SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 109912 del 16-04-2020 - Jurisprudencia - VLEX 862126097

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 109912 del 16-04-2020

EmisorSala de Casación Penal
PonenteJAIME HUMBERTO MORENO ACERO
Sentido del falloREVOCA CONCEDE TUTELA
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Penal de Cartagena
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA
Número de expedienteT 109912

PresidenciaPenalCologris3

JAIME HUMBERTO MORENO ACERO

Magistrado ponente

STP-2020

Radicación n°109912

Acta 78

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinte (2020)

ASUNTO

Decide la Sala la impugnación presentada por Pedro Ignacio Moreno Tribín, a través de apoderado, frente al fallo proferido el 11 de febrero de 2020, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declaró improcedente el mecanismo de amparo interpuesto en contra de la Fiscalía 51 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la capital de la República, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

HECHOS, FUNDAMENTOS Y PRETENSIONES DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el líbelo introductorio y las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas la copia en cd del proceso, se estableció que Pedro Ignacio Moreno Tribín y José Domingo Dávila Fernández adquirieron el 50% del 78% del inmueble denominado El Bongo, ubicado en la Isla de Barú de la ciudad de Cartagena, e identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 060-98807, mediante Escritura Pública 539 del 12 de Noviembre del 2009 y realizada la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena el 20 de enero del 2010. (anotación No. 17).

Posteriormente, el 12 de mayo del mismo año, se registró la venta de los antes mencionados a Lelio Sosa Castillo del 7.5% del derecho que ejercen sobre el terreno por ellos adquirido, de conformidad con la Escritura Pública 159 del 9 de abril de esa data.

El 26 de julio del 2010, la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, decretó el embargo y secuestro del bien adquirido por Moreno Tribín.

La determinación se adoptó de conformidad con solicitud elevada el 4 de junio del 2010, por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la que informó que, desde el 24 de mayo de 1998, mediante auto interlocutorio expedido por una fiscalía regional, se impuso medida de aseguramiento en contra de Justo Pastor Perafán Homen por los delitos de Enriquecimiento ilícito y Falsedad[1], se había ordenado el embargo y secuestro de todos los bienes de propiedad de éste, así como la ocupación de todas las sociedades en donde tuviera participación él o su familia, dentro de las que se encontraba la sociedad Colombiana de Hoteles Ltda., hoy Colombiana de Hoteles S.A., cuya depositaria era esa entidad.

El inmueble adquirido por el accionante, era de propiedad de la sociedad mentada, para el momento en que se decretó la aludida medida cautelar, sobre el cual se advirtió que no se había materializado el registro de la aludida determinación.

En el mismo auto del 26 de julio de 2010 se avocó el conocimiento, en fase inicial, para el trámite de extinción de dominio, con radicado independiente (10254), al cual se encuentran vinculados los restantes bienes afectados con ese instrumento preventivo (2281), y se ordenó la inscripción de lo allí resuelto ante la Oficina de Registro correspondiente.

Con resolución del 26 de septiembre del 2012, en virtud a la acción de tutela interpuesta también por el aquí demandante, la Fiscalía 26 Especializada, en aplicación a la causal contemplada en el numeral 2º del artículo 2º de la Ley 793 de 2002 modificada por la Ley 1453 de 2011cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita-, dio inicio, de oficio, al trámite de extinción de dominio sobre el bien inmueble cuya propiedad reclamaba el actor (M.I. 060-98807 en la Isla de Barú) y, consecuentemente mantuvo la vigencia de la medida cautelar.

Recurrida la providencia mencionada en reposición y subsidio apelación, el 30 de octubre del 2013, la Fiscalía 26 mantuvo su determinación y concedió la alzada, la que fue resuelta el 22 de mayo del 2014, por la Fiscalía 48 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, confirmando lo decidido por la primera instancia.

Posterior a la aludida actuación, no se han realizado más pronunciamientos, sólo la reasignación del proceso a la Fiscalía 51 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, el 19 de diciembre de 2016.

