SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91407 del 18-04-2017
Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
Emisor | Sala de Casación Penal |
Fecha | 18 Abril 2017 |
Número de sentencia | STP5376-2017 |
Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Santa Marta |
Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
Número de expediente | T 91407 |
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP5376-2017
Radicación n.° 91407
(Aprobación Acta No. 109)
Bogotá. D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Decide la Sala la impugnación interpuesta por R.A.M.R., a través de apoderado, contra el fallo proferido el 9 de marzo de 2017, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M., mediante el cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca y el Juzgado Penal del Circuito de Fundación.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia:
Menciona que el 1º de septiembre de 2016, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, por el presunto punible de homicidio en grado de tentativa dentro del proceso Rad. 47-288-600-1025-2014-00369.
Manifiesta que solicitó la libertad por vencimiento de términos toda vez que transcurridos más de 60 días desde la imputación sin que a fecha del 29 de noviembre de 2016, se hubiese presentado escrito de acusación por parte de la Fiscalía. Señala que en audiencia de primera instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca mediante providencia de 29 de noviembre de 2016, negó la libertad por vencimiento de términos, motivo por el cual presentó el recurso de apelación.
Indica que el Juzgado Penal del Circuito de Fundación a quien le correspondió desatar el recurso, por decisión del 6 de febrero de 2017 la confirmó en el sentido de negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos.
Considera que con dichas determinaciones se están vulnerando sus derechos fundamentales a la libertad, dignidad humana y debido proceso toda vez que alega que los jueces de primera y segunda instancia han realizado una interpretación errónea de la normatividad que regula la materia, por lo que solicita el amparo de los derechos fundamentales y en consecuencia se disponga dejar sin efectos la decisión proferida por los juzgados accionados concediendo en su lugar la libertad por vencimiento de términos[1].
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M. denegó el amparo. Explicó que en virtud del principio de subsidiariedad, la tutela es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales de defensa, no las utiliza adecuadamente. Para el presente caso, estima que el ordenamiento prevé otro mecanismo para resolver sus pretensiones, concretamente, la acción de habeas corpus, la cual procede para proteger su libertad ante cualquier aprehensión o retención arbitraria por parte de una autoridad judicial.
LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la anterior decisión, sin exponer los motivos de inconformidad[2].
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional[3].
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[4]
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. -C-590 de 2005-.
Análisis del caso concreto
1. El recurrente ataca las decisiones del 29 de noviembre de 2016 y 6 de febrero de 2017, proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca y el Juzgado Penal del Circuito de Fundación, en la que esos despachos negaron la libertad provisional por vencimiento de términos.
2. Pues bien, revisado el plenario, se constata que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para proteger de manera efectiva...
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