SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002018-00540-01 del 26-04-2018
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Fecha | 26 Abril 2018 |
| Número de expediente | T 1100102040002018-00540-01 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC5320-2018 |
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC5320-2018
Radicación n.° 11001-02-04-000-2018-00540-01
(Aprobado en sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 22 de marzo de 2018 por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, en la acción de tutela instaurada por Hugo Quintero Cervantes contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M., a cuyo trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.
ANTECEDENTES
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El accionante reclama la protección de los derechos al debido proceso y a la libertad, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada.
Solicita, entonces, «dejar sin efecto el auto de fecha 23 de febrero de 2018 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta Sala Penal, así mismo se ordene cancelar las ordenes de captura proferidas en [su] contra» (folios 1 a 5, cuaderno 1).
2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que la queja se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:
2.1. Hugo Quintero Cervantes fue condenado por los delitos de «peculado por apropiación» y «peculado por apropiación agravado por la cuantía en calidad de determinador en concurso homogéneo y sucesivo con los delitos de falsedad material en documento público agravado por el uso y concierto para delinquir agravado» al interior de los procesos 2010-000501 y 2014-000462, condenas impuestas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta el 9 de julio de 2010 y 13 de junio de 2014, respectivamente.
2.2. El 18 de diciembre de 2014 el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar acumuló las sanciones referidas a espacio, imponiéndole al condenado como pena principal 12 años, 1 mes y 15 días de prisión; posteriormente, el 3 de julio de 2015 dicho despacho le reconoció la calidad de padre cabeza de familia, por lo que le otorgó prisión domiciliaria, sustitutiva de la retención en centro carcelario.
2.3. El 6 de mayo de 2015 la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, en sede de apelación, declaró la nulidad de la sentencia de 13 de junio de 2014, proferida al interior del juicio 2014-00046, por lo que al subsanar la irregularidad advertida por el colegiado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad, el 28 de julio de esas calendas, condenó al gestor a la pena principal de 127 meses, 15 días de prisión y multa equivalente a $2.356.457.118,87; determinación apelada por la víctima y el ente acusador.
2.4. El 26 de enero de 2018 el Tribunal encausado modificó la decisión referida a espacio en punto de la multa y del valor de los perjuicios, tasándolos en $1.178.228.594,44 y $2.363.124.420,87, respectivamente; asimismo, la adicionó en el sentido de indicar que el condenado no tenía derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la prisión domiciliaria, ordenando librar la respectiva orden de captura.
2.5. El 20 de febrero siguiente el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar dispuso estarse a lo resuelto el 18 de diciembre de 2014, esto es, la acumulación jurídica de las penas, aclaró que el condenado continuaría en prisión domiciliaria conforme lo ordenó el 3 de julio de 2015.
2.6. El 23 de febrero de 2018 el colegiado criticado resolvió, entre otras cosas, aceptar el desistimiento del recurso extraordinario de casación interpuesto por el actor contra el fallo condenatorio del proceso 2014-00046; asimismo, advirtió que la titular del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar erró al proferir las decisiones de 20 de febrero anterior, de 18 de diciembre de 2014 (con la cual acumuló las penas) y la de 3 de julio de 2015 (con la que le otorgó la prisión domiciliaria), pues la referida sentencia no se encontraba debidamente ejecutoriada, por lo que «actuó sin competencia al no haberse activado la fase de ejecución de penas».
2.7. Indicó el quejoso que con la sentencia proferida por el Tribunal el 26 de enero de 2018 se quebrantaron sus garantías invocadas, pues se desconoció la...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 108236 del 05-12-2019
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