Indicó el actor que, a través del apoderado que lo representa en la actuación cuestionada (radicado 10254 ED), elevó solicitud en la que peticionó: (i) la nulidad del trámite constitucional (extinción de dominio), por cuanto, en su criterio, la actuación debe ceñirse a lo contemplado en la Ley 1708 de 2014 y no la 793 de 2002, de acuerdo con el régimen de transición reglado en el apartado 217 de la primera de las aludidas disposiciones, toda vez que la resolución que dio inicio al proceso (26 de septiembre del 2012) se emitió con posterioridad a la expedición de la Ley 1453 de 2011 y, en ese sentido, debía iniciarse el proceso con fundamento en las causales del artículo 72 de esta última norma, las que, según su dicho, se rigen actualmente por el procedimiento contemplado en el actual Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014) y, (ii) se le indiquen las razones por las que se encuentra paralizado el proceso.

La fiscalía accionada, en respuesta al anterior requerimiento, con oficio del 26 de noviembre del año anterior, le aclaró que la norma aplicable para el asunto en estudio era la Ley 793 del 2002, con las modificaciones de la 1453 del 2011, de acuerdo a la fecha en que se decretó el inicio del trámite, el que se encuentra para dar apertura al período probatorio.

Pedro Ignacio Moreno Tribín acude a la acción de amparo, por considerar conculcadas sus garantías fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez que la actuación seguida por la autoridad judicial accionada, se adelanta bajo el rigor de la norma equivocada (Ley 793 del 2002), lo que impide que se pueda acudir al control judicial contemplado en la Ley 1708 del 2014, máxime que se trata de la afectación de derechos fundamentales de terceros de buena fe, pues el inmueble cuestionado fue adquirido por él cuando aún no se había inscrito la medida pre cautelativa, aunado a que han transcurrido casi diez años sin que se haya continuado con el procedimiento subsiguiente.

Solicita que, en consecuencia, se declare la nulidad de la actuación surtida dentro del proceso 10254, desde el auto que ordenó su inicio (26 de septiembre del 2012) y se ordene su trámite de conformidad con la normatividad vigente (Ley 1708 del 2014).

INFORME

La fiscalía accionada, luego de hacer un recuento de la naturaleza constitucional de la acción de extinción de dominio, refirió que la normativa aplicable en el tiempo a los supuestos fácticos corresponde a la preceptiva establecida en la Ley 793 del 2002 con las reformas introducidas por las Leyes 1330 del 2009, 1395 del 2010 y 1453 del 2011, bajo cuyo imperio se adelanta la actuación.

Señaló que para el asunto no es aplicable el instituto del control de legalidad establecido en la ley 1708 del 2014, toda vez que no se encuentra previsto en la norma que rige el asunto.

Hizo precisión respecto al artículo 217 de la última ley referida, en cuanto indicó: «no es viable jurídicamente aplicar la Ley 1708 de 2014, a un proceso que fue iniciado y debidamente notificado a los intervinientes bajo la vigencia de la Ley 793 de 2002, con las reformas introducidas por la Ley 1330 de 2009, 1395 de 2010 y 1453 de 2011. Por una razón fundamental para aquélla época ya se había emitido la denominada RESOLUCIÓN DE INICIO de la Acción Constitucional de Extinción de Dominio la cual es ley del proceso».

Agregó que «la vigencia de la Ley 1708 de 2014, comenzó a regir el 20 de julio de 2014 y los efectos de las leyes de acuerdo con la hermenéutica jurídica, tienen un carácter regulatorio, de efectos pro futuro es decir hacia el futuro, por lo tanto, mal podría pretenderse ampliar su ámbito de aplicación para dar a las nuevas normas una aplicación retroactiva, por cuanto tal hermenéutica no es congruente y consonante con la teoría general del derecho en materia procesal».

Indicó que no es viable declarar la nulidad de la actuación, por cuanto, las causales se encuentran señaladas de manera taxativa en la norma, lo que las hace restrictivas y no son aplicables al asunto por las...

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