SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100547 del 29-11-2018
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | T 100547 |
| Fecha | 29 Noviembre 2018 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STP15644-2018 |
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado Ponente
STP15644-2018
Radicación n.° 100547
Acta 395
Bogotá D. C., noviembre veintinueve (29) de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS
Resuelve la Sala la acción de tutela promovida por la profesional del derecho LIGIA ESPERANZA RODRÍGUEZ CORREA actuando en calidad de Representante Legal para Asuntos Judiciales y Extrajudiciales del Banco Comercial AV VILLAS S.A., contra el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
1. Del escrito de tutela y sus anexos se extracta que el Banco Comercial AV VILLAS S.A., a través de su representante judicial, intervino en el proceso de extinción de dominio con radicado 11001-31-07-001-2011-00033-00 que se siguió sobre los bienes de la señora Carmen Beliza Martínez Ebrath y otros, con el fin de que fuera reconocido como «tercero de buena fe exento de culpa» y en esa medida hacer efectivo el derecho que –según la promotora de esta demanda– le asiste a dicha entidad de obtener el pago del «Crédito Garantizado con Hipoteca, a cargo de la Sociedad ANPE LTDA con N.: 800.165.127-2, bajo el número 272276-3, desembolsado el 09 de marzo de 1999 por la suma de 21.286.5163 UPAC equivalentes a esa fecha a la suma de $316.384.898 y cuyo saldo de capital en UVR’S pendiente de pago a la fecha de presentación de esta acción de tutela corresponde a 473.057.5603 y un saldo total por $526.863.393.00, con mora en el pago desde el 09 de marzo de 2005».
2. Reprochó la actora que pese a que con la oposición se aportaron las pruebas documentales que demostraban la calidad de acreedor hipotecario de buena fe del Banco, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, en sentencia del 21 de agosto de 2012, no reconoció tal condición y resolvió extinguir la propiedad de los bienes inmuebles respecto de los cuales recaía la prenda. Determinación que al ser apelada, fue confirmada integralmente por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en decisión del 20 de abril de 2018.
3. En sentir de la libelista el fallador de primera instancia «no valoró, no observó las pruebas documentales oportunamente aportadas al proceso», mientras que el Tribunal de segundo grado «terminó por hacer una indebida valoración de las mismas, cuando las analiza, las observa y las relaciona […] pero niega su reconocimiento fundando su decisión en hechos no acaecidos, no sucedidos en realidad, lo cual se corrobora con la tradición de los inmuebles objeto de extinción de dominio al revisar los folios de matrícula inmobiliaria adjuntos al proceso e interpretó de manera contraria a la realidad y a los intereses del acreedor hipotecario la figura de la subrogación y la figura de la cesión de créditos hipotecarios…».
4. Añadió que el Tribunal demandado tampoco aplicó las normas legales relativas al contrato de hipoteca, refiriéndose concretamente a lo establecido en el artículo 2440 del Código Civil que prevé que «el dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario»; ello para significar que «la Sociedad ANPE LTDA., vendió los inmuebles a la señora C.B.M.E., pero […] el Banco no intervino en esta negociación». De allí concluyó la actora que el Cuerpo Decisorio cuestionado «se apoyó en unas normas evidentemente inaplicables al caso concreto, razones para que proceda la intervención constitucional solicitada».
5. Por lo expuesto la actora acudió al Juez de tutela para que, previo el agotamiento del trámite establecido en el Decreto 2591 de 1991, proteja los derechos fundamentales invocados y en consecuencia intervenga en el proceso de extinción de dominio con radicación 11001-31-07-001-2011-00033-00 para que: en primer lugar, deje sin efectos, «exclusivamente», la determinación que resultó desfavorable a los intereses del Banco AV VILLAS S.A., y en segundo lugar, ordene a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que profiera una nueva sentencia en la que se reconozca a la referida entidad bancaria como acreedor hipotecario de buena fe exento de culpa y se disponga a su favor el pago del «Crédito Garantizado con Hipoteca, a cargo de la Sociedad ANPE LTDA con N.: 800.165.127-2, bajo el número 272276-3, desembolsado el 09 de marzo de 1999 por la suma de 21.286.5163 UPAC equivalentes a esa fecha a la suma de $316.384.898 y cuyo saldo de capital en UVR’S pendiente de pago a la fecha de presentación de esta acción de tutela corresponde a 473.057.5603 y un saldo total por $526.863.393.00, con mora en el pago desde el 09 de marzo de 2005».
