SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002018-02784-00 del 06-12-2018 - Jurisprudencia - VLEX 873968158

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002018-02784-00 del 06-12-2018

EmisorSALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
PonenteMARGARITA CABELLO BLANCO
Sentido del falloNIEGA TUTELA
Número de sentenciaSTC15982-2018
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
Número de expedienteT 1100102030002018-02784-00




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente


STC15982-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02784-00

Aprobado en sesión de cinco de diciembre de dos mil dieciocho)


Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).



Comoquiera que este asunto fue remitido1 al despacho de la suscrita magistrada en tanto el proyecto otrora presentado fue derrotado por la mayoría de esta Sala, decídese la tutela instaurada, mediante letrada, por el Banco Davivienda S. A. en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados N.E.S.V. y Juan Pablo Suárez Orozco, y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta urbe.



ANTECEDENTES


1.- El extremo promotor depreca la protección constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del ejecutivo hipotecario que le formuló a herederos determinados e indeterminados de B.E.S. (q. e. p. d.).


2.- Arguyó sustentando su reclamo, grosso modo, lo siguiente:


2.1.- Formuló el libelo que originó el sub examine el día 18 de diciembre de 2007, aconteciendo que una vez devinieron agotadas las etapas procedimentales correspondientes, la célula judicial encartada dictó sentencia desestimatoria calendada 15 de febrero de 2018, teniendo por probada la excepción de fondo denominada «prescripción extintiva».


2.2.- Apeló dicha decisión, siendo ratificada por la sala cuestionada a través de fallo de 27 de julio de hogaño.


2.3.- Alude que esas providencias albergan irregularidad, habida cuenta que soslayaron, primeramente, que «la demanda fue interpuesta dentro de los tres años siguientes al vencimiento del primer instalamento en mora, cuyo mandamiento de pago se notificó […] tan solo 6 días después [de proferido], a la heredera A.S.S.C.»., de donde emerge que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil; en segundo término, que «la interrupción de la prescripción en relación de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás», lo cual contraviene el precepto 2536 del Código Civil; y, en tercer orden, que la acreencia cobrada «estipuló para B.E.S. [q. e. p. d.], una obligación solidaria; [por ende], sus herederos […] la adquirieron como signatarios [en el] mismo grado».


A la par, esgrime, de un lado, que el despacho encartado tuvo en cuenta, para efectos de la notificación, una fecha señalada en un fallo de tutela sin que tal acción constitucional tenga fuerza para definir lo debatido; y, de otro, que «la falta de notificación […] se produce por negligencia de la administración de justicia», por lo que ningún reproche se le puede endilgar sobre el particular.


3.- Insta, conforme a lo relatado, «dejar sin efecto» la sentencia de segunda instancia emitida en el sub judice.



LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS


Guardaron silencio.



CONSIDERACIONES


1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).


El concepto de «vía de hecho» fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el ámbito jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la ordenación contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).


2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la parte reclamante, al estimar que se actuó con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal específica de procedibilidad por defectos material, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo, en últimas, contra el tribunal encartado por cuanto en el sub judice profirió la sentencia ratificatoria de 27 de julio de 2018.


3.- Obran como cardinales acreditaciones que atañen con el asunto que ahora concita la atención de la Corte, las siguientes:


3.1.- Acta fechada 15 de febrero de 2018, contentiva, entre otras cosas, de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado dictada en esa data por la célula judicial querellada.


3.2.- Disco compacto en que se halla el fallo confirmatorio de 27 de julio del año que avanza, emitido por la sala querellada.


Allí expuso, entre otras reflexiones, que «si el ejecutante pretendía paralizar el suceso extintivo con la radicación de la demanda, debió intimar a su contraparte dentro del año siguiente a la notificación del mandamiento de pago librado en su favor, pues de lo contrario esa interrupción civil se verificaría, solamente con el enteramiento del ejecutado, tal cual no ocurrió en el sub judice al no cumplirse aquella carga procesal, sin que ahora pueda afirmarse […] que ese deber era irrealizable al proferirse la orden de pago tiempo después de haberse vencido el plazo prescriptivo respecto del capital acelerado, pues si bien el mandamiento se libró el 7 de marzo de 2011, notificado en estado de diez de marzo siguiente, el ejecutado contaba hasta el 11 de marzo de 2012, para enterar al extremo pasivo, y con ello atajar la prescripción desde el momento en que presentó el libelo introductorio, esto es, el 18 de diciembre de 2007».


Realzó, a esas cotas, que «conforme a lo anterior, debía tenerse en cuenta que los demandados se enteraron de la ejecución[, así:] el 20 de junio de 2014 los herederos indeterminados […], el 22 de septiembre de ese mismo año A.S.S. y C.C., y, el 16 de abril de 2015 el curador ad litem de B.E.S. [q. e. p. d.], estos últimos como causahabientes conocidos del obligado cambiario, y al conformar todos ellos un litis consorcio necesario […], dado que como sucesores determinados y desconocidos de B.E.S. [q. e. p. d.] habrían de comparecer al litigio en representación del deudor, contra quienes además se dirigió la demanda compulsiva, por tanto, se imponía concluir que la interrupción civil se verificó el 16 de abril de 2015, con la intimación del último sujeto que conformaba dicho litisconsorcio forzoso, ello es así, porque el artículo 90 [del Código de Procedimiento Civil…] disponía que a fines de interrumpir civilmente la prescripción, si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo los efectos de la notificación se surtirán para cada uno separadamente […], mientras que si el litisconsorcio fuere necesario, como aquí ocurre, será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos».


Pregonó, entonces, que «la prescripción no se entendía interrumpida civilmente en este asunto, por tratarse de un litisconsorcio forzoso, hasta que la totalidad de esos convocados estuvieren enterados de la orden de apremio, lo que se logró como quedó dicho, el 16 de abril de 2015, con la notificación al curador ad litem de B.E.S.R. [q. e. p. d.], esa circunstancia, por demás, descarta toda la alegación [de la entidad tutelista] sobre la intimación de la heredera A.S.S.C., que según la actora se verificó por conducta concluyente el 17 de marzo de 2011, pues al margen de que tal entendimiento desconoce que el mandamiento de pago debía ser comunicado de forma personal […], lo cierto es que esa sola notificación, sea en aquella data, o el 22 de septiembre de 2014 […], ningún efecto tendría en tanto que el último de los litisconsortes se enteró del proceso, el 16 de abril de 2015, fecha a la cual la obligación ya estaba prescrita».


4.- Atañedero con la disconformidad planteada en punto de la sentencia revalidatoria referida en el numeral inmediatamente anterior, ha de relevarse que, contrario sensu a lo manifestado, la colegiatura enjuiciada no incurrió en anomalía que imponga la perentoria salvaguardia deprecada, en tanto que de la transcripción enantes vista, independientemente que la Corte la prohíje en su totalidad por no ser este el escenario idóneo para lo propio, dimana que tanto la ponderación probatoria, como la exposición de los motivos decisorios manifestados se guarecen en tópicos que regulan el preciso tema abordado en el litigio ejecutivo hipotecario planteado.


4.1.- Esto es, que por cuanto entre los herederos determinados e indeterminados del causante...

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