SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 35851 del 08-04-2008
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Ponente | JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA |
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Número de expediente | T 35851 |
| Fecha | 08 Abril 2008 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Cúcuta |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
TUTELA No. 35851
ROMAN JOSE MEDINA ROZO
IMPUGNACIÓN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISION DE TUTELAS
Magistrado Ponente:
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Aprobado Acta No. 81
Bogotá, D.C, ocho (8) de abril de dos mil ocho (2008).
VISTOS
Decide la Sala la impugnación del señor ROMAN JOSE MEDINA ROZO, contra el fallo proferido el 15 de febrero de 2008 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, mediante el cual le negó por improcedente, la protección a los derechos fundamentales a la igualdad y el trabajo en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por el juzgado Promiscuo Municipal la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El demandante está vinculado a la Rama Judicial desde el 4 de noviembre de 1992, en la actualidad como escribiente nominado del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de V.d.R..
Afirma que el Congreso de Colombia expidió la Ley 4 de 1992, mediante la cual se señalan los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados y funcionarios públicos, ordenándole al Gobierno Nacional “revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”; sin que revistiera al Presidente de la República de facultades para que selectiva y discriminatoriamente favoreciera a los empleados de mayor rango y omitiera hacerlo para los demás funcionarios de la Rama Judicial, pues ello atenta contra la igualdad, la equidad y la justicia .
Luego de transcurridos más de 5 años, con claro perjuicio a quienes debería beneficiar la revisión del régimen salarial, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 “por medio del cual, “en desarrollo de las normas generales de la ley 4 de 1992”, se revisa el régimen salarial de los magistrados, incurriendo en clara violación a los derechos fundamentales como el de la igualdad, el de trabajo y lo previsto en los artículos 2, 6, 53, 150 num. 19, 188, 189 numerales 10 y 11 de la Constitución Política, así como también los principios fundamentales de equidad y justicia, toda vez que la revisión del régimen salarial debía comprender a todos los funcionarios y empleados a quienes está dirigida la norma.
La diferencia de trato para los destinatarios del parágrafo del artículo 14 de la ley 4 de 1992, dispuesta en el Decreto 610 de 1998, no es racional, razonable ni proporcional, toda vez que no hay justificación, ni siquiera la presupuestal, para que a los jueces no se les haya hecho la revisión de su sistema de remuneración, yendo así en contravía de los principios constitucionales de equidad y justicia, pues desconoce sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas.
Su pretensión se encamina, a que se ordene al Gobierno Nacional modificar, adicionar o corregir el decreto 610 de 1998, para que en dicha revisión se incluya el cargo de escribiente nominado del Juzgado Primero Promiscuo...
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