordenada por ese despacho judicial, impidiendo el ingreso de la autoridad policial que acompañó la diligencia.


Manifestaron que de acuerdo con los documentos allegados al proceso de sucesión intestada, al momento del fallecimiento del señor V.M. el establecimiento de comercio ubicado en la ciudad de Bogotá, que también administraba la demandante, tenía un disponible de $19.533.400, dinero que ésta utilizó para pagar un supuesto crédito que su hermana le había otorgado al causante, por la suma de $4.500.000.


En relación con las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, informaron que de acuerdo con las certificaciones expedidas por Saludcoop EPS y el fondo de pensiones Horizonte BBVA S.A., desde el 1º de agosto de 2011 figura como trabajadora independiente. A este último arguyeron que estuvo vinculada en materia de cesantías, entre los años 2005 y 2007, pues a partir del 2008 se trasladó al Fondo Nacional del Ahorro.


Aseguraron que la garantía del pago de la seguridad social de la demandante dependía de ella misma, en su condición de contadora y administradora de los negocios del causante, razón por la cual resultaba contradictoria la afirmación de que ellos asumieron sus riendas, cuando nunca tuvieron acceso a la información o documentación relacionada con la actividad comercial.


En su defensa, propusieron las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción.


O., Lucila Rosa, C.I. y M.A.V.G. y L.C. y O.S.V., al contestar la demanda (folios 343 a 350) se opusieron a las pretensiones, precisando que entre la accionante y L.A.V.M. existió un vínculo laboral, entre el año 2005 y la fecha de su retiro voluntario, que ocurrió el 1º de agosto de 2011.


Manifestaron que el causante cumplió a cabalidad con todas sus obligaciones laborales, tal como se acreditaba con la prueba documental que se acompañó a la demanda. No obstante, admitieron que por razón del fallecimiento de su hermano y tio, a la demandante se le adeudaban los salarios y las prestaciones sociales de los meses de marzo a julio de 2011.


Explicaron que la actora laboró no desde el 4 de junio de 1996, como se aduce en la demanda, sino desde el año 2005, desempeñando el cargo de contadora y administradora. Reiteraron que el causante siempre cumplió con sus obligaciones laborales, pues así se acreditaba, entre otros, con los comprobantes de pago de cesantías entre los años 2005 y 2011, allegados por los otros demandados.


Narraron que la demandante residía, junto con su hermana L.R. Anacona, en el mismo lugar donde prestaba sus servicios, donde se elaboraban los medicamentos que se ofrecían al público y se distribuían a las demás ciudades en las que también funcionaba el establecimiento de comercio. Precisaron que ante el Juzgado Segundo de Familia de Popayán, cursaba un proceso de declaración de unión marital de hecho, instaurado por L.R. en contra de los herederos del sacerdote V.M..


Negaron que se hubieran encargado de la administración de los negocios del causante, pues a partir de su muerte quien continuó con la administración fue la demandante, que junto con su hermana impidieron el ingreso de los demandados a las instalaciones donde se elaboraban, comercializaban y distribuían los productos medicinales.


Propusieron la excepción de prescripción de los derechos laborales reclamados.


Por intermedio de curador ad litem el demandado L.H.V.G. dio respuesta a la demanda (folios 417 a 419), manifestando frente a las pretensiones que se atenía «a las resultas del proceso» y, en cuanto a los hechos, que en su gran mayoría no le constaban.


Admitió como cierta la existencia del establecimiento de comercio, pues así estaba certificado por la Cámara de Comercio del Cauca así como el fallecimiento del sacerdote V.M., dado que reposaba en el plenario copia del registro civil de defunción con el serial n.º 06973318.


Propuso la excepción de prescripción.


En forma semejante...

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