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
1. Esta Sala avocó el conocimiento de la presente actuación, por auto del 10 de septiembre de 2018 en el que dispuso el traslado de la demanda a las autoridades judiciales accionadas y vinculó de manera oficiosa al representante legal de la Sociedad ANPE LTDA., con N.: 800.165.127-2, a la señora Carmen Beliza Martínez Ebrath y a todas las partes e intervinientes del proceso de extinción de dominio con radicación 11001-31-07-001-2011-00033-00.
Superado el trámite establecido en el Decreto 2591 de 1991, el 24 de septiembre de 2018 se profirió sentencia de primera instancia en la que se negó el amparo deprecado; decisión que fue impugnada por la parte actora ante la Sala de Casación Civil de esta Corte, autoridad que en proveído ATC2108 del 8 de noviembre de 2018, decretó la nulidad de la actuación tras señalar que no se había integrado el contradictorio adecuadamente y ordenó la devolución del proceso para que se rehiciera en debida forma.
2. Una vez retornaron las diligencias, esta Colegiatura avocó nuevamente el conocimiento de la demanda en providencia del 21 de noviembre de 2018, ordenándose integrar al contradictorio (i) al representante legal de la Sociedad ANPE LTDA., con N.: 800.165.127-2, (ii) a la señora C.B.M.E.; (iii) a las partes e intervinientes del proceso de extinción de dominio con radicación 11001-31-07-001-2011-00033-00; y atendiendo lo ordenado por la Sala Civil de esta Corporación se vinculó de manera específica (iv) al Delegado del Ministerio Público que actuó en el proceso con radicación 11001-31-07-001-2011-00033-00 y (v) a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. S.A.S., en su condición de Administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (art. 90 de la Ley 1708/2014).
3. Dentro del presente trámite se pronunciaron las autoridades que se indican a continuación:
3.1. El Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, F.M.J.A., luego de hacer un recuento de las principales actuaciones realizadas en el marco del proceso con radicación 11001-31-07-001-2011-00033-00, señaló que «en cuanto a la actuación desplegada por la Fiscalía y el Juzgado que conoció el proceso, no se avizora que se haya incurrido en alguna vulneración a los derechos y garantías fundamentales que deban ser protegidos por vía de tutela, por cuanto se observaron a cabalidad los presupuestos de la Ley 793 de 2002 vigente para aquella época, lo que implica que se garantizaron todas las oportunidades para los afectados ejercieran su derecho a la defensa, bien mediante su intervención en el curso del proceso, presentando su oposición y la interposición de recursos que estimaran pertinentes».
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente acción.
3.2. El Magistrado de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Pedro Oriol Avella Franco, se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda, argumentando (i) que las premisas fácticas expuestas en el líbelo de tutela ya fueron objeto de análisis, debate y resolución al interior del proceso extintivo cuestionado; (ii) que no se satisfacen los requisitos generales y específicos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para declarar la viabilidad de la acción de amparo contra la sentencia de segunda instancia del 20 de abril de 2018 dictada por esa Corporación; (iii) que contrario a lo expuesto por la parte accionante «el diligenciamiento se adelantó de conformidad con las previsiones legales aplicables al caso y con observancia de los procedimientos establecidos para el trámite de extinción del derecho de dominio»; y (iv) que la tutela «no es una tercera instancia, ni una vía alternativa o paralela en la cual puedan controvertirse una vez más los supuestos fácticos y jurídicos ventilados en las oportunidades procesales correspondientes».
Solicitó en consecuencia que se niegue la presente acción y como soporte probatorio allegó copia de la sentencia de segunda instancia dictada el 20 de abril de 2018 en el marco del proceso extintivo con radicación 11001-31-07-001-2011-00033-00.
3.3. El Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho (E), C.F.M.R.B., manifestó que «la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el marco de sus competencias legales...
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